Estas acciones surgen luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto con el que se convoca la consulta popular.
El presidente Gustavo Petro firmó este miércoles el Decreto 0639 de 2025 con el que se convoca a la consulta popular. La determinación del Gobierno de poner en marcha este mecanismo de participación ciudadana ha dado pie a un debate en torno a sus implicaciones, en especial, luego de que este proyecto no recibiera el visto bueno del Senado.
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La propuesta original, que aborda algunos de los puntos claves de la reforma laboral, se hundió en el Congreso a mediados de mayo con 49 votos por el no y 47 por el sí. Ante este resultado, que desde el Ejecutivo se consideró irregular, el mandatario optó por materializar este instrumento vía decreto.
Si bien el texto fue enviado a la Corte Constitucional, órgano que determinará si es procedente, se ha desatado una ‘cascada’ de críticas y recursos judiciales en contra del llamado ‘decretazo’.
Denuncia por prevaricato
Tras la firma de la normativa, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a todos los ministros que firmaron el decreto de la consulta popular.
De acuerdo con la denuncia, los miembros del gabinete habrían incurrido en prevaricato, un delito imputable a los funcionarios públicos que dictan una resolución o dictamen, sabiendo que es injusto y contrario a la ley.
Además de solicitar que se investigue a los altos funcionarios que avalaron el decreto, la congresista interpuso ante el Consejo de Estado una demanda en la que se pide «ejercer la excepción de inconstitucionalidad» frente a la normativa, ya que esta implicaría una violación flagrante al artículo 104 de la Constitución.
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Paloma Valencia
Mauricio Moreno / EL TIEMPO
Demandas al ‘decretazo’
En línea con esta acción, ocho partidos de oposición e independientes presentaron una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad del decreto. Al igual que con la de Valencia, esta se fundamenta en la inconstitucionalidad que implicaría su emisión.
A eso se le suma que, de acuerdo con un comunicado publicado en la mañana de este jueves, «la demanda está sustentada en cuatro cargos: vulneración al estado social de derecho, violación del principio de soberanía popular, extralimitación del presidente en el ejercicio de sus funciones y separación de poderes, violación al debido proceso y desconocimiento del obligatorio concepto previo favorable del Senado».
En ese orden de ideas, quienes interpusieron este recurso solicitan la «adopción urgente de una medida cautelar» que suspenda provisionalmente los efectos de la normativa «con el objetivo de evitar erogaciones presupuestales irrecuperables y prevenir una alteración del orden constitucional».
Entre los partidos que radicaron la demanda aparecen Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Liberal.
Carta de los partidos políticos
Archivo particular
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Una tutela en la lista
En ese listado de recursos judiciales contra la medida del Gobierno se suma una tutela presentada por el abogado Germán Calderón España, bajo el argumento de que se están presentando graves vulneraciones al debido proceso.
«Con los argumentos jurídicos y con las pruebas que aporto, entre ellas el certificado del presidente del Senado de la República, en el que demuestra que sí dio respuesta al recurso de apelación interpuesto por la senadora María José Pizarro, solicité la suspensión de los efectos jurídicos del decreto mientras se resuelve de fondo», explicó España.
En los próximos días podrían surgir nuevas denuncias en contra el paso que ha decidido dar el Ejecutivo con la emisión de este decreto, mismo que ha sido calificada desde diferentes frentes no solo como un «quebranto a la Constitución», sino también como una «ruptura del orden democrático».
PORTAFOLIO
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