La economía colombiana carga con un lastre que cada vez pesa más: el costo de su deuda pública. En medio de un panorama fiscal ajustado y una creciente percepción de riesgo, Colombia se ha colado en un nada honroso ranking: es el sexto país con la deuda más costosa del mundo, si se mide por la tasa de interés de sus bonos soberanos a 10 años en moneda local, así lo reveló un estudio del Banco Popular.

 

Además, y de acuerdo con un informe de Colombia Risk en 2026 Colombia enfrentará un récord alarmante: los pagos de intereses de la deuda equivaldrán al 256% de las amortizaciones. Esto ocurre porque el gobierno decidió aplazar $21,9 billones en pagos, generando liquidez inmediata, pero trasladando una carga insostenible al futuro.

 

Sostenibilidad

 

De acuerdo con el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, “este manejo de la deuda crea un alivio momentáneo, pero compromete la sostenibilidad fiscal inmediata, aumenta la presión sobre presupuestos venideros y pone en riesgo de imposibilidad el retorno a la regla fiscal que el propio gobierno actual suspendió. La sensación es que el gobierno actual tiene como propósito gastar más hoy a costa del gobierno que viene mañana. Una bomba de tiempo que tarde o temprano habremos de pagar”.

 

 

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el país deberá destinar alrededor de $86 billones solo para el pago de intereses de la deuda, una cifra que representa el 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

 

Uno de los principales síntomas de esta situación es el fuerte incremento de las tasas de los Títulos de Tesorería (TES) a 10 años.

 

En junio de 2024, estos papeles se negociaban al 10,30%; hoy, un año después, esa tasa ya llega al 12,70%, lo que equivale a un incremento de 240 puntos básicos.

 

Este aumento no solo refleja las condiciones internas —como la percepción de riesgo, la estabilidad política o la sostenibilidad fiscal—, sino también la forma en que el mercado internacional está castigando a Colombia frente a otros países emergentes.

 

Con esa tasa del 12,7%, Colombia solo es superada por cinco países en el costo de su deuda en moneda local: Líbano, Turquía, Nigeria, Brasil y Rusia.

 

Lo preocupante es que países como Pakistán (con una tasa de 12,0%) o Sudáfrica (10,1%), que tienen contextos macroeconómicos más complejos, están pagando intereses más bajos.

Las tasas

 

La brecha llama la atención especialmente cuando se revisan las tasas de política monetaria. El Banco de la República ha reducido su tasa de intervención, ubicándola por debajo de la de economías como Pakistán. Aun así, el mercado sigue exigiendo intereses más altos por prestarle a Colombia.

 

El informe del Banco Popular explicó que el alto costo del endeudamiento tiene una explicación clara: la prima de riesgo que los inversionistas están cobrando a Colombia.

 

Y esta percepción no viene solo del presente, sino de una acumulación de factores fiscales, políticos y económicos que han deteriorado la confianza, se lee en el reporte.

 

El CDS a 10 años —una especie de seguro contra default— también es un termómetro clave: para Colombia, este indicador está en 345 puntos básicos, solo por debajo de Argentina (785) y Turquía (381).

 

En otras palabras, el mercado percibe que el riesgo de que Colombia no cumpla sus compromisos financieros es alto, y lo está cobrando caro.

La deuda

 

El panorama no mejora cuando se analiza la deuda en dólares. En este frente, Colombia figura entre los tres países con el mayor costo de endeudamiento a 10 años, solo superada por Ucrania y Argentina.

 

Es una posición incómoda que contrasta con la calificación crediticia oficial, que —hasta ahora— aún se mantiene por encima del grado especulativo.

 

Asimismo, según la entidad bancaria, lo que llama la atención es que, a pesar de tener una inflación moderada (5,1%) y una tasa de intervención del Banco de la República relativamente moderada (9,25%), el país enfrenta una de las primas de riesgo más altas, medida por el CDS a 10 años, que alcanza los 345 puntos básicos.

