Denuncian irregularidades en licitación para erradicación de cultivos ilícitos

Según las denuncias, en este contrato se podría repetir una historia muy similar a la que vive el país hoy frente a la contratación del mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17,

Graves denuncias salpican el proceso de adjudicación del contrato para la erradicación manual forzada de cultivos ilícitos en Colombia, que adelanta la Policía Antinarcóticos. Este contrato por $75 mil millones tiene como objeto conformar los grupos móviles de erradicación manual que trabajan en las regiones donde hay cultivos de coca.

A pesar de las denuncias de direccionamiento de este contrato, todo está listo para que se adjudique la próxima semana. Caracol Radio conoció que un grupo de personas que se identifican como funcionarios de la Policía Nacional hicieron llegar un oficio ante la Dirección Antinarcóticos, la Procuraduría y la Contraloría en el que denuncian distintas irregularidades en este proceso de contratación.

Según las denuncias, en este contrato se podría repetir una historia muy similar a la que vive el país hoy frente a la contratación del mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17, pues este contrato de erradicación se adjudicará a una firma norteamericana sin experiencia en este tipo de contratos, que se presentó en consorcio con una empresa colombiana a la que están vinculados expolicías de la dirección antinarcóticos.

De acuerdo con lo manifestado en estas denuncias, el contrato estaría direccionado para favorecer al consorcio GME DIRALCOL 2025, conformado por Tucano International LLC (con el 85% de participación) y Gakko SAS (con el 15%). Tucano, creada en Estados Unidos, no tiene domicilio ni respaldo financiero en Colombia ni experiencia en procesos de erradicación de cultivos.

Por su parte, Gakko SAS, con sede en Chiquinquirá (Boyacá), está representada por dos coroneles retirados: Mauricio Cárdenas Romero y Wilmar Pérez Castillo, ambos en la mira por la cercanía con el coronel Alexander Sánchez, exdirector del Fondo Rotatorio de la Policía, quien fue llamado a calificar servicios por el entonces ministro Iván Velásquez, tras conocer las denuncias por enriquecimiento injustificado que se dieron en su contra.

Las denuncias apuntan a que Sánchez sería la persona que estaría influyendo en la adjudicación de este contrato, gracias a la cercanía que tiene actualmente con la viceministra de Defensa Ana Catalina Cano, de quien es un amigo muy cercano. Antes de ser llamado a calificar servicios, el coronel se desempeñó precisamente como jefe de erradicación de cultivos ilícitos de antinarcóticos y luego como Director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, precisamente el encargado de adelantar toda la contratación de erradicación de cultivos.

En 2024, cuando se intentó licitar el mismo contrato, una firma similar fue acusada de presentar documentos falsos. Detrás de esa empresa también habrían estado los nombres de Sánchez, Cárdenas y Pérez, lo que llevó en su momento a declarar desierta la licitación.

Pese a las advertencias, el consorcio GME DIRALCOL 2025 tendría el camino libre para quedarse con el contrato. Si se confirma, la erradicación manual de cultivos ilícitos quedaría nuevamente en manos de un grupo de contratistas sin experiencia comprobada, con vínculos cuestionados dentro de la institución y con posible respaldo político. La Procuraduría y la Contraloría ya están advertidas.