Durante estos dos años y medio de gobierno hemos permanecido a la espera de que el Presidente cumpliera su promesa electoral de que daría prioridad a la fumigación aérea de los cultivos ilícitos con glifosato. Por fin se decidió a hacerlo y expidió el Decreto 380 de 2021que aparentemente dará comienzo a una efectiva tarea contra el cultivo de coca.
Nos informa el Ministro de Defensa que de las 154.000 hectáreas sembradas de coca, sólo se podrá fumigar en 53.000, pues las otras corresponden a parques nacionales, reservas indígenas o sistemas ecológicos estratégicos. Continuarán en esos sitios con la erradicación manual que no sólo es mucho más costosa y lenta, sino que significa la muerte de muchos soldados por acción de los narco-terroristas o de las fatídicas minas.
Con la firma del decreto, iniciará el Gobierno los trámites ordenados por la Corte Constitucional ante las autoridades ambientales, el Consejo Nacional de Estupefacientes y demás procesos administrativos que perfectamente podían haberse adelantado en estos dos años y medio perdidos.
La aspersión con glifosato es el método más eficiente, económico y seguro en materia de vidas humanas, como lo demostró el gobierno de la seguridad Democrática, que redujo drásticamente los ilegales cultivos. Luego, gracias al impulso que brindó a los narcotraficantes el acuerdo de La Habana y la administración Santos, tenemos 3 veces más. Nadamos en un mar de coca.
La intervención de la Corte Constitucional, que sirve a inconfesables propósitos, resulta que es un golpe de estado al sistema democrático, cuyo elemento esencial es la separación de poderes. Así lo consagra nuestra Constitución en los artículos 114 a 116, en los que claramente asigna al Congreso la función de hacer las leyes, a las Cortes la de administrar justicia y al Presidente la obligación de ejercer como suprema autoridad administrativa.
Pero nuestra Corte Constitucional ha asumido por sí sola la función de establecer normas, es decir, legislar y ordenar que se realicen procedimientos administrativos para poder actuar contra los cultivos ilícitos, lo que equivale a convertirse en administradora o gobernante. Su rol es decidir sobre la exequibilidad de una norma, no dictar nuevas leyes ni dar órdenes al Ejecutivo.
Más de un exabrupto contiene el mencionado decreto, como el de someter la posibilidad de fumigar en zonas habitadas por indígenas a una consulta previa con la comunidad. Es, ni más ni menos, que pedirle a los cultivadores de coca que digan si están de acuerdo con la fumigación.
Otra perla es el aparte dedicado a la indemnización a quienes reclamen porque la fumigación afectó a sus cultivos lícitos, cuando es bien sabido que toda la agricultura en Colombia utiliza glifosato.
Prohibe el decreto de marras la aspersión en parques nacionales, zonas de reserva y sistemas ecológicos estratégicos, pero ignora a propósito los daños ambientales que causan los sembrados de coca, para los cuales hay que deforestar el terreno, matar la maleza con glifosato, derramar los desechos de las cocinas, etc., labores verdaderamente depredadoras. Como son el combustible para las guerrillas, esos cultivos no se pueden tocar.
¿En qué país vivimos? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cómo puede ser viable un país donde gobiernan jueces sesgados para beneficiar las políticas que propugnan las Farc y sus aliados de la extrema izquierda y del santismo?
Ha llegado la hora, estimados compatriotas, de rebelarnos contra tanta ilegalidad, tanta injusticia, tanta corrupción. Reconstrucción o catástrofe.
Por: Luis Alfonso García Carmona, Presidente de Alianza Reconstrucción Colombia y candidato a la Presidencia de la República 2022-2026
