La W revela los detalles más importantes y comprometedores del documento final de 799 páginas en el que la Sala de Instrucción resolvió la situación jurídica de los sindicados, en el cual se expone un presunto complejo entramado criminal.
W Radio tuvo acceso a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que tras una extensa argumentación se concluyó que existen pruebas que permiten inferir que desde altos funcionarios del Gobierno se buscó comprar los votos de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en 2023, entre ellos Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo.
Todo lo anterior, mediante una sigilosa negociación criminal, con el fin de que votaran favorablemente las necesidades de crédito del Gobierno, de la cual según la prueba acopiada que se expone en ese documento y hoy en este informe periodístico, conocían el ministro Ricardo Bonilla, el viceministro Diego Guevara y fue pieza clave María Alejandra Benavides.
“El peligro que se generó para el bien jurídico de la administración pública se encuentra acreditado en esta actuación, al constatarse que los sindicados en calidad de congresistas y miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado promesa remuneratoria por el cumplimiento de una función asesora que les asigna la ley”, sentenció la Corte Suprema sobre el señalado negocio criminal.
Dicho acusado plan de tranzar el voto de los congresistas por proyectos habría tenido como origen la urgencia del gobierno por lograr el concepto favorable de dicha Comisión para autorizar cupos de endeudamiento vitales, ante lo cual los congresistas comenzaron a dilatar y el 26 de septiembre de 2023 habrían comenzado los acercamientos para comprarles el voto, y a partir de allí comenzó una presunta “opereta” llena de reuniones informales, avances y soluciones usando a la UNGRD, como lo detallan chats en poder de la Corte Suprema, entre los sindicados.
Por ejemplo, en la decisión de 799 páginas se expone un desayuno con los congresistas adelantado el 4 de octubre de 2023, en el cual, aparentemente se habrían “comenzado” las negociaciones con los senadores y representantes que venían boicoteando el desarrollo de la Comisión; para dicha negociación María Alejandra Benavides habría cumplido un papel fundamental por su trabajo “oculto” como en sus mismos chats lo llamaba con Andrea Ramírez, su “mentora” en el cargo y a quien reemplazaba, y, de hecho, se expusieron preocupaciones por “abrir la puerta” en el Ministerio de Hacienda, tal como habría ocurrido con “Cárdenas”. Esto dice un chat entre las dos el 2 de octubre de 2023.
—Andrea Ramírez: Lo que yo siempre sufría era ahí (en la CICP)
—Andrea Ramírez: Sí, que no aprueben
—María Alejandra Benavides: Y lo otro pues. Está pasando lo que tú me dijiste que lograste hacer con Cárdenas. Están tratando de abrir la puerta
—María Alejandra Benavides: Yo le insisto que no y Marce también le está diciendo que no pero no sé cuánto tiempo vaya a lograrlo
—Andrea Ramírez: Tenaz, pero que sea muchisisisisimo menos y acuérdate que solo presidentes ósea no metan tanta gente
A partir del 23 de septiembre y hasta el 15 de diciembre, se produjeron reuniones que habrían apuntado a la compra y negociación del voto desde el gobierno a dichos congresistas. Por ejemplo, el 31 de octubre el ministro Bonilla se reunió con Liliana Bitar, Wadith Manzur y Julián Peinado en la sede del ministerio con el presunto fin de hacerles una “contrapropuesta”, según dicen los chats de María Alejandra Benavides. El 8 de noviembre Benavides se reunió con Manzur, Manrique y Liliana Bitar para hablar de los “canales a usar” para los proyectos y aparece la primera mención a la UNGRD. Todo esto, mientras, por cuenta de la aparición de esta clara dilación con aparentes fines criminales, la autorización a los créditos que requería el ejecutivo se encontraba estancada.
La prueba que evidenciaría que todo este esquema transaccional secreto tendría el conocimiento y la bendición del ministro Bonilla se encuentra en la reunión que ocurrió el 5 de diciembre mientras el ministro estaba en Dubai (EAU). En ella participaron María Alejandra Benavides, Diego Guevara y los congresistas sindicados. En los chats obra prueba que Benavides, por ligereza posiblemente (ya que se habían acordado canales privados para hablar de estos temas) le dijo a Bonilla por chat que si autorizaba a Diego Guevara y a ella para que se sentaran con los congresistas y avanzar en la gestión de sus proyectos ante la UNGRD, los famosos proyectos de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, por los cuales se habría pactado el voto favorable en la CICP. Aquí está el chat:
—María Alejandra Benavides: Hola ministro buenos días, espero esté muy bien.
—María Alejandra Benavides: Me comentaron que usted llega mañana y como tenemos sesión de interparlamentaria el miércoles 6, quería preguntarle si usted está de acuerdo en que con el vice Diego atendamos a los de la interparlamentaria y les digamos que vamos a mover sus proyectos de UNGR, pero que salen el otro año.
