¡Qué ingenioso resulta invocar al pueblo cuando conviene! Tras el fracaso de la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno ha decidido que es momento de que la voz del pueblo resuene en una consulta popular. Al parecer, cuando las cosas no salen como se planean, siempre es útil recurrir al pueblo para legitimar decisiones previamente rechazadas.
La reforma laboral, presentada como una panacea, escondía en sus entrañas una serie de «micos» diseñados para proteger a quienes ya tienen empleo formal, dejando en el limbo a millones que sobreviven en la informalidad. Esos mismos que, día tras día, luchan sin acceso a un sistema de protección social digno. Pero claro, ¿a quién le importa la realidad de los jóvenes, las mujeres y otros grupos poblacionales cuando se puede hablar sin sustentar, de una reforma para que luzca inclusiva?
En las zonas rurales de Colombia, la informalidad laboral alcanza cifras alarmantes. Según el DANE, en el trimestre móvil noviembre 2024 – enero 2025, la proporción de personas ocupadas informales en el total nacional fue de 83,2%. Esta cifra refleja la verdadera precariedad laboral.
Por el lado de los jóvenes, durante el trimestre móvil noviembre 2024 – enero 2025, la tasa de desocupación de la población joven se ubicó en 16,4%, frente al 18% del año anterior. Respecto de las mujeres jóvenes, ellas enfrentan mayores barreras al momento de ingresar al mercado laboral en comparación con los hombres, lo que se traduce en menor autonomía económica y una perpetuación de roles de género.
Y ahora se nos presenta la consulta popular como el remedio infalible. Una estrategia que, casualmente, surge en medio de escándalos de corrupción y una gestión gubernamental incumplida. No es que haya un bloqueo institucional; lo que realmente existe es un vacío gubernamental: la incapacidad para gestionar las necesidades del pueblo.
Mientras tanto, al Congreso, ese escenario donde se deben debatir y aprobar las leyes que nos afectan a todos, se le acusa de obstaculizar las reformas, cuando en realidad está cumpliendo su función de contrapeso. Pero, ¿qué mejor manera de desviar la atención que promover que el pueblo decida sobre reformas que, en el fondo, no abordan sus verdaderas necesidades?
El hundimiento de la reforma laboral se explica, de acuerdo con la ponencia negativa, en el impacto en la destrucción del empleo formal. Diversos sectores productivos alertaron sobre el alto incremento de los costos laborales, que podían haber sido del más del 60%, lo que desincentiva la generación de empleo formal. Además, la reforma no incluía medidas concretas para fomentar el emprendimiento, además de la evidente falta de concertación.
Otro factor determinante en el rechazo de la reforma fue el mencionado trámite con fallas legales de procedimiento. La reforma debió tramitarse como una Ley Estatutaria debido a su impacto sobre derechos fundamentales como el trabajo y la seguridad social, lo que generó dudas sobre su constitucionalidad. En resumen, los senadores firmantes de la ponencia confirmaron los riesgos de retroceso en la formalización laboral y la competitividad del país.
En medio de este panorama, lo que realmente se necesita, y lo que el Gobierno debería estar construyendo, es un plan estructural que fomente el empleo, la inclusión, la productividad, la inversión, la creación de nuevas empresas y acompañamiento para el éxito de su propósito, así como el bienestar para los trabajadores, no solo una porción de ellos.
No se trata solo de regular el mercado laboral sino de crear condiciones propicias para la generación de nuevos y mejores puestos de trabajo. Es fundamental que en los sectores clave se promueva no solo la contratación de empleados, sino también la creación de empresas en las diferentes cadenas de valor y de proveeduría. Especialmente para los jóvenes, quienes deben romper con el paradigma de que su preparación solo está orientada para ser empleados.
Domingo, 16 de Marzo de 2025