El hecho de que Everth Bustamante, cabecilla indiscutible de la banda terrorista M-19 se haya convertido en uribista, no limpia, ni mucho menos, su pasado criminal.
Ahora que ha revivido el debate sobre la responsabilidad de ese grupo criminal en los hechos del Palacio de Justicia, recordando decisiones judiciales que para muchos juristas se mantienen vigentes toda vez que se trata de delitos de lesa humanidad –que son imprescriptibles–, es imprescindible afirmar que la responsabilidad de Petro y de Everth Bustamante es insoslayable.
El monumental informe de la Comisión de la Verdad elaborado por tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, establece que toda la cúpula del M-19 fue acusada formalmente por los delitos de rebelión, homicidio, tentativa de homicidio y secuestro. La decisión fue adoptada por el juzgado 30 de instrucción criminal, el 31 de enero de 1989, y vincula, entre otros, a Carlos Pizarro, Antonio Navarro, Otty Patiño –actual comisionado de paz de Petro–, Gustavo Petro y Everth Bustamante García.
Cuando se llevó a cabo el proceso de paz, los miembros de ese grupo delincuencial se acogieron a la ley 77 de 1989 que le concedía al presidente de la República, Virgilio Barco, facultades para otorgar indultos por rebelión, sedición y asonada, y delitos conexos.
Se lee en el informe de la Comisión, que tres años después, el 15 de mayo de 1992, «un juzgado de Orden Público ordenó la reapertura del caso (…). En esta oportunidad, la juez consideró que el delito de rebelión que había sido objeto de cesación de procedimiento no podía subsumir el de terrorismo. Recordó que los guerrilleros entraron al Palacio asesinando a sangre y fuego a los celadores de vigilancia privada y al administrador del edificio, y estos hechos no se podían considerar actos de combate. También estimó que el incendio constituía un acto de ferocidad y barbarie que no se podía subsumir en la rebelión».
Esa decisión tumbaba de facto el indulto de los terroristas, razón por la que, para superar el impasse, el Congreso de la República se apresuró a aprobar la tristemente célebre «ley de reindulto», en julio de 1992.
Pero el asunto no está superado. Las víctimas del Palacio de Justicia siguen luchando a brazo partido para que los responsables de esa brutal acción paguen por sus delitos.
Se ha conocido una entrevista de Everth Bustamante en la que anuncia el lanzamiento de un libro en el que, según él, pretende «demostrar» que el origen del M-19 es «democrático». Un dislate a todas luces. La legitimidad democrática nace del consentimiento libre, informado y no forzado de la población. Por el contrario, los grupos armados que recurren al terrorismo, como sucedió con el M-19, emplean el miedo, la destrucción deliberada de vidas civiles, el secuestro, la presión violenta sobre comunidades enteras, la desestabilización intencional de instituciones legítimas.
El terrorismo niega radicalmente el consentimiento, porque somete a la sociedad a un estado de terror incompatible con cualquier forma de autodeterminación. Everth Bustamante miente como un bellaco, puesto que no puede haber origen democrático donde se niega el derecho del otro a disentir sin arriesgar la vida. El M-19 fue una banda delincuencial de la más alta peligrosidad. Por eso, Pablo Escobar depositó en esa estructura su «confianza» para que ejecutara las acciones delincuenciales que para él resultaban de mayor importancia. Una de ellas, la toma del Palacio de Justicia.
Bustamante asegura que aquel asalto «fue una grave equivocación». No. Ese sustantivo es insuficiente. Lo sucedido en la sede de la rama judicial colombiana fue una brutalidad fuera de toda medida. Fue una acción abominable, infame, barbárica, despiadada y moralmente inaceptable, como inaceptable resulta cualquier intento por matizar lo ocurrido.
Los terroristas son guapos para amedrentar a la sociedad valiéndose de sus capacidades criminales, pero bastante cobardes a la hora de asumir sus responsabilidades. Todos los cabecillas supérstites del M-19 evitan poner la cara y admitir las consecuencias de lo ocurrido en el Palacio de Justicia, pretendiendo que los colombianos olviden que ese grupo ilegal tenía una línea de mando –esa misma que fue acusada por el juzgado 30 en 1989– que es responsable por las atrocidades cometidas.
Bustamante se desmarca de los hechos alegando que se encontraba delinquiendo en Panamá. Es un excusa frágil, puesto que la responsabilidad por línea de mando indica que el superior que tiene capacidad de control, y no impide los crímenes de sus subordinados, responde penalmente por omisión.
Resulta oportuno resaltar que el derecho internacional rechaza la defensa que se basa en la «ignorancia voluntaria» o en la «ceguera organizada», puesto que quien tiene poder y control, y no lo ejerce, facilita la comisión de crímenes.
Volviendo a la entrevista, Bustamante traza una línea con la que pretende dividir entre «el buen y el mal terrorista» para efectos de sustentar su argumento, o mejor sindicación, de que Petro era una suerte de chisgarabís sin mayor peso ni relevancia en el M-19.
En palabras suyas, «Petro no fue un hombre significativo, fue un hombre anodino en la historia del M-19. Ni en los hechos de la guerra ni en los hechos de la paz fue un hombre importante».
Continúa afirmando que «Petro ha mentido en su niñez, en su juventud, en su edad adulta y ahora, que está entrando en su edad ya mayor sigue mintiendo». Pero, aun, sin pretender defender al narcopresidente de Colombia, lo cierto es que Everth Bustamante carece por completo de la autoridad moral para erigirse en juez de la verdad ajena. Su trayectoria, pero sobre todo sus antecedentes criminales, lo sitúan en una posición especialmente frágil para dictar cátedra sobre honestidad o integridad. Quien participó de un proyecto que sirvió como estructura armada del cartel de Medellín, difícilmente puede presentarse hoy como referente de rectitud, o como custodio de la verdad histórica.
En últimas, no hay «ganador» en esta disputa entre Bustamante y Petro. Lo que se observa es un forcejeo entre dos figuras oscuras, de cuyas manos aún escurre sangre de personas inocentes. Ninguno de los dos es referente ético para la democracia: ambos provienen de un proyecto criminal que despreciaba la legalidad y la vida humana. Que hoy Bustamante pose de «acusador» de Petro, no lo convierte en un vocero legítimo, sino en un mero delator.
Es lamentable que antiguos terroristas tengan espacio en el debate democrático, cuando deberían estar a merced de la administración penitenciaria, purgando por el resto de sus vidas las penas que en justicia les corresponde.
Publicado: noviembre 24 de 2025
https://losirre.verentes.com/2025/11/disputa-entre-terroristas/