—Ricardo Bonilla González: Sí, adelanta eso.
—María Alejandra Benavides: Listo ministro. Ya hablo con el vice.
Todo esto resulta relevante, porque el ministro, primero, en entrevista con esta casa radial señaló que no tenía diálogo con congresistas, pero los recibió en reuniones directamente él por ejemplo el 31 de octubre de 2023, y el 6 de diciembre, después de que Diego Guevara y María Alejandra Benavides “agilizaran” con los hoy sindicados, y segundo, según la Corte sí estaba enterado de dónde saldrían los proyectos que presuntamente se habrían acordado para comprar los votos de los congresistas, conforme dice la actuación.
Y en adición, en tales reuniones informales a puerta cerrada que Ricardo Bonilla le dijo a la Corte que eran para explicarles detalles a los congresistas sobre dudas que tuvieran frente a los conceptos de Crédito, resultó llamativo que en ninguna de ellas, si el objeto era el dicho por el ministro, no se convocara a ninguna al personal de Dirección Técnica del Minhacienda que es el que maneja esa información y además se excluyó a otros congresistas integrantes de la Comisión, como la senadora de Comunes, Imelda Daza, a quien convendría tener informada debidamente, puesto que votaba favorablemente a los intereses del gobierno. En las cámaras se muestra que solo estuvieron Bonilla y Benavides con los hoy investigados.
De hecho, como lo confirma María Alejandra Benavides en sus chats, en poder de la Corte, estas reuniones informales eran completamente ocultadas a la Dirección de Crédito Público, en cabeza de José Roberto Acosta y su equipo, quienes en varias ocasiones chocaron con este grupo de parlamentarios acusándolos de “dilatar” el funcionamiento de la Comisión. Al parecer ya comenzaría a quedar claro por qué.
Todo o anterior venía ocurriendo en medio del contexto de una escandalosa presión desde los congresistas como Wadith Manzur quien, como lo prueban los chats, le decía insistentemente a Benavides que estaba preocupado porque “no le iban a cumplir” e iba a quedar como “en el gobierno pasado” incluso amenazando a Benavides en un chat del cual reposa copia el 4 de diciembre, en el que le hice que si no hay noticias la Comisión y sus créditos, de importancia para Colombia, no avanzará más “este año”.
Tanto fue el asunto, que en la sesión de la Comisión Interparlamentaria del 6 de diciembre mismo, luego de la reunión secreta con Bonilla, los congresistas por medio de Manzur, —parlamentarios quienes deberían brillar por su estudio y reflexión de los proyectos a votar— le dijeron a Benavides que le dijera al ministro que como gesto de “confianza” para que les cumpliera, le votaban favorablemente el concepto favorable que el gobierno quisiera, es decir, sin ni siquiera estudiarlo y deliberarlo. Y así fue, en esa sesión, conforme el presunto plan de negociación criminal avanzaba, según la tesis de la Corte, se votaron tres proyectos y se aprobó uno.
El asunto Bonilla habría tenido como desenlace el 15 de diciembre de 2023 conforme la instrucción. Las evidencias recogidas por la Corte muestran que, primero, en un mensaje enviado el 12 de diciembre a las 7:35 AM, el viceministro Diego Guevara le informó a Ricardo Bonilla que Wadith Manzur lo había abordado con suma preocupación de que “no le fueran a cumplir”. Esto dice el chat:
—Diego Guevara a Ricardo Bonilla González: Wadith me cogió en la esquina y dijo que no estaba cómodo, que no tenía garantías reales de que le cumplamos pero yo le dije que anoche María Alejandra había hecho las llamadas y que confiara en nosotros pero es posible que quiere frenar alguno (concepto) y dejarnos a esperar el jueves.
Durante ese mismo 12 de diciembre, horas más tarde, el ministro Bonilla autorizó 700.000 millones para la UNGRD, resolución que garantizaría la plata para la ejecución de los proyectos que los congresistas estarían transaccionando a cambio del voto, porque en los chats se evidencia la desbordada presión a María Alejandra Benavides. También se prueba que Benavides envió copia de esa resolución a Wadith Manzur y Karen Manrique, congresista araucana que varias veces le dijo a Benavides estar preocupada por “ausencia de noticias”.
Segundo, según expone la investigación, de forma llamativa y presuntamente con el fin de “apretar” al gobierno, Manzur y los parlamentarios habían dejado un último crédito por aprobar como aparente manera de presionar al ministerio a que les cumplieran con los tres proyectos de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena y sus interventorías por 92.000 millones de pesos. De ese crédito faltante hablaba Diego Guevara en el chat anterior. Por todo esto, se canceló la sesión del 14 de diciembre y como obra en los chats, Wadith Manzur, le justificó a María Alejandra Benavides esa decisión de no asistir, tanto sus compañeros como él, quienes lo secundaron, para que el gobierno “ganara tiempo” en lo que, según la investigación, les había prometido.
