Mientras el Senado estuvo a la altura del reto y tramitó apelación y consulta, el Gobierno renueva su rechazo a resultados cuando no le convienen.
Ayer el Senado de la República tramitó dos iniciativas cruciales para el futuro del paquete de cambios que el gobierno Petro busca implementar en las normas laborales. Las mayorías de la cámara alta del Congreso votaron favorablemente la apelación que revive el proyecto de reforma laboral hundida hace unos meses. Luego, en un resultado estrecho de 49 a 47, los senadores hundieron la consulta popular con la que la Casa de Nariño buscaba la aprobación de algunas de las medidas del articulado negado.
Tanto el atractivo de la apelación para resucitar la reforma laboral original del Ejecutivo como la apretada votación de la consulta popular fueron escenarios abiertamente contemplados por analistas, congresistas y altos funcionarios gubernamentales. De hecho, en cuestión de horas los voceros de la administración Petro cambiaron su postura frente a la apelación de rechazo a apoyo. Darle un nuevo debate parlamentario a esa iniciativa hundida, en una comisión distinta a la Séptima, estuvo dentro de las posibles alternativas que los congresistas y gobierno barajaron.
La administración Petro gana en cuanto le da aire a su proyecto de ley de reforma laboral, pero experimenta una derrota mayor al hundirse su audaz estrategia para convocar una consulta popular.
Desplegar este mecanismo de participación ciudadana, a pocos meses del arranque de las elecciones del 2026, no sólo adelantaba la campaña electoral, sino también le daba a las fuerzas oficialistas banderas y tarimas atractivas para fortalecerse ante los comicios. Además, incomodaba a los opositores para que se manifestaran en contra de algunas medidas populares que incluía la consulta.
La frustración de perder esa oportunidad pesó más para la Casa de Nariño que el saldo positivo de abrir de nuevo la discusión de la reforma laboral. Más aún, los señalamientos de fraude contra la presidencia del Senado, por parte del presidente Gustavo Petro y de sus ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, son desestabilizadores y perpetúan una retórica agresiva del Ejecutivo en contra del Legislativo.
No sobra recordarle al Gobierno que en la democracia las reglas son ciertas y los resultados, inciertos. Es inaceptable que el funcionamiento de las instituciones -en este caso específico, la votación de dos iniciativas legislativas- sea impugnado cada vez que produzca resultados que no le convengan o no le gusten a la Casa de Nariño.
En vez de atacar a los legisladores y equiparar la situación al 19 de abril de 1970 con todas sus connotaciones, el primer mandatario debería evaluar los errores estratégicos cometidos por sus ministros Benedetti y Sanguino en el trámite de esta propuesta tan crucial para la administración, incluidas las negociaciones sobre el gabinete que derivaron en la llegada de la nueva ministra de Comercio.
Punto aparte y aún más graves son los llamados presidenciales y ministeriales a “las calles” y a la “huelga general” para contrarrestar la caída de la consulta. No es la primera vez que Petro convoca a la ciudadanía a manifestarse a favor de sus reformas -con resultados mediocres-. No obstante, en esta ocasión puede interpretarse como un ejercicio de presión del Ejecutivo al Legislativo por una decisión tomada bajo reglas democráticas.
El Gobierno Nacional debería dedicar más esfuerzo y estrategia a aprovechar la resurrección de su proyecto de reforma laboral que a blandir peligrosas acusaciones de fraude e instigar la rabia ciudadana contra estos resultados. El Ejecutivo es el llamado a acatar las reglas de juego institucional y respetar el equilibrio de poderes y de pesos y contrapesos.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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