Sin haber podido recuperarnos del abominable magnicidio perpetrado por los enemigos de Colombia en contra de la persona de Miguel Uribe Turbay, seguimos asistiendo a esta demencial ola de terrorismo con los nefastos ataques del terrorismo en la ciudad de Cali y en la región antioqueña vecina al municipio de Amalfi.
Son eventos de tal magnitud que deben movernos a reflexionar con seriedad sobre la oscura etapa que vive el país, las circunstancias que nos impiden vislumbrar una definitiva salida de esta horrorosa realidad y la acción de choque que estamos obligados a emprender para vencer las malignas fuerzas conjuradas contra la tranquilidad de los colombianos.
Una primera conclusión es que vivimos la consecuencia de lo que hemos sembrado. “Siembra vientos y cosecharás tempestades”, dice el refrán. Las fuerzas del mal —o sea, los narcotraficantes y terroristas de la peor condición— alentados por medrosos politiqueros y activistas del populismo zurdo, han avanzado en la toma del poder, primero con el robo del plebiscito protagonizado por Juan Manuel Santos y sus secuaces, luego con la tolerancia del pusilánime gobierno de Duque, y ahora con el desbarajuste organizado por el petrismo, aferrado a las fallidas tesis comunistas, implementadas por una camarilla mediocre, corrupta y carente de todo escrúpulo ético o jurídico.
Mientras Petro y sus camaradas juegan a la revolución populista, son extorsionados por los frentes narcoguerrilleros del ELN, FARC y Clan del Golfo, a quienes sólo les interesa enriquecer sus arcas con los mejores negocios del mundo: la coca, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal.
Requieren un sitio donde operar y, de allí surge el diario conflicto por la supremacía territorial, en el que salen perjudicados los inocentes campesinos y la actividad económica de las regiones involucradas, por ejemplo, el Catatumbo o el Cauca.
El cuento de la “paz total” no podía ser viable en medio de semejante choque de intereses. Al Estado corresponde, en primer lugar, mantener el orden público y garantizar la vida de sus gobernados, no gobernar para los delincuentes ni para blindar el sucio negocio de la cocaína. La aplicación de la ley debe ser rigurosa y debe servir para proteger a los buenos y castigar a los malos. Así de sencillo.
Hemos presenciado las execrables posiciones cambiantes de quienes ahora ejercen el poder. Tan pronto se inició la investigación por el asesinato del senador Uribe Turbay, ha procurado el propio presidente desviar el curso de la investigación hacia el conflicto árabe-judío, o hacia una fantasmagórica coordinadora internacional de las mafias, y ahora habla de disputa por un negocio de esmeraldas. Sin ninguna evidencia lanza toda clase de distracciones que eviten identificar a los autores intelectuales del abominable crimen.
En relación con los atentados donde han fallecido varios oficiales y agentes de policía y resultaron numerosos heridos, no se ponen de acuerdo el presidente, el Ministro de Defensa y el del Interior. Con escopeta de regadera lanzan sus sospechas sobre diferentes grupos, tratando de ocultar que el principal sospechoso de lanzar el dron asesino contra los uniformados anda en negociaciones con el Gobierno y se transporta en camionetas de la Unidad de Protección. ¿En qué país vivimos?
Hasta sus propias opiniones ha tenido que tragarse el camarada presidente. Siempre ha tratado a los grupos de bandoleros como si se tratara de políticos en ejercicio legítimo de su actividad y ahora ha tenido que admitir que merecen ser catalogados como terroristas los del Frente 36 de FARC, los del ELN y los del Clan del Golfo. Eso ocurre cuando se trata de gobernar un país sin tener unos principios, unos valores fundamentales y una clara concepción de que el poder político se debe ejercer para el Bien Común de los ciudadanos y no para beneficio personal de la camarilla de gobierno o de sus grupos políticos.
¿Cómo superar esta etapa de horror?
Primero. – Cambiemos nuestra actitud pasiva y convirtamos nuestras desgracias en incentivos para la acción. Por ejemplo, el vil asesinato debería servir para unirnos bajo el nombre de su padre y conformar una gran alianza con todos los buenos ciudadanos, con quienes sólo aspiramos a que reine la seguridad, el orden, el respeto a la propiedad privada y a la libertad de empresa, y la protección de la familia tradicional como fundamento de la sociedad.
Solamente Petro y sus amigos de las mafias, del terrorismo y sus socios en la corrupción no son bienvenidos a este FRENTE PATRIÓTICO, cuya conformación se impone para derrotar a las fuerzas de la iniquidad.
Segundo. – No podemos permitir la continuidad de Petro, el depredador de nuestra sociedad, por más tiempo. Máxime si tenemos a nuestra disposición la herramienta del art. 109 de la Constitución que permite la separación del cargo del sátrapa por indignidad, al haber violado los topes financieros establecidos por la ley para la campaña presidencial.
Todos a una debemos respaldar este juicio. Hagamos que el grito de “Fuera, Petro” se convierta en realidad ahora mismo, no en el 2026. ¿Se imaginan cuántas masacres, cuántos perjuicios a la salud o a la economía nos podemos ahorrar si adelantamos unos meses la salida de la presidencia de este innombrable?
Se habla mucho de polarización. Pero la verdad, simple y llanamente, es que el dañado y punible ayuntamiento entre este gobierno tolerante con el crimen y las organizaciones narcoguerrilleras es el que está polarizando al 99% de la población que estamos unidos para pedir: seguridad, guerra al narcotráfico y a la corrupción y solución al desbarajuste de la salud. Sólo tres cosas pedimos y con quien sea capaz de solucionarlas estará el corazón y la voluntad de los colombianos.
24/08/2025 | Por: Luis Alfonso García Carmona