El corrupto Roa

Por sentido común, la situación de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no puede tratarse como un asunto menor ni exclusivamente personal. La imputación de cargos ya anunciada por la Fiscalía General de la Nación por presuntas ilegalidades cometidas cuando actuó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, relacionadas con la financiación de dicha campaña, se suma a los serios interrogantes sobre el origen no esclarecido y la forma de adquisición del apartamento en el que reside en Bogotá.

Es cierto que, en un primer plano, se trata de un proceso que lo concierne personalmente. Será él quien deba responder ante la justicia, controvertir las acusaciones y someterse a las decisiones de los jueces. Ese es el curso normal en un Estado de derecho. Sin embargo, el problema no se agota en esa dimensión individual. Existe un trasfondo público que no puede ser ignorado y que tiene que ver con el cargo que hoy ocupa: la presidencia de la empresa más grande y estratégica de Colombia.

En casos como este cobra pleno sentido aquella expresión según la cual «renunciar es morir un poco». Hay personas para las cuales abandonar el poder resulta inconcebible, aun cuando su permanencia cause un daño evidente. Roa se ha aferrado a un cargo del que debió apartarse desde el momento mismo en que comenzaron los cuestionamientos serios en su contra. Su continuidad no es inocua: afecta directamente a Ecopetrol como institución y deteriora su credibilidad ante el país y los mercados.

No puede olvidarse que Ecopetrol cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la Bolsa de Nueva York. Los inversionistas, dentro y fuera del país, no tienen por qué sentirse tranquilos cuando la presidencia de la compañía está en manos de una persona señalada por la justicia colombiana por hechos graves y delicados. La confianza es un activo esencial en una empresa listada internacionalmente, y esa confianza se resquebraja cuando su máximo directivo enfrenta imputaciones penales.

Pero hay un aspecto adicional que no puede quedar al margen. Ojalá esta imputación sirva también para que, de una vez y para siempre, se esclarezcan los múltiples actos de corrupción que se han venido denunciando en Ecopetrol desde que Roa asumió la presidencia de la compañía. Hechos que, según múltiples versiones y denuncias públicas, se habrían cometido bajo su mirada cómplice o, en el mejor de los casos, bajo una impericia inaceptable para quien dirige una empresa de esa magnitud. En cualquier escenario, resulta igualmente grave que tales prácticas hayan prosperado con su aquiescencia, con su tolerancia o bajo una suerte de bendición tácita que permitió que la corrupción se enquistara en la administración de la empresa.

Por eso, la pregunta central no es solo por qué Roa no renuncia, sino qué está haciendo la junta directiva. La junta está llamada a velar por los intereses de la empresa y, en una situación como esta, también por los intereses de los inversionistas. No se trata únicamente del Estado colombiano como accionista. Hay millones de personas en Colombia y en el mundo que han depositado su confianza y su dinero en Ecopetrol y que hoy no saben con claridad cuál será el futuro de una empresa presidida por alguien en condición de imputado.

Roa es una figura ampliamente cuestionada y cuestionable, rodeada de sombras que nunca debieron ser compatibles con la presidencia de Ecopetrol. Su llegada al cargo fue un error; su permanencia, en las actuales circunstancias, resulta insostenible. De ahí que lo que se impone no sea la espera pasiva ni el silencio cómplice, sino una intervención inmediata de la junta directiva y la destitución del presidente. No hacerlo equivale a poner en riesgo la institucionalidad, la confianza del mercado y el futuro de una empresa que pertenece, en última instancia, a todos los colombianos y a miles de inversionistas en el mundo.

@IrreverentesCol

Publicado: febrero 10 de 2026