—Wadith Manzur: Mi vida cómo estás?
—Wadith Manzur: No vamos a sesionar mañana
—María Alejandra Benavides: Repre, acabamos de llamar de nuevo
—Wadith Manzur: Mi amor eso no funciona así
—Wadith Manzur: Yo te recomiendo que ganes más tiempo
—Wadith Manzur: Pero no podemos sesionar después del 16
Allí, y ad portas de que se terminara la legislatura, el 15 de diciembre tal era la última sesión probable de la Comisión Interparlamentaria y ese crédito no se podía quedar sin aprobar. Por tanto, ese día ocurre la reunión urgente entre Ricardo Bonilla y Olmedo López, frente a la cual el exdirector de la UNGRD, le relató ya a la justicia cuáles fueron los motivos, es decir, que fueron porque el ministro necesitaba sacar sí o sí la viabilidad de esos contratos que conforme las pruebas fueron tranzados con los congresistas antes de que acabara el año, o estaban en riesgo los créditos de la Nación.
La reunión resultó satisfactoria, y la propia María Alejandra Benavides se lo avisó a los congresistas por medio de Manzur quien quedó como “garante” ante los demás. Tras esto, todos, como expone la Corte, asistieron gustosos a la Comisión Interparlamentaria, citada para las 2:00 PM, y votaron a favor del único crédito que le faltaba al gobierno por aprobar.
Según la instrucción, en dicho plan habrían tenido un papel preponderante el asesor de presidencia, Jaime Ramírez Cobo, quien participó de reuniones con Bonilla, y en chats se muestra su relación con Benavides y el impulso que le estaba dando a los proyectos, así como Sneyder Pinilla, quien debía certificar y monitorear, por orden de Olmedo, dentro de la UNGRD, que los proyectos negociados, Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, fueran enviados correctamente desde las alcaldías.
Caso aparte, también ilustra el llamado “cónclave”. En la tesis de la Sala de Instrucción, soportada con las pruebas del caso, se muestra cómo dicha reunión ocurre el 27 de noviembre de 2023, a la que asisten todos los ministros que fueron compulsados por la Corte ante la Fiscalía (Guillermo Alfonso Jaramillo, Gloria Inés Ramírez, Mauricio Lizcano entre otros), la cual se convoca con el llamativo nombre “reunión de emergencia”, se sacan los teléfonos del recinto y se reúnen todos en privado. En este punto resulta llamativo, conforme lo expone la Corte, que a pesar de que era una reunión de emergencia, Bonilla y Velasco en declaración señalaron no recordar los pormenores de la reunión, siendo un encuentro de emergencia “política”.
“Lo expuesto permite sostener que ese espacio dirigido por el director del DAPRE y del que hizo parte la reunión del 27 de noviembre funcionó con cierta informalidad y opacidad en cuanto a las personas convocadas y los asuntos que allí se discutirían. De cualquier manera es claro para la sala que los asuntos allí discutidos se quisieron mantener en secreto“ sentenció la Sala que además dio credibilidad al testimonio de Olmedo López, asistente a la reunión.
—Alba Nury Martínez, secretaria privada de Bonilla: El ministro está con Velasco en presidencia
—Alba Nury Martínez: Te cuento entre nos, está la MinTrabajo, Velasco y Olmedo (el de Gestión del Riesgo)
—María Alejandra Benavides: Dios gracias. Estoy tan ansiosa de saber cómo sale eso.
—María Alejandra Benavides: Porque puede que el jefe supremo no quiera y nos deje a todos viendo un chispero.
Y precisamente, tal reunión casualmente ocurrió después del encuentro del 23 de noviembre entre Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco donde al parecer Bonilla le expone lo que está pasando con el riesgo para los créditos de la Nación ante la reticencia de los congresistas. De hecho, Sandra Ortiz le dijo a la Corte que Velasco propuso durante un Consejo de Ministros que cada uno de los miembros “adoptara” un congresista.
En relación con el ex viceministro Diego Guevara, además de los chats expuestos previamente y en poder de la Corte, donde se demuestra que era conocedor de lo que estaba pasando con los proyectos con los que los congresistas estaban presionando al ministerio, también aparece relacionado en un episodio desafortunado para la presunta negociación criminal, como lo expone la Corte, luego de que la Contraloría suspendiera por un mes a Olmedo López. Por supuesto la noticia se regó como espuma entre los congresistas hoy sindicados y aparece una conversación entre Guevara y Benavides en la que el viceministro de la época califica como una “mala suerte” esa suspensión del exdirector hoy procesado por el escándalo.
