El fraude de Cepeda encontró un muro

La extrema izquierda colombiana es particularmente hábil, mañosa y tramposa. No entiende el Estado de derecho como un límite a su conducta, sino como una herramienta que se usa cuando sirve y se desecha cuando estorba. Para ese sector, la ley no es un marco de convivencia, sino una plastilina que se estira, se tuerce y se deforma según la conveniencia política del momento. Ha hecho de la administración de justicia un arma para perseguir a sus opositores, para fabricar montajes judiciales y para ejecutar auténticos esguinces a la ley. Cuando los jueces, las autoridades o las instituciones fallan a su favor, celebran con cinismo que la justicia ha hablado. Pero cuando son sorprendidos en sus trampas, cuando las instituciones no se prestan para sus fechorías ni aceptan ser cómplices, entonces cambian de discurso: gritan persecución, se declaran víctimas y corren a mendigar respaldo ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un intento burdo por desacreditar a las instituciones que no lograron someter.

En esa lógica de viveza permanente se mueve Iván Cepeda, un tramposo consumado y un maniobrero sin escrúpulos que intentó torcer la ley para su propio beneficio. Cepeda pretendía volver a participar en una consulta en el mes de marzo, pese a que la norma es diáfana y no requiere malabarismos interpretativos: ninguna persona, ningún partido, ningún movimiento puede participar en dos consultas. Cepeda ya lo había hecho en octubre. Y no solo participó: ganó, y ganó con una votación significativa que le representó al Estado más de diez mil millones de pesos en reposición de votos. Pero ni siquiera semejante botín fue suficiente. Quiso repetir, quiso abusar, quiso volver a competir en marzo, confiando —como suele ocurrir en su orilla ideológica— en que alguna rendija institucional le permitiera salirse con la suya.

Esta vez no lo logró. El Consejo Nacional Electoral tomó la decisión correcta, algo que no suele ocurrir y que por eso mismo merece ser destacado. El CNE es un cuerpo colegiado, político, generalmente mediocre, integrado en buena parte por abogados de cuestionable catadura moral, más atentos a equilibrios partidistas que al derecho. Sin embargo, en esta ocasión —por una mayoría estrecha, apretada, pero suficiente— actuó conforme a la ley e impidió que Cepeda consumara una nueva trampa. No fue un acto de valentía: fue simplemente cumplir la norma, algo que se ha vuelto excepcional en la Colombia de hoy.

Lo que viene ahora es perfectamente previsible. Hay que prepararse para el zafarrancho que el socialcomunismo va a montar. Vendrán los alaridos, las denuncias histéricas, los ataques contra las instituciones y la habitual cantaleta de la persecución política. Y, como ya lo han hecho antes, intentarán trasladar su frustración a las calles. No se puede olvidar lo ocurrido hace cuatro años, cuando calentaban motores para la campaña de Gustavo Petro: incendios, bloqueos, violencia, terrorismo urbano. Colombia fue sometida al miedo como método político. Se intimidó a todo un país para allanar el camino hacia una victoria que no fue limpia ni producto exclusivo de la democrática.

El triunfo de Petro en 2022 fue el resultado de una convergencia de factores ilegales. Por un lado, la violencia organizada, el chantaje del caos, el terrorismo disfrazado de protesta social. Por otro, el dinero sucio del narcotráfico, cuya presencia ha sido señalada, documentada y reiterada a lo largo de los años. Nada de eso fue casual. Nada de eso fue marginal. Todo obedeció a una estrategia deliberada.

El petrismo es un proyecto autoritario que avanza a punta de trampas, intimidación y chantaje institucional. Cuando no logra capturar a la justicia, intenta deslegitimarla; cuando no puede torcer la ley, destroza al país; y cuando fracasa en su intento de imponer su voluntad, se disfraza de víctima y clama auxilio internacional. No hay error ni ingenuidad en su conducta: hay método, hay cálculo y hay desprecio por las reglas mínimas de la convivencia democrática. Por eso, cada vez que una institución se mantiene en pie, cada vez que una autoridad se niega a obedecer sus caprichos, no estamos ante una injusticia ni una persecución, sino ante un acto de resistencia del Estado frente a quienes no creen en la ley, no respetan la democracia y no aceptan límites distintos a los de su propia ambición de poder.

Publicado: febrero 5 de 2026