Colombia segura

El profesor Jorge Restrepo, de la Universidad Javeriana, ha puesto de presente cómo la institucionalidad colombiana es inadecuada para combatir el crimen organizado. Se basa en un sólido conjunto de datos sobre la evolución de diversas variables en décadas recientes.

Preocupa que el gasto en seguridad como proporción del ingreso ha declinado y la participación de los gastos de funcionamiento y la atención al pasivo pensional de la Policía Nacional han aumentado, en tanto que el esfuerzo en dotación e inversión en maquinaria y equipos se han reducido. Además, el cercenamiento organizacional de Policía y Ejército por el gobierno actual conllevó la pérdida de capacidades estratégicas. Propone acciones para remediar esta situación, que incluyen revisar estructura de la Fiscalía para adecuarla a los procesos de manera lógica, y volver a incluir de nuevo todas las modalidades en los indicadores de homicidio del Dane. Sus propuestas apuntan a la urgencia de invertir tendencias de los últimos años.

Más allá, caben observaciones de fondo: Colombia no ha sido segura a lo largo de su historia. En el siglo 19 hubo más de 10 guerras civiles, con pugnas entre ideas liberales y conservadoras, pero también entre propuestas centralistas y federalistas. El siglo 20 fue escenario de transformación social: la población aumentó, de 4.5 millones al terminar la Guerra de los Mil Días (1902) a 11 millones en el censo de 1951, y casi 50 millones al terminar el siglo. En las últimas cuatro décadas del siglo el país se volvió urbano y derrotó al analfabetismo, pero desde los años 70 sufrió el impacto del narcotráfico. Los carteles de la cocaína cobraron mucha fuerza. El asesinato de L. C. Galán movió al Estado a hacerles la guerra. La tasa de homicidios bajó a menos de 30 por cien mil habitantes en años recientes, de más de 80 en 1991, cuando se entronizaron los derechos humanos en la Constitución, se creó la Corte Constitucional y se estableció el sistema acusatorio en lo penal, pero se conservaron el régimen presidencial y el esquema centralista, y se anarquizó el sistema de partidos, con consecuencias complejas.

Colombia tiene territorio difícil para el ejercicio del monopolio de la fuerza por el Estado: tiene amplias franjas montañosas y selváticas, y llanuras extensas en la Orinoquía con baja densidad poblacional y precaria infraestructura. A las condicionas naturales se agrega la municipalización de la redistribución de los ingresos corrientes, que socavó el papel de los departamentos en el ordenamiento político: son demasiados y no tienen la dimensión presupuestal de los municipios grandes. Las diferencias en ingreso por habitante entre las regiones son enormes: el de Bogotá excede el promedio nacional en más de 50%, en tanto que el de Chocó es un tercio del promedio.

El país sería mucho más seguro y tendría mejores perspectivas si se propusiera hacer más eficaz la policía, preparar el ejército para la guerra contra los grupos que ocupan dos tercios del territorio, revisar el régimen penal y carcelario, instaurar políticas agrarias efectivas y, en general, impulsar el crecimiento rápido y sostenido de la economía. Todo debe engranar.

Según la Constitución, la policía está subordinada al alcalde en cada municipio, pero el presidente es responsable por la seguridad. Se necesitan instituciones coherentes. La tarea es enorme, pero esencial para tener futuro seguro.