“Depetro” 572 de 2025

Este decreto (“depetro”) no mejora la eficiencia fiscal, sólo crea nuevos obstáculos, castiga la formalidad y promueve la evasión. La equidad tributaria no se construye con presunciones arbitrarias, sino con reglas estables, racionales y diferenciadas por sector.

El Decreto 0572 de 2025, expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, no es una reforma tributaria menor: es un ataque directo al corazón del sector constructor en Colombia. A través de un tecnicismo fiscal se impone un nuevo régimen de autorretención que obliga por decreto a los empresarios a generar utilidades presuntas del 10% en vivienda y hasta del 15.7% en obras viales y férreas, sin importar la realidad financiera de cada proyecto.

La tarifa de autorretención se incrementó del 1.1% al 3.5% para la actividad de construcción de vivienda (CIIU 4111), lo que equivale a pagar la renta anticipada con una presunción de utilidad del 10% del negocio. Para el caso de las carreteras y ferrocarriles (CIIU 4210), a este incremento se suma la retención en la fuente del 2% que aplican entidades contratantes, generando una carga total anticipada del 5.5%, lo que equivale consecuencialmente a pagar la renta anticipada con una presunción de utilidad del 15.7%, muy por encima de los márgenes reales del negocio.

Esto no es técnica tributaria: es confiscación disfrazada de eficiencia fiscal.

Tomemos un caso real: un proyecto de vivienda con ingresos proyectados en 50.000 millones de pesos, debía anticipar 550 millones por autorretención.

Con el nuevo esquema, ese valor se eleva a 1.750 millones, es decir, un incremento de 1.200 millones de pesos que afecta el flujo de caja, encarece el crédito, obliga a replantear cronogramas y puede incluso detener la ejecución. Y si se trata de obra pública en vías o trenes, el efecto se multiplica: más retenciones, más presión y más riesgo.

Mientras tanto, las empresas extranjeras tampoco quedan a salvo. El misil tributario también impacta de lleno a las firmas chinas que construyen el metro de Bogotá, cuyos contratos, cronogramas y estructuras financieras se ven distorsionados por una decisión unilateral del Gobierno que altera las condiciones económicas pactadas.

No se trata solo de autorretención: se trata de inseguridad jurídica, de modificar las reglas en plena ejecución y de asfixiar la inversión estructural.

La autorretención fue diseñada para facilitar el recaudo, no para presumir utilidades ficticias ni para convertir al contribuyente en un banco obligado a financiar al Estado. Petro impone, por decreto, un nuevo estándar de rentabilidad mínima que viola la libertad económica y desconoce los ciclos reales del sector productivo.

Este decreto (“depetro”) no mejora la eficiencia fiscal, sólo crea nuevos obstáculos, castiga la formalidad y promueve la evasión. La equidad tributaria no se construye con presunciones arbitrarias, sino con reglas estables, racionales y diferenciadas por sector.

Si no reaccionamos, si los contratistas guardan silencio y si las empresas extranjeras aceptan sin protestar, el mensaje para el país será claro: gobernar por decreto (“depetro”), atacar al que produce y aumentar la carga fiscal es posible, mientras nadie se atreva a decir nada.