Los procesos contra los llamados parapolíticos se edificaron, en muchos casos, sobre testimonios de delincuentes confesos. Esa es la piedra angular del debate: ¿fueron realmente contundentes las pruebas que destruyeron la presunción de inocencia de todos los condenados? Cuando la pieza central es la palabra de un condenado que busca beneficios, rebajas de pena o ventajas procesales, el estándar probatorio debe ser implacable. Y la sensación que quedó en amplios sectores es que ese estándar no siempre fue tan sólido como se exigía.
En derecho penal no basta la sospecha ni la presión mediática. La libertad de una persona no puede depender de relatos interesados. Si un testigo está condenado por delitos graves, su dicho debe ser corroborado con pruebas externas, independientes y verificables. De lo contrario, la justicia corre el riesgo de apoyarse en arena movediza. El precedente que dejaron esos procesos fue delicado: la palabra de un delincuente podía convertirse en eje suficiente para abrir y sostener investigaciones de alto impacto político.
Ese antecedente no desapareció. Años después, el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe volvió a girar en torno a declaraciones de reclusos. No estamos hablando de testigos ocasionales ni de ciudadanos sin tacha, sino de personas con historial criminal severo. Y el dato es contundente: uno de los llamados “testigos” esta semana fue condenado por falso testimonio. Es decir, la propia justicia estableció que es un sujeto al que no le tiembla la voz para rendir falsos testimonios bajo la gravedad de juramento. Cuando eso ocurre, la credibilidad de todo el andamiaje probatorio queda inevitablemente bajo sospecha.
Aquí entra en escena Iván Cepeda Castro, el impulsor del proceso contra el presidente Uribe apoyándose en ese mismo tipo de mecanismo: el testimonio carcelario. La crítica que surge es frontal: si el modelo consiste en recoger versiones de presos a cambio de incentivos y trasladarlas al escenario judicial para golpear adversarios, el problema no es solo un caso concreto, sino un método.
Si alguien ha sido capaz de secuestrar, violar, asesinar, mentir no representa una barrera moral infranqueable. Y si la justicia acepta esas versiones sin exigir corroboraciones contundentes, el daño institucional es profundo.
La historia ofrece ejemplos extremos de lo que ocurre cuando la justicia se convierte en herramienta contra el enemigo político. En la Unión Soviética, hace décadas, los opositores eran detenidos de madrugada, llevados a la Lubianka, sometidos a presión brutal hasta firmar confesiones y enviados al Gulag. Hoy nadie plantea ese nivel de barbarie. Pero el principio subyacente —neutralizar al adversario mediante el aparato judicial— puede adoptar formas más sofisticadas.
En el siglo XXI, el arma no es la tortura sino el expediente. No son los golpes sino la prolongación indefinida del proceso. No es el campo de trabajo forzado sino la destrucción pública de la reputación. Una investigación que dura años, sostenida en testimonios dudosos, puede desgastar, aislar y debilitar políticamente a cualquiera, incluso sin condena firme.
De ahí la preocupación ante un eventual gobierno de Cepeda, sujeto que ha demostrado estar dispuesto a apoyarse en ese tipo de dinámicas. Si el precedente es usar declaraciones de reclusos como base para procesos de alto impacto, el riesgo percibido es claro: más expedientes, más acusaciones, más “testigos” interesados. No hace falta imaginar conspiraciones.
Los opositores, los defensores de la libertad democrática y quienes se declaran abiertamente contradictores del comunismo que encarna Iván Cepeda deben saber a qué atenerse. Si el patrón es convertir testimonios amañados en munición judicial, el mensaje implícito es brutal: el que incomode, el que contradiga, el que alce la voz, puede terminar arrastrado a un proceso diseñado para desgastarlo y neutralizarlo. No se trata de campos de concentración, pero el efecto puede ser el mismo en términos políticos y personales. La notificación no admite apelación: quien desafíe a un Cepeda presidente, irá directo y sin escalas directo al calabozo.
Publicado: febrero 20 de 2026
https://los.irreverentes.com/2026/02/con-cepeda-habra-carcel-para-todos/