—María Alejandra Benavides: Suspendieron al director de la UNGRD.
—Diego Guevara Castañeda: Uuuy quien
—María Alejandra Benavides: (envía el link de la noticia)
—María Alejandra Benavides: Ya no sé si lleguen
—Diego Guevara Castañeda: jajajajaja que mala suerte hahahahah
“En este sentido, también es razonable inferir que la inestabilidad generada por la suspensión del director de la entidad, quien sería una pieza clave para canalizar los proyectos, se percibiera como un obstáculo para los intereses de las partes negociadoras involucradas” se lee.
Pero, además, los chats en poder de la Corte y que hoy expone W Radio, muestran que Diego Guevara conocía de los “compromisos” que se habían suscrito en secreto con los congresistas y de los cuales no informaban a la Dirección de Crédito Público, en una triada con el ministro Ricardo Bonilla. Esto dice un chat entre Guevara y Benavides el 6 de diciembre de 2023:
—María Alejandra Benavides: Luz Stella y los de la interparlamentaria no saben nada de nuestros compromisos
—María Alejandra Benavides: (Los de crédito público)
—Diego Guevara Castañeda: Al fin vamos a avanzar en privado con ellos y con el Min
—María Alejandra Benavides: Sí. Toca.
En resumen, la decisión de la Corte Suprema de Justicia, sobre la cual La W revela sus datos más importantes, muestran que todo indica, conforme la evidencia recogida, que desde el alto gobierno, concretamente la cartera de Hacienda, y eventualmente la participación de otros ministerios, se buscó comprar el voto de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el fin de satisfacer y ceder en las exigencias que varios de estos sindicados presuntamente expusieron, y luego de que se viabilizaran los proyectos, continuaron monitoreando.
“En tal sentido, los mutismos, las cancelaciones del 4 de octubre y el 14 de diciembre, los aplazamientos o las aprobaciones de los conceptos reflejarían, más que preocupaciones o respaldos a la política de financiamiento externo del Estado Colombiano, el avance de una probable negociación criminal entre varios congresistas y agentes del Ministerio de Hacienda” concluye duramente la Corte.
Mención especial merecen varios congresistas que aparecen mencionados allí y de los cuales no existe acción penal alguna actualmente. Por ejemplo, en varios chats el representante de la Comisión Interparlamentaria y quien no es investigado, Jhon Fredy Nuñez, reclamó a María Alejandra Benavides porque estaban “avanzando” con los demás integrantes, hoy sindicados, y con él no. Además que curiosamente en muchos de los chats con Benavides los mensajes enviados por Núñez fueron borrados por él mismo.
—Jhon Fredy Nuñez a María Alejandra Benavides: Me disculpas la molestia, pero por favor me puedes decir por qué avanzas con los otros miembros de la Comisión y conmigo no.
En ese mismo sentido, vale la pena que la Corte Suprema aclare lo ocurrido con el caso del representante Juan Diego Muñoz, quien luego de renunciar, en un chat enviado a María Alejandra Benavides, le dice que los “compromisos” a los que habían llegado con él, se los cedía al polémico representante Wilmer Castellanos, viejo conocido en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. También, según los chats, el senador Gustavo Moreno se había “enterado” de los compromisos y estaba pidiendo para él, lo cual también merecería que la Corte Suprema ahonde.
Asimismo, cabe resaltar que uno de los puntos en los que se ancló la Sala de Instrucción para resolver la situación jurídica de los congresistas hoy sindicados, tuvo como eje lo ocurrido con la “Yidispolítica” durante el gobierno Uribe. La última palabra está en los magistrados, quienes tendrán que definir si llaman a los procesados a juicio, mas todo lo expuesto resulta de suma gravedad.
La representante Karen Manrique, comprometida en la investigación de la Corte y mencionada en el presente informe se pronunció por medio de su defensor el abogado Andrés Garzón. La congresista señaló que fue siempre María Alejandra Benavides la que la contactó para que le “ayudara” a sacar adelante iniciativas del gobierno “tal y como está probado en conversaciones que no son parte del expediente” agregando además que siempre su relación fue abierta y transparente sin ningún acuerdo ilegal detrás.
“En el proceso que cursa en la Sala de Instrucción está plenamente demostrado que en ningún momento se desbordó la función congresional, al contrario, lo que se pidió en todas las sesiones de la Comisión Interparlamentaria era que no se endeudara más el país” sentenció la defensa de Manrique, entre otros argumentos que podrán ser encontrados a continuación.
