La Procuraduría solicitará la exclusión de los inhabilitados que aspiran a ser jurados en la primera vuelta presidencial, mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca niega la suspensión temporal del registrador.
La Procuraduría General de Colombia descubrió que 2925 aspirantes a jurados de votación para las presidenciales del próximo 29 de mayo están inhabilitados para ejercer funciones públicas. El hallazgo deriva de la verificación del Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIR) que solicitó la Registraduría.
Este resultado irregular será remitido a la Registraduría para evaluar la exclusión de quienes arrojan este estado y así garantizar unas “elecciones transparentes”, informó la Procuraduría a través de su cuenta de Twitter.
Radares en acción
La Procuraduría está atenta. Parece dispuesta a impedir un aumento de la desconfianza entre los votantes que decidirán en tres semanas quién será el relevo del presidente Iván Duque.
Según Blu Radio, la instancia ya remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca un informe de siete páginas donde condensa las irregularidades de las legislativas del pasado 13 de marzo para evitar que se repitan en la jornada venidera. El documento, firmado por el viceprocurador Silvano Gómez, contiene detalles sobre las 1306 quejas revisadas hasta ahora de las 2069 registradas.
La mayoría está vinculada a la plataforma “Infovotantes», que ofrecía «información sobre la mesa de votación asignada, imposibilidad de ejercer el derecho al voto en el sitio donde se habían inscrito, quejas contra la organización electoral, presunto proselitismo, constreñimiento al elector, entrega de tarjetones sin las firmas de los jurados, diligenciamiento incompleto del certificado electoral, fraude electoral, queja contra funcionarios, impedimento de acompañante a personas con discapacidad, presunto traslado de votantes, tarjetones, verificación de suplantación de identidad y problemas de orden público”, revela el medio.
El registrador se queda, por ahora
La revisión de la Procuraduría arroja ya 1207 procesos inhibitorios, 70 indagaciones y 32 investigaciones disciplinarias. Una de estas es contra el registrador Alexander Vega, quien desde el 8 de abril está inmerso en una averiguación por presuntas irregularidades en el escrutinio y conteo de votos de las parlamentarias.
El abogado Germán Calderón presentó una querella en su contra y solicitó la suspensión de Vega de su cargo, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –el mismo que tiene ahora en su poder el informe de la Procuraduría– rechazó dejarlo fuera de sus funciones.
Sin embargo, la decisión podría cambiar. Unos audios que presuntamente evidencian cómo se fraguó el supuesto fraude en los comicios de marzo con jurados de votación, y forman parte de la acusación, han sido divulgados por el programa La Noche de NTN24.
El alto tribunal citó a audiencia al registrador el próximo 11 de mayo para escuchar su defensa. De esa forma, evita las “conclusiones anticipadas sobre la responsabilidad del alto funcionario por la amenaza o violación de los derechos colectivos”.
Mientras llega el día de la comparecencia, ordenó medidas cautelares de cumplimiento inmediato como el acceso a información y participación de los partidos políticos en el proceso electoral.
“Los destinatarios de la información que debe ser suministrada por el registrador nacional del Estado Civil son la generalidad de la ciudadanía, en tanto legalmente sea posible; y, en todo caso y con el mayor alcance que permita el marco legal aplicable, las organizaciones políticas que participarán en los comicios de primera y segunda vuelta para la Presidencia y Vicepresidencia de la República; los observadores electorales: Misión de Observación Electoral (MOE), Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos; y la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo”, dice el documento.
