La democracia no se pierde repentinamente de un día para otro. Se erosiona cuando quienes están llamados a protegerla normalizan los abusos de poder. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha desafiado la institucionalidad democrática de forma sistemática y deliberada: ataca la legitimidad e independencia de las Cortes, el Congreso, los organismos de control y los medios de comunicación, pretendiendo asumir el rol de intérprete exclusivo de la voluntad popular. Esta forma de liderazgo plebiscitario, que apela a una mayoría sin contrapesos, socava los pilares del Estado de derecho y la democracia liberal.
En ese proceso pretende crear el imaginario de que las otras ramas del poder público bloquean a su gobierno y que la Constitución de 1991 le impide hacer los cambios que pretende imponer con sus reformas. Al mismo tiempo, acude a una narrativa que ataca y estigmatiza al sector privado y a la oposición política y ciudadana. Calificando a los empresarios como explotadores, esclavistas, e incluso señalando que han pagado para que el Congreso se oponga a sus reformas.
Todo esto para justificar una convocatoria para una Asamblea Constituyente, no por las vías institucionales sino por fuera de los mecanismos previstos en la Constitución.
El deterioro institucional que produce esta deriva autoritaria es cada vez más visible y preocupante. Según la encuesta Sabemos #005 del ICP y Yanhaas, 64% de los encuestados considera que en Colombia hay poca democracia y 74% que la democracia está en riesgo.
La confianza se deteriora, no solo en el gobierno, sino en todo el sistema democrático.
Es cierto que la crisis de confianza y legitimidad democrática no es un fenómeno exclusivo de Colombia ni estrictamente reciente. Pero en la actual coyuntura se profundiza y acelera, porque a las fallas históricas del Estado, como su ineficiencia estructural para garantizar seguridad y justicia, su incapacidad para resolver lo esencial y su tendencia a sobrerregular y crear barreras que impiden la formación de capital y el crecimiento económico, se suma un gobierno que, lejos de resolver esas fallas las profundiza.
La confrontación permanente con las otras ramas del poder público y el sector privado, los escándalos de corrupción que salpican al círculo más cercano del poder, la parálisis de sectores estratégicos y las crisis inducidas a la salud, la infraestructura, la energía, la educación, así como la irresponsabilidad fiscal disfrazada de justicia social y la incapacidad para garantizar seguridad en diversas regiones del país, configuran un patrón de degradación institucional deliberada, donde el fracaso no es solo consecuencia de la ineficiencia, sino pareciera ser una herramienta de poder para gobernar en el caos.
Además, el crecimiento del tamaño del Estado en los últimos años, con un gasto público desbordado, creciente, ineficiente y sin ninguna clase de responsabilidad fiscal, termina siendo financiado con impuestos y deuda pública, que pagamos los empresarios y los ciudadanos.
En este clima de desgaste institucional, no sorprende que la confianza se desplome y que los empresarios califiquen con escepticismo la gestión de buena parte de los funcionarios del Gobierno nacional y otras entidades del Estado.
No es una reacción exagerada ni un gesto de desconfianza infundada. Es una advertencia que debe tomarse en serio. Cuando el poder deja de tener límites, las decisiones se imponen sin debate y las reglas se manipulan o se ignoran, se debilita la confianza de los ciudadanos en las vías democráticas como mecanismo para lograr que el Estado proteja la libertad y garantice el orden.
A un año de terminar su mandato, el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene aún la posibilidad y la responsabilidad de rectificar. Respetar la separación e independencia de poderes, abandonar la narrativa sobre la constituyente y la reelección, gobernar de acuerdo a la ley y no contra ella, y construir consensos democráticos en lugar de incitar permanentemente la polarización y de tensionar la institucionalidad.
De no hacerlo, el país estará atrapado en un círculo vicioso de caos, crisis e incertidumbre. Frente a esto, los colombianos no podemos quedar expuestos a un proyecto político que amenace con concentrar el poder y reescribir las reglas, para llevarnos por una senda de populismo y autoritarismo.
A un año de que se termine el periodo constitucional del presidente Gustavo Petro, y de persistir en sus formas de gobernar, la defensa de la democracia debe asumirse con responsabilidad desde la sociedad civil, a través de los cauces constitucionales y democráticos.
Según la encuesta Sabemos, el 89% de los encuestados dice estar dispuesto a defender la democracia liberal activamente. Esa voluntad debe empezar a traducirse en acción, con sentido de urgencia y propósito. No basta con estar dispuesto. Es necesario participar en el debate público, alzar la voz frente a los abusos, exigir el respeto a la Constitución, respaldar iniciativas serias y hacer pedagogía sobre lo que está en juego.
Movilizarse no significa marchar detrás de un caudillo, sino organizarse, deliberar, actuar desde la familia, la empresa, la ciudadanía, los gremios, las organizaciones sociales y la academia. Porque si los signos de alarma son evidentes y no reaccionamos, la omisión nos hace responsables de perder la democracia. Que no se nos haga demasiado tarde para defender lo que, si se pierde, costará generaciones recuperar: la libertad y una democracia, con límites al poder y reglas claras.
lunes, 4 de agosto de 2025