A continuación encuentre el comunicado completo:
8/08/2025 | W Radio | Por Rafael Alberto Aristizábal
La W revela los detalles más importantes y comprometedores del documento final de 799 páginas en el que la Sala de Instrucción resolvió la situación jurídica de los sindicados, en el cual se expone un presunto complejo entramado criminal.
W Radio tuvo acceso a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que tras una extensa argumentación se concluyó que existen pruebas que permiten inferir que desde altos funcionarios del Gobierno se buscó comprar los votos de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en 2023, entre ellos Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo.
Todo lo anterior, mediante una sigilosa negociación criminal, con el fin de que votaran favorablemente las necesidades de crédito del Gobierno, de la cual según la prueba acopiada que se expone en ese documento y hoy en este informe periodístico, conocían el ministro Ricardo Bonilla, el viceministro Diego Guevara y fue pieza clave María Alejandra Benavides.
“El peligro que se generó para el bien jurídico de la administración pública se encuentra acreditado en esta actuación, al constatarse que los sindicados en calidad de congresistas y miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado promesa remuneratoria por el cumplimiento de una función asesora que les asigna la ley”, sentenció la Corte Suprema sobre el señalado negocio criminal.
Dicho acusado plan de tranzar el voto de los congresistas por proyectos habría tenido como origen la urgencia del gobierno por lograr el concepto favorable de dicha Comisión para autorizar cupos de endeudamiento vitales, ante lo cual los congresistas comenzaron a dilatar y el 26 de septiembre de 2023 habrían comenzado los acercamientos para comprarles el voto, y a partir de allí comenzó una presunta “opereta” llena de reuniones informales, avances y soluciones usando a la UNGRD, como lo detallan chats en poder de la Corte Suprema, entre los sindicados.
Por ejemplo, en la decisión de 799 páginas se expone un desayuno con los congresistas adelantado el 4 de octubre de 2023, en el cual, aparentemente se habrían “comenzado” las negociaciones con los senadores y representantes que venían boicoteando el desarrollo de la Comisión; para dicha negociación María Alejandra Benavides habría cumplido un papel fundamental por su trabajo “oculto” como en sus mismos chats lo llamaba con Andrea Ramírez, su “mentora” en el cargo y a quien reemplazaba, y, de hecho, se expusieron preocupaciones por “abrir la puerta” en el Ministerio de Hacienda, tal como habría ocurrido con “Cárdenas”. Esto dice un chat entre las dos el 2 de octubre de 2023.
—Andrea Ramírez: Lo que yo siempre sufría era ahí (en la CICP)
—Andrea Ramírez: Sí, que no aprueben
—María Alejandra Benavides: Y lo otro pues. Está pasando lo que tú me dijiste que lograste hacer con Cárdenas. Están tratando de abrir la puerta
—María Alejandra Benavides: Yo le insisto que no y Marce también le está diciendo que no pero no sé cuánto tiempo vaya a lograrlo
—Andrea Ramírez: Tenaz, pero que sea muchisisisisimo menos y acuérdate que solo presidentes ósea no metan tanta gente
A partir del 23 de septiembre y hasta el 15 de diciembre, se produjeron reuniones que habrían apuntado a la compra y negociación del voto desde el gobierno a dichos congresistas. Por ejemplo, el 31 de octubre el ministro Bonilla se reunió con Liliana Bitar, Wadith Manzur y Julián Peinado en la sede del ministerio con el presunto fin de hacerles una “contrapropuesta”, según dicen los chats de María Alejandra Benavides. El 8 de noviembre Benavides se reunió con Manzur, Manrique y Liliana Bitar para hablar de los “canales a usar” para los proyectos y aparece la primera mención a la UNGRD. Todo esto, mientras, por cuenta de la aparición de esta clara dilación con aparentes fines criminales, la autorización a los créditos que requería el ejecutivo se encontraba estancada.
La prueba que evidenciaría que todo este esquema transaccional secreto tendría el conocimiento y la bendición del ministro Bonilla se encuentra en la reunión que ocurrió el 5 de diciembre mientras el ministro estaba en Dubai (EAU). En ella participaron María Alejandra Benavides, Diego Guevara y los congresistas sindicados. En los chats obra prueba que Benavides, por ligereza posiblemente (ya que se habían acordado canales privados para hablar de estos temas) le dijo a Bonilla por chat que si autorizaba a Diego Guevara y a ella para que se sentaran con los congresistas y avanzar en la gestión de sus proyectos ante la UNGRD, los famosos proyectos de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, por los cuales se habría pactado el voto favorable en la CICP. Aquí está el chat:
—María Alejandra Benavides: Hola ministro buenos días, espero esté muy bien.
—María Alejandra Benavides: Me comentaron que usted llega mañana y como tenemos sesión de interparlamentaria el miércoles 6, quería preguntarle si usted está de acuerdo en que con el vice Diego atendamos a los de la interparlamentaria y les digamos que vamos a mover sus proyectos de UNGR, pero que salen el otro año.
