El dominó de funcionarios de Palacio imputados por escándalo en Ungrd

EL EXDIRECTOR del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), Carlos González, en pocos días será imputado por la Fiscalía por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, investigado por el escándalo de corrupción en la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). Es el segundo exfuncionario de la Casa de Nariño a quienes el ente acusador atribuye responsabilidad en estos hechos, pues ya lo hizo en el caso de Sandra Ortiz, quien fue consejera para las Regiones y que está privada de la libertad desde mediados de diciembre pasado.

La Fiscalía hizo ayer la solicitud ante el Tribunal Superior de Bogotá de una audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra González Merchán, señalado por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, de ser el funcionario que le dio instrucciones para presuntamente entregar $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name; y $1.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, supuestamente para que favorecieran la aprobación de las reformas sociales del gobierno, laboral, pensional y de salud.

López sostiene también que las instrucciones en ese sentido se las dieron en una reunión el 21 de septiembre de 2023 en la oficina que tenía entonces González en la Casa de Nariño como director del Dapre, y en la que asegura participaron otros altos funcionarios del Gobierno, entre ellos algunos ministros.

Por los señalamientos de Olmedo López, así como de Sneyder Pinilla, quien fue subdirector para el Manejo de Desastres en la Ungrd, la Fiscalía abrió una investigación el pasado 18 de julio al entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; a Carlos González, quien días después renunció a la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia; y al exministro del Interior Luis Velasco.

Durante este tiempo la Fiscalía adelantó varias pruebas en la investigación a González. Las fiscales Cristina Patiño y Andrea Muñoz rastrearon sus cuentas bancarias y los movimientos financieros que realizó; también analizaron información de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para establecer si hubo transacciones que se pudieran considerar sospechosas durante su gestión en el Dapre y luego al frente de la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Igualmente, la Fiscalía verificó el celular de Carlos González con el fin de determinar llamadas, mensajes de WhatsApp para la época de los hechos que puedan servir en la investigación.

En la audiencia de medida de aseguramiento el pasado 30 de agosto contra Olmedo López, la fiscal delegada María Patiño dijo que “entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por $60.000 millones para Iván Leonidas Name Vásquez y por un poco más de $10.000 millones para Andrés David Calle Aguas, contratos que posteriormente se cambiaron por $3.000 millones en efectivo para Name Vásquez y $1.000 millones en efectivo para Calle Aguas”.

González renunció el 26 de julio del año pasado a seguir al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, “mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación”, dijo en su carta de renuncia, en la cual también enfatizó que “mi inocencia es irrefutable”.

Por otro lado, el representante a la Cámara, Cristian Avendaño, envió una comunicación al Consejo de Control Ético del Partido Alianza Verde, en la que pide la expulsión de Carlos González de la colectividad por estar supuestamente implicado en estos hechos de corrupción.

Sandra Ortiz

Para el 12 de junio próximo fue reprogramada la audiencia en la que la Fiscalía acusará a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La diligencia se iba a verificar el pasado 10 de abril, pero fue pospuesta por solicitud de la defensa intentando ganar unos días para presentar una nueva matriz de colaboración con la justicia, después de que esta entidad negó un principio de oportunidad porque determinó que la información que entregó la exfuncionaria sobre otras personas que habrían participado en estos hechos de corrupción es “confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones”.

La Fiscalía dio por hecho el testimonio de Sneyder Pinilla, quien dijo que entregó $3.000 millones a Ortiz para que los llevara al entonces presidente del Senado, Iván Name.

“Usted ejerció influencias indebidas producto de su importante cargo como consejera presidencial para las regiones adscrito al Dapre sobre el director de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez, entidad funcionalmente dependiente del Departamento Administrativo anteriormente mencionado, influencias con las cuales usted transgredió los parámetros de comportamiento que le exigían anteponer el interés general al particular y ceñir su conducta a los principios rectores de la función pública”, dijo la fiscal del caso el pasado 29 de noviembre en la imputación a Ortiz.

Otros exfuncionarios del Gobierno comprometidos

Los primeros exfuncionarios de este Gobierno condenados por el escándalo de corrupción son Sneyder Pinilla, en la Ungrd exsubdirector para el Manejo de Desastres, a cinco años y ocho meses de prisión; Pedro Rodríguez Melo, exasesor de la Dirección de esta entidad, a 4 años de prisión; y Luis Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de la Ungrd, a tres años y siete meses de prisión.

También el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, con quien la Fiscalía suscribió un acuerdo, sería condenado por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, y cumpliría una pena de 7 años, 1 mes y 12 días de prisión. Así mismo, la Fiscalía abrió investigación el pasado 18 de julio a Ricardo Bonilla, quien era ministro de Hacienda; Luis Velasco, quien era ministro del Interior.

Igualmente, el organismo imputó la semana pasada a María Benavides el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta intervención en el direccionamiento de contratos en la Ungrd en favor de congresistas.

También la Fiscalía el martes pasado radicó solicitudes de imputación en contra de ocho presuntos involucrados, entre ellos César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; y Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública por el delito de lavado de activos.