Entre todas las instituciones de Colombia, sin la menor duda la más desacreditada es el Congreso de la República. Eso no obedece a ninguna campaña política de desprestigio, sino a que sencillamente el Congreso se ha sumergido en lo más bajo, abyecto y deshonroso de la corrupción.
El origen de esta tragedia no está en el actual gobierno, aunque sea el responsable de llevar la corrupción de la clase política a niveles inimaginables. El naufragio moral del Congreso comenzó con la Constitución de 1991, que pretendió controlar a los congresistas a través de los nefastos “auxilios parlamentarios”, que era la adjudicación de sumas ingentes del presupuesto, para que ellos las administraran en beneficio de sus regiones.
¡Y pasó lo que tenía que pasar! Esos dineros no se usaron para beneficiar ninguna región, sino para financiar y enriquecer los bolsillos de la clase política, que sencillamente se robaba los recursos sin ejecutar obra alguna.
Desde entonces los diversos gobiernos han tratado de camuflar esta podredumbre, pero al más puro estilo de la corrupción política, la solución fue cambiarle el nombre por el de “cupos indicativos”. Desde entonces, todo sigue peor…
Un gobierno mafioso
Pero llegó el gobierno de Petro y lo que era el mayor cáncer de corrupción del Estado se catapultó a niveles desenfrenados. El Gobierno tomó la decisión inimaginable de comprar el Congreso, al más puro estilo de Pablo Escobar y de su ejército de matones. En otras palabras, la relación del Gobierno con los congresistas se define con un concepto sacado del mundo novelesco de los Corleone: “O se vende o se vende”.
Con esa premisa llevamos dos años y medio observando cómo el dinero corre a raudales por los elegantes salones donde antes se aprobaban leyes más o menos honorables; se hacían debates más o menos inteligentes; figuraban políticos más o menos respetables; pero donde a pesar de todos los defectos de la política se guardaba el decoro y los congresistas de la República eran figuras de prestigio nacional.
Pero ahora, el Congreso de Colombia se ha convertido en una verdadera cloaca rebosante de perversión, donde la mayoría son delincuentes que deberían estar presos. Sin duda, todavía hay unos pocos congresistas honorables, pero como no faltarán los que digan que exagero, veamos algunos acontecimientos recientes.
La compra del Congreso de la República
El año pasado el Gobierno necesitó el visto bueno de la Comisión de Crédito Público del Congreso para gestionar un crédito externo por $5.000 millones de dólares (22 billones de pesos). Para obtener el visto bueno de los seis congresistas encargados de aprobar la operación de crédito, la UNGRD (Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres) les otorgó contratos por 70.000 millones de pesos (US $17 millones). Sobra decir que el Gobierno recibió y se gastó esa fabulosa suma de dinero, pero nadie sabe en qué.
También, el año pasado un grupo de congresistas acudió al INVIAS (Instituto Nacional de Vías), entidad del Estado que construye las carreteras, otorga las concesiones viales y recauda el dinero de los peajes. Exigieron la adjudicación de contratos para la construcción de carreteras a cambio de votar favorablemente las reformas del gobierno. Las primeras investigaciones de la Corte Suprema de Justicia indican que esos contratos ascienden a $350.000 millones de pesos (US $85 millones) y los implicados son 7 senadores y 20 representantes.
En otro escándalo, los presidentes del Senado y de la Cámara recibieron $3.000 millones y $1.000 millones respectivamente, dinero en efectivo que les fue entregado en maletas por Sandra Ortiz, directora de la Consejería para las Regiones. Con ese dinero los compraron para que hicieran aprobar las reformas.
Las investigaciones las adelanta la Corte Suprema de Justicia con fundamento en las confesiones de los principales implicados en esa cloaca de corrupción. Entre ellos, Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales exfuncionarios de la UNGRD; Sandra Ortiz, ex consejera para las Regiones; y María Alejandra Benavides, asesora del exministro de Hacienda, Rodrigo Bonilla.
El impresionante entramado de corrupción fue montado por los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; del Interior, Luis Fernando Velasco; de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; y el ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González.
El ministro de Hacienda giraba los fondos ilimitados para comprar a los congresistas a cambio de aprobar las reformas, mientras que los otros ministros organizaban los contactos y los pagos corruptos. La suma de dinero comprometida en estos escándalos, que incluyen los desfalcos realizados en La Guajira, ascienden a $700.000 millones de pesos (US $170 millones de dólares), con la alta probabilidad de que la suma crezca hasta el doble de ese valor.
¡Sin duda, un fantástico ejemplo de democracia!
En Colombia, pareciera que retrocediéramos a los tiempos macabros de Nerón, Calígula y Caracalla, emperadores romanos que fueron responsables por las mayores depredaciones de la antigua Roma, que con sus extravagancias fueron preparando los funerales del Imperio.
Para no intoxicar más a los lectores con tanta pestilencia, bueno es recordar que Armando Benedetti, el político más corrupto del Gobierno, responsable por el fraude de las elecciones presidenciales, ahora fue nombrado ministro del Interior y maneja las relaciones del Gobierno con el Congreso. Un sujeto indecente, con siete procesos criminales en la Corte Suprema de Justicia por actos de corrupción, que cada uno de ellos sería suficiente para condenarlo a varios años de cárcel, pero que no avanza ninguno porque están estancados inexplicablemente desde hace años. En su primera actuación como ministro, hizo aprobar la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, abriendo paso a un genocidio programado para matar a los colombianos al demoler el sistema de salud vigente.
Colombia es una vergüenza para las generaciones futuras
Esta semana la Corte Suprema ha confirmado las sentencias condenatorias contra el ex presidente de esa misma Corte, Francisco Ricaurte, a 16 años de prisión; y del exmagistrado Gustavo Malo, a 9 años de prisión. Ambos conformaron el Cartel de la Toga, que eran los magistrados de la Corte vendiendo fallos absolutorios por millones de dólares, y desapareciendo procesos contra los políticos implicados en las corruptelas de los gobiernos anteriores.
Sin embargo, sigue sin avanzar el juicio contra el gran jefe de la mafia infiltrada en la Corte, el también expresidente Leónidas Bustos, quien se fugó a Canadá, donde no hay extradición. Mientras tanto, Colombia espera que la Corte termine pronto todas las investigaciones mencionadas y haga justicia, pues este es el clamor de la Colombia profunda, conformada por la gente honesta que ama a su Patria, pero ve con impotencia que está gobernada por sátrapas.
7/03/2025 | Por Eugenio Trujillo Villegas | Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción | trujillo.eugenio@gmail.com
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