La Corte Constitucional compulsa copias a la Fiscalía y Procuraduría para que se investigue a Guillermo Alfonso Jaramillo por no acatar las órdenes del alto tribunal
El incidente de desacato se abrió por incumplir las órdenes relacionadas con el reajuste a la UPC, es decir, el valor que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado. Producto de ese incumplimiento, el alto Tribunal compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría por las omisiones.
Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, hizo una evaluación sobre las instrucciones y concluyó que persisten deficiencias estructurales financieras del sistema, la disponibilidad de medicamentos, la oportunidad en la atención, la articulación institucional, la actualización y calidad en la información y en los mecanismos de participación y vigilancia.
La Sala de Seguimiento evidenció varios indicadores tales como: Incremento en las acciones de tutela; quejas por medicamentos y desfinanciamiento del sistema.
Para el Tribunal Constitucional, resulta preocupante que más del 80% de las órdenes estructurales continúa sin cumplirse y esa situación conlleva a un deterioro progresivo del sistema de salud.
La Corte Constitucional le da 48 horas al ministerio de Salud para que responda a los requerimientos del alto tribunal, esto es, que acredite técnicamente la suficiencia del valor de la unidad de pago por capitación UPC en los regímenes contributivo y subsidiado, de acuerdo a los estándares fijados por la Corte Constitucional.
A partir del auto de hoy, da un plazo de tres meses para formular y remitir un plan inmediato de acciones en salud.
Ordena a la Superintendencia Nacional de Salud que, en el marco de sus competencias, adopte un rol activo y verificable en el control del uso de los recursos por parte de las EPS.
Procuraduría alerta crisis en el sector salud y anuncia que abrirá nuevas investigaciones contra funcionarios del Gobierno
12/12/2025 | El Tiempo | Por Carlos López
El diagnóstico del ente de control es que se ha producido un deterioro progresivo que ha puesto en riesgo la vida de los usuarios del sistema.
Al incidente de desacato de la Corte Constitucional contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, por incumplimiento en el reajuste de la UPC, se sumó este viernes una alerta de la Procuraduría en la que advierte que el sistema de salud presenta una crisis con varias EPS intervenidas.
Desde hace meses, el ente de control manejado por Gregorio Eljach ha venido haciéndolo seguimiento no solo a si se cumple la orden que las autoridades le dieron al gobierno del presidente Gustavo Petro de reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024, sino también al manejo que se les ha dado a las EPS intervenidas, sobre las cuales hay varias quejas de la ciudadanía.
La UPC es el monto que cada año el Estado les reconoce a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado al sistema, lo cual hace que su pago sea crucial para la prestación del servicio. De acuerdo con la Corte Constitucional, el valor fijado para el año pasado fue insuficiente, y por eso ordenó al Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, hacer un reajuste.
En reiteradas ocasiones, la Procuraduría le pidió al Gobierno que se pusiera al día con el reajuste, lo cual no pasó y por eso se le abre un incidente de desacato a Jaramillo. Tomando en cuenta esta demora, así como otras irregularidades del sistema denunciadas por los usuarios, el ente de control hizo un diagnóstico en el que alerta que «se ha producido un deterioro progresivo en su estructura, lo cual pone en riesgo las vidas de muchos colombianos».
Como una de las medidas frente a esta crisis, la Procuraduría anunció que abrirá nuevas investigaciones contra funcionarios del gobierno Petro, ante las omisiones en materia de dirección, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema.
«La Procuraduría reitera que si bien su estrategia inicial fue el diálogo, el continuo deterioro del sistema y la falta de implementación de consensos obligan a activar la función disciplinaria», se explicó este viernes desde la entidad.
En la actualidad hay 20 investigaciones disciplinarias en curso por irregularidades en la entrega de medicamentos, corrupción, desvío de recursos y el incumplimiento al reajuste de la UPC.
El diagnóstico de la Procuraduría
En el ente de control, la dependencia a cargo de hacerle seguimiento a asuntos de la salud es manejada Mónica Ulloa, quien en septiembre pasado afirmó que el reajuste a la UPC es de estricto cumplimiento.
Junto con su equipo, y bajo órdenes del Procurador General, en los últimos meses participó de encuentros con distintos actores del sector, entre ellos el Ministerio de Salud, para buscarle una salida a la situación, sin embargo no llegaron a los mejores términos.
En el reciente informe, la Procuraduría mencionó que de las visitas administrativas hechas a 18 EPS —nueve de ellas intervenidas— sobresale un dato crucial: que las intervenciones que ha realizado la Superintendencia de Salud han empeorado distintos factores como la sostenibilidad financiera de las entidades.
Ejemplo de ello es que en la Nueva EPS, después de la intervención, el costo de prestación de servicios superó los ingresos. Es decir, se pasó del 95,6 por ciento en 2022 al 121 por ciento en 2023. Sumado a ello, el año pasado el patrimonio quedó en saldos rojos con menos de 4,4 billones de pesos.
En Coosalud EPS la situación es similar, agravada incluso porque se ha documentado que los usuarios no han podido acceder a medicamentos esenciales.
12/12/2025 | Caracol Radio | Por José Andrés González Gaitán