—Ricardo Bonilla González: Sí, adelanta eso.
—María Alejandra Benavides: Listo ministro. Ya hablo con el vice.
Todo esto resulta relevante, porque el ministro, primero, en entrevista con esta casa radial señaló que no tenía diálogo con congresistas, pero los recibió en reuniones directamente él por ejemplo el 31 de octubre de 2023, y el 6 de diciembre, después de que Diego Guevara y María Alejandra Benavides “agilizaran” con los hoy sindicados, y segundo, según la Corte sí estaba enterado de dónde saldrían los proyectos que presuntamente se habrían acordado para comprar los votos de los congresistas, conforme dice la actuación.
Y en adición, en tales reuniones informales a puerta cerrada que Ricardo Bonilla le dijo a la Corte que eran para explicarles detalles a los congresistas sobre dudas que tuvieran frente a los conceptos de Crédito, resultó llamativo que en ninguna de ellas, si el objeto era el dicho por el ministro, no se convocara a ninguna al personal de Dirección Técnica del Minhacienda que es el que maneja esa información y además se excluyó a otros congresistas integrantes de la Comisión, como la senadora de Comunes, Imelda Daza, a quien convendría tener informada debidamente, puesto que votaba favorablemente a los intereses del gobierno. En las cámaras se muestra que solo estuvieron Bonilla y Benavides con los hoy investigados.
De hecho, como lo confirma María Alejandra Benavides en sus chats, en poder de la Corte, estas reuniones informales eran completamente ocultadas a la Dirección de Crédito Público, en cabeza de José Roberto Acosta y su equipo, quienes en varias ocasiones chocaron con este grupo de parlamentarios acusándolos de “dilatar” el funcionamiento de la Comisión. Al parecer ya comenzaría a quedar claro por qué.
Todo o anterior venía ocurriendo en medio del contexto de una escandalosa presión desde los congresistas como Wadith Manzur quien, como lo prueban los chats, le decía insistentemente a Benavides que estaba preocupado porque “no le iban a cumplir” e iba a quedar como “en el gobierno pasado” incluso amenazando a Benavides en un chat del cual reposa copia el 4 de diciembre, en el que le hice que si no hay noticias la Comisión y sus créditos, de importancia para Colombia, no avanzará más “este año”.
Tanto fue el asunto, que en la sesión de la Comisión Interparlamentaria del 6 de diciembre mismo, luego de la reunión secreta con Bonilla, los congresistas por medio de Manzur, —parlamentarios quienes deberían brillar por su estudio y reflexión de los proyectos a votar— le dijeron a Benavides que le dijera al ministro que como gesto de “confianza” para que les cumpliera, le votaban favorablemente el concepto favorable que el gobierno quisiera, es decir, sin ni siquiera estudiarlo y deliberarlo. Y así fue, en esa sesión, conforme el presunto plan de negociación criminal avanzaba, según la tesis de la Corte, se votaron tres proyectos y se aprobó uno.
El asunto Bonilla habría tenido como desenlace el 15 de diciembre de 2023 conforme la instrucción. Las evidencias recogidas por la Corte muestran que, primero, en un mensaje enviado el 12 de diciembre a las 7:35 AM, el viceministro Diego Guevara le informó a Ricardo Bonilla que Wadith Manzur lo había abordado con suma preocupación de que “no le fueran a cumplir”. Esto dice el chat:
—Diego Guevara a Ricardo Bonilla González: Wadith me cogió en la esquina y dijo que no estaba cómodo, que no tenía garantías reales de que le cumplamos pero yo le dije que anoche María Alejandra había hecho las llamadas y que confiara en nosotros pero es posible que quiere frenar alguno (concepto) y dejarnos a esperar el jueves.
Durante ese mismo 12 de diciembre, horas más tarde, el ministro Bonilla autorizó 700.000 millones para la UNGRD, resolución que garantizaría la plata para la ejecución de los proyectos que los congresistas estarían transaccionando a cambio del voto, porque en los chats se evidencia la desbordada presión a María Alejandra Benavides. También se prueba que Benavides envió copia de esa resolución a Wadith Manzur y Karen Manrique, congresista araucana que varias veces le dijo a Benavides estar preocupada por “ausencia de noticias”.
Segundo, según expone la investigación, de forma llamativa y presuntamente con el fin de “apretar” al gobierno, Manzur y los parlamentarios habían dejado un último crédito por aprobar como aparente manera de presionar al ministerio a que les cumplieran con los tres proyectos de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena y sus interventorías por 92.000 millones de pesos. De ese crédito faltante hablaba Diego Guevara en el chat anterior. Por todo esto, se canceló la sesión del 14 de diciembre y como obra en los chats, Wadith Manzur, le justificó a María Alejandra Benavides esa decisión de no asistir, tanto sus compañeros como él, quienes lo secundaron, para que el gobierno “ganara tiempo” en lo que, según la investigación, les había prometido.
