Queda en manos del Senado frenar la aprobación de una reforma a la salud, desfinanciada, con un modelo estatizado, y que fragmenta la atención.
La semana pasada, el Gobierno logró destrabar el proyecto de ley de reforma a la salud, que superó el segundo debate en plenaria de la Cámara de Representantes, con amplias mayorías. Este segundo intento de la iniciativa sanitaria- una de las tres del paquete reformista del presidente Gustavo Petro -se reactivó por cuenta de los manejos de maquinaria política del entrante ministro del Interior, Armando Benedetti.
A pesar de este realinderamiento de las fuerzas políticas, la reforma a la salud 2.0 sigue siendo tan inconveniente como la primera versión del articulado; de hecho, la Casa de Nariño no introdujo mayores ajustes. El modelo sanitario que busca la administración Petro instaurar ignora los avances en cobertura y menor gasto de bolsillo del régimen actual, y construye un sistema estatizado y peligrosamente centralizado.
Si bien los distintos aspectos críticos del sistema de salud ya vienen generando problemas desde años atrás, la presentación del proyecto de reforma por parte del gobierno Petro y su intento de implementación ‘por la puerta de atrás’ ha acelerado su deterioro. Más aún, el proyecto piloto de la aplicación de estos cambios -modelo de salud para el magisterio- ha sido fallido prácticamente desde su arranque, con graves consecuencias sobre los maestros públicos.
Una de las carencias más serias de la iniciativa está en la incapacidad de resolver el desafío del financiamiento del sistema. Al contrario, voces expertas incluso hablan de un agravamiento del ‘hueco’ de los recursos. La Andi advirtió que la aprobación de la reforma desataría un déficit de $141,4 billones en los próximos 10 años -en contraste, el Ministerio de Salud, que proyecta un superávit de $21,8 billones-.
Hoy, dos años después de la primera radicación, el proyecto de ley de la reforma a la salud no cuenta con aval fiscal propiamente dicho, que presente las cuentas oficiales del Gobierno sobre su impacto en las finanzas públicas. En momentos de ajuste fiscal, lo mínimo que se esperaría sería una estimación de los costos de su implementación.
En el corazón de esa discusión sobre los recursos está la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), esto es, el monto que el Gobierno gira a las EPS por cada afiliado. El Gobierno lleva varios años en un pulso con los actores del sistema en torno al cálculo de la UPC, que estos consideran como menor a las crecientes necesidades para la prestación del servicio.
La Corte Constitucional les dio la razón a los privados y ordenó la revisión y el reajuste de esos montos para este año -que subió 5,3% en vez de los 16 puntos recomendados. Desafortunadamente, el minsalud se ha resistido a acatar las decisiones de la Corte -aunque recientemente ha comenzado su cumplimiento. Según un informe de Anif y Afidro el déficit acumulado en los últimos tres años por esa UPC insuficiente alcanza $19,8 billones.
La crisis del sistema de salud se refleja en el deterioro de los indicadores de la prestación del servicio. Los usuarios no solo se están quejando más -de acuerdo a Supersalud en enero pasado los reclamos se dispararon 55%- y están elevando su gasto en salud adquiriendo aseguramiento complementario y comprando medicamentos por su cuenta. A lo anterior se añade el riesgo de la centralización de los billonarios recursos en la Adres en materia de corrupción e ineficiencias.
Queda en manos del Senado frenar la aprobación de un proyecto de reforma que no resuelve los problemas del sistema de salud- y en algunos frentes los empeora- y que echa por la borda los logros del aseguramiento mixto.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
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