El costo financiero de la democracia y el negocio de algunos medante la reposición de votos

Nadie discute razonablemente que mantener el funcionamiento de la democracia a través de las elecciones periódicas exige un costo financiero. Pero hay sistemas y modelos para este financiamiento y además es menester distinguir entre el costo de las elecciones, que demanda múltiples gastos en materia de impresión de votos, urnas para recibir los sufragios, contratación de miles de personas para distintas funciones, transportes del material y otros servicios logísticos, campañas publicitarias y pedagógicas para incentivar la concurrencia de los electores a las urnas, costo de consultas interpartidistas, etc. Este cuantioso gasto crece todos los años con el aumento del número de electores, candidatos y centros de votación y la inflación.

El enorme costo anterior se acrecienta con la reposición en dinero de los votos obtenidos por los precandidatos en las consultas y en las elecciones. Este financiamiento del Estado existe en varios y diversos países democráticos, pero en Colombia algunos políticos y burócratas han convertido los eventos democráticos y la reposición en un negocio rentable. Políticos incapaces de producir ingresos por su trabajo y emprendimiento en el sector privado y acostumbrados a vivir de los recursos públicos encuentran en el actual modelo de reposición vigente la oportunidad de recibir cuantiosos recursos públicos. Repasemos sucintamente algunas cifras elocuentes que indican que hacer política minúscula para obtener reposición de dinero de parte del Estado y de paso financiar sus egos y vanidades y su presencia innecesaria en la escena pública es un rentable negocio y un enorme gasto fiscal de un Estado con una grave crisis de las finanzas públicas y un elevado y costoso endeudamiento público (Colombia el segundo lugar mundial por su alto déficit fiscal, superior al 7% del PIB).

El Consejo Nacional Electoral, con autonomía presupuestaria independiente de la Registraduría, cuenta con una caja por valor de 1 billón de pesos. Se ha cuestionado el uso de esos recursos públicos, pero tal cuestionamiento no ha tenido ningún efecto positivo, similar a los cuestionamientos que diversos sectores y analistas han formulado por el gigantismo burocrático de los entes de control como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. La sola consulta de octubre pasado del Pacto Histórico costó una enorme suma, que inicialmente se calculó en 200 mil millones de pesos. El CNE en un año aumentó el valor de la reposición por voto en un 224% y el tope del gasto de las campañas en un 205%. El valor de reposición del voto se triplicó al subir de $ 2.555 pesos a $ 8.287. Importa recordar que el tope de gastos fijados para las consultas de $18.555.251.4777 y para la elección presidencial la suma asciende a $37.110.502.954.

En Chile, por ejemplo, el valor de la reposición por voto es cinco veces inferior al de Colombia para la primera vuelta presidencial, y es apenas la novena parte en la segunda vuelta del valor por cada voto del pagado en nuestro país. El modelo costosísimo de reposición de voto vigente en Colombia, y el relativismo ético y la omisión de deberes constitucionales por parte de varios órganos de control político, ha permitido una reposición de votos según algunas publicaciones para la campaña presidencial de Petro por una cuantía de $93. 578.000 millones, campaña que ha sido cuestionada por el mismo CNE por exceder el tope y por algunas partidas contables falsas o irregulares, y acusada de recibir dineros ilícitos por varias personas, entre otras por el propio hijo del Presidente y por su secuaz y actual ministro del Interior, Benedetti. El gerente de esa campaña y actual Presidente de Ecopetrol, cuestionado por su perniciosa gestión al frente de la principal empresa nacional, viajó, fresco y orondo, a Washington acompañado al Presidente Petro con motivo de su cita con el Presidente Trump.

En la Consulta del 8 de marzo figuran precandidatos con menos del 1% y la mayoría con porcentajes inferiores al umbral del 3% exigido para las elecciones presidenciales, y recibirán sumas millonarias por reposición de sus insignificantes votos obtenidos. Entre las asignaturas de la reconstrucción y mejor funcionamiento de nuestra institucionalidad, debe incluirse la reforma del actual sistema de reposición de votos y una mayor control de los recursos públicos asignados al CNE.. Un país múltiples y enormes necesidades, con una crisis fiscal sin precedentes, con más de treinta mil familias que lo han perdido todo, sus casas, sus muebles y sus cosechas y cultivos en regiones del Caribe colombiano, no puede incurrir en el derroche de recursos públicos en consultas que como la del 8 de marzo no contribuyen realmente a fortalecer la democracia y evitar su fragmentación en una multiplicidad de precandidaturas sin suficiente arraigo popular.