—Wadith Manzur: Mi vida cómo estás?
—Wadith Manzur: No vamos a sesionar mañana
—María Alejandra Benavides: Repre, acabamos de llamar de nuevo
—Wadith Manzur: Mi amor eso no funciona así
—Wadith Manzur: Yo te recomiendo que ganes más tiempo
—Wadith Manzur: Pero no podemos sesionar después del 16
Allí, y ad portas de que se terminara la legislatura, el 15 de diciembre tal era la última sesión probable de la Comisión Interparlamentaria y ese crédito no se podía quedar sin aprobar. Por tanto, ese día ocurre la reunión urgente entre Ricardo Bonilla y Olmedo López, frente a la cual el exdirector de la UNGRD, le relató ya a la justicia cuáles fueron los motivos, es decir, que fueron porque el ministro necesitaba sacar sí o sí la viabilidad de esos contratos que conforme las pruebas fueron tranzados con los congresistas antes de que acabara el año, o estaban en riesgo los créditos de la Nación.
La reunión resultó satisfactoria, y la propia María Alejandra Benavides se lo avisó a los congresistas por medio de Manzur quien quedó como “garante” ante los demás. Tras esto, todos, como expone la Corte, asistieron gustosos a la Comisión Interparlamentaria, citada para las 2:00 PM, y votaron a favor del único crédito que le faltaba al gobierno por aprobar.
Según la instrucción, en dicho plan habrían tenido un papel preponderante el asesor de presidencia, Jaime Ramírez Cobo, quien participó de reuniones con Bonilla, y en chats se muestra su relación con Benavides y el impulso que le estaba dando a los proyectos, así como Sneyder Pinilla, quien debía certificar y monitorear, por orden de Olmedo, dentro de la UNGRD, que los proyectos negociados, Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, fueran enviados correctamente desde las alcaldías.
Caso aparte, también ilustra el llamado “cónclave”. En la tesis de la Sala de Instrucción, soportada con las pruebas del caso, se muestra cómo dicha reunión ocurre el 27 de noviembre de 2023, a la que asisten todos los ministros que fueron compulsados por la Corte ante la Fiscalía (Guillermo Alfonso Jaramillo, Gloria Inés Ramírez, Mauricio Lizcano entre otros), la cual se convoca con el llamativo nombre “reunión de emergencia”, se sacan los teléfonos del recinto y se reúnen todos en privado. En este punto resulta llamativo, conforme lo expone la Corte, que a pesar de que era una reunión de emergencia, Bonilla y Velasco en declaración señalaron no recordar los pormenores de la reunión, siendo un encuentro de emergencia “política”.
“Lo expuesto permite sostener que ese espacio dirigido por el director del DAPRE y del que hizo parte la reunión del 27 de noviembre funcionó con cierta informalidad y opacidad en cuanto a las personas convocadas y los asuntos que allí se discutirían. De cualquier manera es claro para la sala que los asuntos allí discutidos se quisieron mantener en secreto“ sentenció la Sala que además dio credibilidad al testimonio de Olmedo López, asistente a la reunión.
—Alba Nury Martínez, secretaria privada de Bonilla: El ministro está con Velasco en presidencia
—Alba Nury Martínez: Te cuento entre nos, está la MinTrabajo, Velasco y Olmedo (el de Gestión del Riesgo)
—María Alejandra Benavides: Dios gracias. Estoy tan ansiosa de saber cómo sale eso.
—María Alejandra Benavides: Porque puede que el jefe supremo no quiera y nos deje a todos viendo un chispero.
Y precisamente, tal reunión casualmente ocurrió después del encuentro del 23 de noviembre entre Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco donde al parecer Bonilla le expone lo que está pasando con el riesgo para los créditos de la Nación ante la reticencia de los congresistas. De hecho, Sandra Ortiz le dijo a la Corte que Velasco propuso durante un Consejo de Ministros que cada uno de los miembros “adoptara” un congresista.
En relación con el ex viceministro Diego Guevara, además de los chats expuestos previamente y en poder de la Corte, donde se demuestra que era conocedor de lo que estaba pasando con los proyectos con los que los congresistas estaban presionando al ministerio, también aparece relacionado en un episodio desafortunado para la presunta negociación criminal, como lo expone la Corte, luego de que la Contraloría suspendiera por un mes a Olmedo López. Por supuesto la noticia se regó como espuma entre los congresistas hoy sindicados y aparece una conversación entre Guevara y Benavides en la que el viceministro de la época califica como una “mala suerte” esa suspensión del exdirector hoy procesado por el escándalo.
