Auge de narcocultivos ilícitos: nudo gordiano del Gobierno

ESTA SEMANA se conoció por el Gobierno que tiene entre sus alternativas reactivar el glifosato contra la coca, aunque por aspersión terrestre y de común acuerdo con pequeños cultivadores.

Sin embargo, la solución al crecimiento de narcocultivos no depende para muchos del herbicida, pues habría un cuello de botella porque este Gobierno, a diferencia de anteriores, renunció a erradicar forzadamente, sino hacerlo voluntariamente, pero los resultados de esta última son modestos; tampoco hay claridad sobre los recursos para que campesinos pasen a cultivos lícitos; y también depende de lograr total control del territorio para contrarrestar los grupos armados.

En enero y febrero de este año se han erradicado 167 hectáreas de coca en todo el país, según las más recientes estadísticas del Ministerio de Defensa. En el mismo lapso en 2024 se erradicaron 115 hectáreas y en el año 2023 un total de 733 hectáreas.

Estas cifras muestran una reducción en comparación con la erradicación en la administración Duque, pues en enero y febrero del 2022 se hizo 9.895 hectáreas y en el año 2011 en esos dos meses fueron 11.375 hectáreas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno nacional tiene un plan para empezar la erradicación de plantaciones a través de la utilización del herbicida. “El presidente lo ha manifestado siempre que lo que menos quiere es el empleo del glifosato, y nosotros por eso estamos avanzando más fuerte en la otra línea que es la de la sustitución”.

El titular de la cartera de Defensa hizo claridad en que “sin embargo, por compromisos ya adquiridos y por decisiones que ya se habían hecho, vamos paralelamente avanzando en un proceso de contratación que esperamos y ojalá funcione tan bien la sustitución no sea necesario emplear ese método, pero igual que el bombardeo son herramientas disponibles, legales y estratégicas, que simplemente se emplearán según la dinámica que vayamos avanzando”.

Mientras que el director de la Policía, el general Carlos Triana, dijo que “esto implica, a partir de las capacidades de la Dirección Nacional de la Policía y la Dirección de Antinarcóticos, con las que ya se ha adelantado una planificación precisamente para complementar todo lo que ha indicado el señor ministro de Defensa Nacional”.

Añadió el oficial que “uno, el sostenimiento de aeronaves; dos, la contratación de personas en el marco de la erradicación manual, en el marco de todo ese programa integral que se viene adelantando; y tres, el tema de agroquímicos que, digamos, son conceptos de aspersión terrestre que vamos a tener”.

El crecimiento de los cultivos ilícitos sigue imparable en Colombia, como lo muestra el más reciente informe de la Unodc (Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas), y la preocupación es mayor porque en septiembre próximo el Departamento de Estado de Estados Unidos certificará o no a los países que según su criterio y las cifras existentes están luchando contra el narcotráfico.

El informe Simci de Unodc, con corte a 2023, observó un crecimiento del 53% en la producción potencial de cocaína en Colombia, al alcanzar las 2.664 toneladas, en comparación con el año 2022, y los cultivos de coca crecieron un 10% en este periodo, al pasar de 230.000 a 253.000 hectáreas.

Hay estimaciones de que en el próximo informe Simci con corte a 2024, que se conocerá en octubre próximo, los cocales superarán las 300.000 hectáreas. 

El Gobierno ha enfocado la lucha antidrogas en la interdicción de cargamentos de cocaína y afectar las finanzas de las bandas y grupos armados. En ello ha tenido buenos resultados porque en 2024 fueron incautadas 883 toneladas y en 2023 un total de 746 toneladas. Mientras que la anterior administración en 2022 incautó 659 toneladas y en 2021 fueron 669 toneladas.

Si bien este Gobierno ha logrado las cifras más altas de incautación de cocaína, cuando se mide la tasa de incautación contra la producción anual estimada se observa que sus resultados son inferiores a los que presentaron las dos administraciones de Juan Santos (2010-2018) y la de Iván Duque (2018-2022).

En las últimas tres décadas Colombia ha sido certificada por Estados Unidos, incluso después de 2015 cuando las hectáreas cultivadas comenzaron a crecer dramáticamente. Sin embargo, el temor que hay en el país esta vez es porque en este Gobierno la erradicación ha sido mínima, debido a que desechó hacerlo de manera forzada, sino voluntaria acordada con los campesinos, pero las cifras logradas son mínimas, y además porque la relación de los presidentes Petro y Trump ha sido tensa por temas como el trato a los migrantes colombianos.

Sustitución voluntaria

El Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (Pnis) no ha avanzado en el actual Gobierno en comparación con lo que hizo el segundo mandato de Juan Santos, que dejó un poco más de 20.000 familias vinculadas a la iniciativa.

Una razón para que el actual Gobierno no haya avanzado en esta materia es que 2023 lo dedicó principalmente a realizar estudios para hacer ajustes al programa, como es que las ayudas por el paso de los campesinos a cultivos lícitos no se enfoquen en individuos, sino en comunidades; y en 2024 se presentó el problema del déficit fiscal que obligó a congelar más de $20 billones en distintos sectores. Situación que se mantuvo este año porque suspendió $12 billones en el Presupuesto General de la Nación.

Entonces, lo que se ha llevado a cabo son algunos proyectos piloto, como el denominado ‘Cacao por Coca’ por el cual se reemplazaron cerca de 25.000 hectáreas en varias regiones; así como ahora la iniciativa en el Catatumbo que pretende erradicar 25.000 hectáreas de esta hoja y emprender un programa de cultivos lícitos, en el marco de la conmoción interior que declaró el presidente para el Catatumbo.

Control territorial

Además del problema presupuestal para que el Gobierno avance de manera importante en los 16 meses que le quedan al mandato en la sustitución de cultivos ilícitos, está la difícil situación de orden público por la presencia en los territorios de grupos armados dedicados al narcotráfico y la minería ilegal.

Incluso, no ha se ha logrado el pleno control territorial en algunas regiones a pesar de los esfuerzos del Ejército en el Cauca, especialmente en el Cañón del Micay para desalojar las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’; y en el Catatumbo, en Norte de Santander, donde todavía hay fuerte presencia del Eln y las disidencias del frente 33.

El hecho de que el Gobierno renunciara a la erradicación forzada de coca y la forma como ha desarrollado la política de paz, con varios cese el fuego, llevó a que los grupos armados ilegales fortalecieran su dominio territorial en los corredores del narcotráfico y en las economías ilícitas, como lo han puntualizado la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Para los expertos, sin controlar el territorio es imposible hacer la erradicación manual de coca porque los grupos armados presionan a los campesinos, como se ha visto en el corregimiento El Plateado, Cauca.

Aun si se acudiera al glifosato y se destruyera un mayor número de hectáreas, es posible que a los 15 días los campesinos vuelvan a sembrar por la amenaza de los grupos armados. Se dificulta más si el Gobierno nacional no tiene un plan efectivo para ofrecer alternativas a los pequeños cultivadores y que sean rentables y permanentes para que abandonen la economía ilícita.