 

De acuerdo con el informe, el problema de fondo parece radicar en el déficit fiscal de Colombia (-6,8%) y en la percepción generalizada de que su situación fiscal estructural ha perdido credibilidad. Esto, a su vez, está presionando el costo del crédito, pese a que la calificación crediticia oficial (BB+) no refleja todavía ese nivel de castigo que los mercados ya están aplicando.

Los bonos

 

De hecho, los inversionistas ya están negociando los bonos colombianos como si el país tuviera una calificación inferior a la que reportan Fitch, Moody’s o S&P. La confianza no solo se ha deteriorado, sino que está afectando de forma directa las finanzas públicas.

 

“Aunque tras la publicación del MFMP el mercado anticipa una posible reducción en la calificación crediticia, lo cierto es que desde hace un par de años los inversionistas ya negocian la deuda colombiana como si se tratara de un país con un grado de calificación inferior al que actualmente otorgan las principales agencias calificadoras”, concluyó el estudio.

Tendencias

 

Por otra parte, en el informe de Control Risk, señala que tras oscilar entre el 40 % y el 50 % del PIB antes del Covid-19, la deuda bruta del Gobierno aumentó considerablemente y se ha mantenido elevada. A pesar de la reducción de los picos pospandemia, la relación entre la deuda y el PIB de Colombia pasó de 56% en 2023 a más del 61 % en 2024, lo que refleja una tendencia preocupante. Según las proyecciones del FMI, la relación se mantendrá en torno al 60 % del PIB en 2024-2025 y se estabilizará solo bajo un escenario de consolidación fiscal creíble, un camino complicado por los déficits ampliados en 2024-2025. Estos crecientes niveles de deuda están erosionando la confianza de los inversionistas, como reflejan las rebajas de la calificación crediticia por parte de S&P y Moody’s

 

Como presión adicional para el panorama fiscal, se proyecta que la relación entre pagos de intereses y amortizaciones de deuda en 2026 alcance un récord del 256 %. Este fuerte aumento refleja tanto el creciente costo del servicio de la deuda como un nivel inusualmente bajo de amortizaciones programadas para ese año. Este desbalance es en gran parte resultado de decisiones previas de reprogramar pagos de deuda, postergando así obligaciones originalmente pactadas para 2026 hacia años posteriores.

 

Según estimaciones recientes, aproximadamente $21,9 billones (US$5.400 millones) en pagos de deuda han sido diferidos. Aunque esto otorga liquidez de corto plazo, pospone el problema con una mayor carga de la deuda en el futuro, una vez finalice el Gobierno de Petro. Si bien esta maniobra crea un margen fiscal inmediato, ejerce mayor presión sobre los presupuestos futuros y socava la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo

El crédito del FMI

 

La potencial pérdida de acceso a los préstamos internacionales debido a la descertificación se ve agravada por la decisión del Fondo Monetario Internacional de suspender la Línea de Crédito Flexible (LCF) por $32,8 billones (US$8.100 millones) en abril de 2025, debido a los retos fiscales del país. La LCF es un instrumento financiero clave de emergencia que transmite confianza en la política macroeconómica del país y que Colombia ha mantenido vigente desde 2009 para hacer frente a las crisis fiscales o cambiarias.

 

Los analistas de mercado advierten que su eliminación erosiona la confianza de los inversionistas, debilita la posibilidad de un colchón externo y encarece los costos de financiamiento soberano en un contexto de crecientes déficits fiscales. El resultado de esta pérdida se hizo evidente con el aumento de los costos de endeudamiento para la subasta de bonos en moneda local por $1,5 billones,, en la que ofreció tasas de cupón sustancialmente superiores a las de emisiones similares de países de la región.

 

Por su parte, S&P señaló que el probable deterioro fiscal adicional, que, en su criterio, podría persistir durante varios años, constituye una situación delicada, agravada por los crecientes retos de seguridad que amenazan la efectividad institucional. La agencia de calificación crediticia también mantuvo una perspectiva negativa debido a la preocupación por la capacidad del Gobierno de estabilizar los niveles de deuda y del déficit fiscal.