—María Alejandra Benavides: Suspendieron al director de la UNGRD.
—Diego Guevara Castañeda: Uuuy quien
—María Alejandra Benavides: (envía el link de la noticia)
—María Alejandra Benavides: Ya no sé si lleguen
—Diego Guevara Castañeda: jajajajaja que mala suerte hahahahah
“En este sentido, también es razonable inferir que la inestabilidad generada por la suspensión del director de la entidad, quien sería una pieza clave para canalizar los proyectos, se percibiera como un obstáculo para los intereses de las partes negociadoras involucradas” se lee.
Pero, además, los chats en poder de la Corte y que hoy expone W Radio, muestran que Diego Guevara conocía de los “compromisos” que se habían suscrito en secreto con los congresistas y de los cuales no informaban a la Dirección de Crédito Público, en una triada con el ministro Ricardo Bonilla. Esto dice un chat entre Guevara y Benavides el 6 de diciembre de 2023:
—María Alejandra Benavides: Luz Stella y los de la interparlamentaria no saben nada de nuestros compromisos
—María Alejandra Benavides: (Los de crédito público)
—Diego Guevara Castañeda: Al fin vamos a avanzar en privado con ellos y con el Min
—María Alejandra Benavides: Sí. Toca.
En resumen, la decisión de la Corte Suprema de Justicia, sobre la cual La W revela sus datos más importantes, muestran que todo indica, conforme la evidencia recogida, que desde el alto gobierno, concretamente la cartera de Hacienda, y eventualmente la participación de otros ministerios, se buscó comprar el voto de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el fin de satisfacer y ceder en las exigencias que varios de estos sindicados presuntamente expusieron, y luego de que se viabilizaran los proyectos, continuaron monitoreando.
“En tal sentido, los mutismos, las cancelaciones del 4 de octubre y el 14 de diciembre, los aplazamientos o las aprobaciones de los conceptos reflejarían, más que preocupaciones o respaldos a la política de financiamiento externo del Estado Colombiano, el avance de una probable negociación criminal entre varios congresistas y agentes del Ministerio de Hacienda” concluye duramente la Corte.
Mención especial merecen varios congresistas que aparecen mencionados allí y de los cuales no existe acción penal alguna actualmente. Por ejemplo, en varios chats el representante de la Comisión Interparlamentaria y quien no es investigado, Jhon Fredy Nuñez, reclamó a María Alejandra Benavides porque estaban “avanzando” con los demás integrantes, hoy sindicados, y con él no. Además que curiosamente en muchos de los chats con Benavides los mensajes enviados por Núñez fueron borrados por él mismo.
—Jhon Fredy Nuñez a María Alejandra Benavides: Me disculpas la molestia, pero por favor me puedes decir por qué avanzas con los otros miembros de la Comisión y conmigo no.
En ese mismo sentido, vale la pena que la Corte Suprema aclare lo ocurrido con el caso del representante Juan Diego Muñoz, quien luego de renunciar, en un chat enviado a María Alejandra Benavides, le dice que los “compromisos” a los que habían llegado con él, se los cedía al polémico representante Wilmer Castellanos, viejo conocido en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. También, según los chats, el senador Gustavo Moreno se había “enterado” de los compromisos y estaba pidiendo para él, lo cual también merecería que la Corte Suprema ahonde.
Asimismo, cabe resaltar que uno de los puntos en los que se ancló la Sala de Instrucción para resolver la situación jurídica de los congresistas hoy sindicados, tuvo como eje lo ocurrido con la “Yidispolítica” durante el gobierno Uribe. La última palabra está en los magistrados, quienes tendrán que definir si llaman a los procesados a juicio, mas todo lo expuesto resulta de suma gravedad.
La representante Karen Manrique, comprometida en la investigación de la Corte y mencionada en el presente informe se pronunció por medio de su defensor el abogado Andrés Garzón. La congresista señaló que fue siempre María Alejandra Benavides la que la contactó para que le “ayudara” a sacar adelante iniciativas del gobierno “tal y como está probado en conversaciones que no son parte del expediente” agregando además que siempre su relación fue abierta y transparente sin ningún acuerdo ilegal detrás.
“En el proceso que cursa en la Sala de Instrucción está plenamente demostrado que en ningún momento se desbordó la función congresional, al contrario, lo que se pidió en todas las sesiones de la Comisión Interparlamentaria era que no se endeudara más el país” sentenció la defensa de Manrique, entre otros argumentos que podrán ser encontrados a continuación.
A continuación encuentre el comunicado completo:
8/08/2025 | W Radio | Por Rafael Alberto Aristizábal