¿Celebrar una inconveniente reforma?

El representante a la Cámara, David Racero, merece el reproche por las condiciones con las que ordenó contratar a trabajadoras en su microempresa de venta de frutas y verduras, según escuchamos de su voz en los audios que reveló el periodista Daniel Coronell. Además del reproche también debería pagar los salarios, recargos, horas extras y prestaciones sociales que se apropió, y las sanciones, si en efecto contrató a esas mujeres con las condiciones que lo ordenó.

Pero el asunto es estructural: la contratación como la que decidió hacer Racero, sin el pago de lo que la Ley obliga, es la que hacen miles de empleadores cada día en Colombia. La informalidad no sólo es alta (57% de los empleos, sino que crece cada vez más: 7 de cada 10 empleos creados en el último año fueron “informales”, según datos del Dane.
En muchos de estos trabajos los empleadores se apropian de las prestaciones sociales (vacaciones, primas de servicio, cesantías, intereses de cesantías, uniforme y calzado de labor, horas extras, el recargo nocturno y de festivos) y dejan de pagar los impuestos al trabajo (el nuevo impuesto “pensional”, la contribución de compensación familiar, etc) y otros impuestos.
Es evidente a quién benefician los contratos laborales contra la Ley: a los empleadores en la informalidad que se apropian, en cada trabajo que contratan así, millones de pesos al año. Ante tal ganancia, no hay consideración legal, ética o de futuro en la política que les lleve a cumplir con la Ley.
Las que más pierden son las mujeres jóvenes que viven y buscan trabajo en las ciudades, como las que ordenó contratar Racero. El cálculo de la Secretaría de Desarrollo de Bogotá encontró que la informalidad ha venido aumentando rápidamente desde finales de 2023, y crece más para las mujeres: la informalidad aumentó 13% en 2024.
Peor aún, ese incentivo perverso aumentará: la Reforma laboral aprobada anteayer aumenta las cargas y costos para el empleador para cada contrato de trabajo existente y para los nuevos frente a lo que pagan los empleadores y empresarios en la ilegalidad.
Por ello no sólo es probable que aumenten los contratos de trabajo contrarios a la Ley sino que aumentarán las rentas que los empleadores informales capturan de sus trabajadores, empeorando la distribución del ingreso y la productividad. Las empresas formales también perderán competitividad frente a las informales, con un incentivo a otras formas de ilegalidad, desde el contrabando hasta el lavado de activos. Toda una regresión.
Junto con la aprobación de las reformas tributarias y pensional, aprobar esta reforma es tal vez la decisión más inconveniente que ha tomado el Congreso. Aún así, no sólo hay que aceptarla sino celebrar su aprobación, pues deja sin sustento la alternativa: el embrujo autoritario.
JORGE RESTREPO
​Profesor de economía de la Universidad Javeriana
X: @jorgearestrepo