No es nuevo que los candidatos con mayor intención de voto reciban misiles de alto calibre. Nadie se desgasta disparándole a un aspirante que esté navegando en las agobiantes aguas del margen de error.
Desde que anunció su candidatura presidencial, a Abelardo De La Espriella se le ha pretendido descalificar por su ejercicio como abogado penalista, incurriendo en la falacia de identificarlo con sus clientes y, peor aún, con los hechos delictivos que estos eventualmente pudieron haber cometido.
Cicerón, uno de los arquitectos del pensamiento jurídico-político de occidente, fue cónsul de la República romana y célebre litigante en lo que entonces se denominaba causæ criminales et publicæ. Participó activamente en la confrontación de la conjura de Catilina y, gracias a su pericia jurídica y política, la República no sucumbió ante aquel atentado contra el Estado.
Abordemos el núcleo del debate en torno a Abelardo De La Espriella. De las múltiples personas que ha representado en su vida profesional, se pretende aislar un solo nombre –Alex Saab– para deslegitimar toda una trayectoria y cuestionar la legitimidad de su aspiración presidencial. En ese empeño, se insiste de manera artificiosa en las fechas de la defensa, como si el derecho a ser defendido dependiera del calendario o de la coyuntura política. Ese enfoque es jurídicamente irrelevante, porque el derecho de defensa no se concede por simpatía, oportunidad o reputación, sino que constituye una garantía estructural del Estado de derecho: existe, precisamente, para los casos difíciles, impopulares o incómodos.
En una democracia, toda persona tiene derecho a la defensa y todo abogado tiene derecho a ejercerla, sin que ello suponga adhesión moral, complicidad política o identidad con los actos del defendido. No está de más recordar las palabras del florentino Calamandrei: «la defensa es un órgano de la justicia, no un apéndice del delito». Bajo esa premisa, cuando el ejercicio profesional del abogado se somete al escrutinio político o moral, no se está evaluando una conducta jurídica, sino erosionando una de las columnas que sostienen el debido proceso y la vigencia efectiva de las libertades públicas.
No deja de resultar revelador que quienes hoy intentan descalificar a Abelardo por haber ejercido la defensa técnica de Alex Saab sean exactamente los mismos que guardan un silencio cómplice frente a la abierta legitimación del régimen venezolano por parte de su principal rival, Iván Cepeda. A estos críticos no se les ha oído, ni se les oirá, una sola palabra de reproche hacia el candidato socialcomunista por su cercanía –esa sí política– con antiguos miembros de la banda terrorista Farc, ni por su activismo público en favor del narcotraficante Jesús Sántrich, a quien llegó a exaltar como un «paladín conciliador», ni tampoco por su interlocución persistente y moralmente repugnante con Iván Márquez, responsable directo de crímenes atroces.
La paradoja es tan evidente como inquietante: se estigmatiza el ejercicio profesional de la defensa jurídica, pero se normaliza la afinidad ideológica, la interlocución política y la justificación pública de quienes han aterrorizado a la sociedad colombiana. No se trata, entonces, de una discusión sobre principios democráticos o ética pública, sino de un uso selectivo y oportunista de la indignación moral, aplicada con severidad contra el adversario y suspendida con indulgencia frente a los propios. En ese terreno, el problema ya no es De La Espriella, sino la hipocresía de quienes pretenden erigirse en jueces sin aceptar el mínimo escrutinio sobre sus propias alianzas y silencios.
La virulencia de los ataques sería infinitamente mayor –y no cuesta imaginarlo– si las extintas AUC hubieran bautizado a algunos de sus frentes con el nombre del padre de Abelardo; o si el candidato de la derecha hubiese publicado en alguna de sus redes sociales expresiones en las que se refiere a «nuestras fuerzas paramilitares»; o si se hubiera dedicado a recorrer cárceles dentro y fuera de Colombia en la búsqueda sistemática de falsos testigos para apuntalar acusaciones contra adversarios concretos. En ese escenario hipotético, la condena sería inmediata, unánime, estruendosa e inapelable.
Estamos frente a una insoportable y deliberada asimetría en la indignación. Hay conductas que se magnifican hasta el delirio cuando afectan a unos, y otras que se relativizan, se justifican o simplemente se omiten cuando comprometen a los propios. El debate, entonces, no es honesto. El país está presenciando un ejercicio selectivo del escándalo moral que confirma que el problema no gira alrededor de lo que se hace, sino de quién lo hace.
Ahora bien, si el debate va a plantearse en términos éticos, que lo sea sin excepciones ni jerarquías selectivas, y que alcance también a quienes han ejercido la primera magistratura del Estado. A Ernesto Samper, por su probado maridaje con el narcotráfico y la degradación institucional que ello implicó; a Andrés Pastrana por haber entregado una porción sustancial del territorio nacional a las Farc, decisión que no solo no condujo a la paz prometida, sino que fortaleció militarmente a esa banda terrorista; a Juan Manuel Santos, por habérsele entregado de lleno a Odebrecht,
El mismo rasero debe aplicársele a Iván Duque, por haber incumplido su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, al rehuir una respuesta firme frente a la violencia organizada de la estructura terrorista urbana primera línea ; y, con mayor razón, a Petro, cuya trayectoria personal y política constituye un prontuario de hechos que exigirían un escrutinio mucho más severo del que hoy se le aplica. Su biografía es, sin ambages, un expediente criminal.
O se examina a todos con el mismo rigor, o no se examina a nadie. Todo lo demás es impostura moral.
En definitiva, insistir en el expediente de Alex Saab como eje del ataque contra Abelardo De La Espriella no solo es un recurso intelectualmente pobre, sino una estrategia política estéril. No descalifica al candidato, no desmonta sus ideas ni interpela su proyecto; apenas revela la incapacidad de sus detractores para librar una controversia en el terreno que exige la democracia. Quien no puede refutar propuestas, se refugia en la estigmatización. Si el propósito es derrotar a De La Espriella, el camino no pasa por desacreditar su ejercicio como abogado, sino por confrontar sus propuestas de país. Al final, la ciudadanía tiene la última palabra, y será ella la que decida si le entrega el gobierno a un compinche del terrorismo, o a un garante de la libertad.
Publicado: enero 14 de 2026
https://los-irreverentes.com/2026/01/el-caballito-saab/