El noticiero digital Impacto 24/7, de Bogotá, reveló este 18 de enero que fuentes de alto nivel afirman que el gobierno de Gustavo Petro ha estructurado un vasto sistema de vigilancia ilegal, electrónica y humana, sin respaldo judicial, contra personas, partidos y grupos que él cataloga como “opositores” (1).
Parece que los miembros de la lista han sido víctimas de interceptaciones telefónicas y seguimientos permanentes. La alerta surge en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
El noticiero afirma que la lista de las personas “perfiladas” por el gobierno incluye políticos, periodistas, senadores, exministros, alcaldes, jueces, influenciadores, actrices y hasta directivos del Banco de la República y funcionarios del Estado. Según esa fuente, Petro considera que todos ellos deben ser “monitoreados” para “anticipar contraargumentos, identificar estrategias de campaña y establecer quiénes dirigen la oposición”.
Tal excusa es ilegal. Eso de “monitorear”, es decir espiar, a las personas para “anticipar contraargumentos, identificar estrategias de campaña y establecer quiénes dirigen la oposición” viola los derechos de la persona. Es un ataque a la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de investigar, de informar y de recibir información veraz e imparcial. Viola el derecho a fundar medios de comunicación. Son derechos garantizados por los artículos 18, 20 y 27 de la Constitución Nacional.
El derecho a la vida privada hace parte de los derechos personalísimos. “La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”. “En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Todo eso dice el artículo 15 de la CN.
Se trata, pues, de una operación arbitraria que pretende censurar y controlar, mediante la intimidación y la fuerza, lo que las personas piensan, expresan, dicen en privado o de manera pública. De hecho, es una forma silenciosa e hipócrita de anular las garantías constitucionales de los colombianos.
El noticiero no dice cuándo comenzó esa operación, ni dónde opera el grupo dedicado a tal fechoría. Pero sí menciona los órganos del Estado involucrados en esa actividad. Estos son tres: el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Impacto 24/7afirma que su fuenteno dio la lista completa de las personas que sufren tales tratos. Sin embargo, ésta permite deducir que es una operación ambiciosa que va en varias direcciones.Entre las figuras de la oposición aparecen Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Enrique Gómez Martínez, director del partido Salvación Nacional; Jorge Enrique Robledo, exsenador; Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático; Jaime Arizabaleta, abogado y candidato a la alcaldía de Cali; Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá; Carlos Meisel Vergara, senador; Enrique Cabrales, senador y Juan Alberto Londoño, exministro.
Entre los “monitoreados” están además el influencerLuis Aníbal Rincón Arguello, la actriz de televisión Ana María Abella, Carlos Escobar, hacker y experto en marketing digital multicarta y Vene de Col.
En junio de 2024, Luis Aníbal Rincón sugirió que existía un “Grupo Orión”, encargado de vigilar a periodistas y opositores, bajo la dirección de Carlos Ramón González, director de la DNI.
Solo seis periodistas son mencionados por la fuente: Luisa María Sierra, directora del matutino de Medellín, El Colombiano; Santiago Ángel, de La FM; Sebastián Nohora, de Blu Radio; Ricardo Calderón, de la revista Semana; y Johana Álvarez, de Noticias Caracol yAlejandro Villanueva, periodista amenazado de muerte. La lista de periodistas bajo “monitoreo”, advirtió, es mucho más larga.
También son objeto de escuchas varios miembros (no identificados) de la junta directiva del Banco de la República, algunos magistrados (no identificados) y la fiscal Lucy Laborda, que instruye el expediente de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro.
Según Impacto 24/7, preocupa mucho el hecho de que los tres organismos involucrados en esa vigilancia especial están bajo la dirección de petristas recalcitrantes, algunos con trayectorias delincuenciales en el pasado, como es el caso del actual director de la DNI, René Guarín, quien participó en operaciones de secuestro en tiempos del M-19 (2), y como el anterior director de la DNI, Carlos Ramón González, otro ex guerrillero del M-19.
La UNP suscita desconfianza. Su director, Augusto Rodríguez Ballesteros, ex militante del M-19 y hombre de confianza de Gustavo Petro, es objeto de una investigación judicial por el asesinato del senador de oposición Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, en Bogotá. La justicia busca determinar si hubo deficiencias en los protocolos de protección de la UNP asignados al senador Uribe. Tras el atentado, la Procuraduría admitió que, desde 2023, el partido Centro Democrático había pedido a la UNP, sin efecto alguno, que fortaleciera los esquemas de seguridad de sus líderes y candidatos.
Del “monitoreo” a las agresiones físicas
Algunos hechos permiten pensar que la hostilidad del gobierno contra las personas citadas entró en la fase de intimidaciones. El 14 de enero de 2026, Daniel Briceño y la joven influencer anti-petrista Jerome Sanabria, 17 años, estaban en Bogotá distribuyendo volantes de campaña en una calle cuando se vieron rodeados por un grupo de encapuchados, armados de garrotes. En un video, Briceño señaló: “Gritaban que nosotros éramos unos vendidos al capital, que Washington nos había lavado la cabeza, que éramos partidarios de Donald Trump y defensores del oligopolio, esa estupidez que se han inventado aquí y que el Pacto Histórico les ha metido a los jóvenes en la cabeza”. Jerome Sanabria detalló por su parte que se vieron en medio de un “cerco hostil” y sufrieron “agresiones físicas leves”. “Nos acorralaron, nos insultaron y hasta nos escupieron”.
Dos días después, Hollman Morris, militante de extrema izquierda y polémico gerente de RTVC (3), se sumó al hostigamiento: amenazó con demandar penalmente a Daniel Briceño. El candidato a la Cámara de Representantes es conocido por haber criticado, entre otras cosas, el uso abusivo de los medios públicos tutelados por RTVC para hacer propaganda petrista y la utilización de métodos despóticos contra el personal de esas entidades. Briceño subraya que RTVC y su gerente “censuran, mandan a perseguir opositores, mienten, acosan mujeres, atacan a quien piensa distinto, crean falsas narrativas, sólo hablan bien de Petro y despiden a quien no venera a su director”. No es el único que denuncia tal estado de cosas. El 29 de agosto de 2024, Martha Selene Lozada Cardozo, ex funcionaria de RTVC, acusó a Morris de ser responsable de maltrato, explotación y acoso laboral en esa entidad. Silvana Orlandelli, directora de Señal Colombia, también criticó la gestión de Morris.
Lamentablemente, la alerta lanzada por Impacto 24/7no parece haber sido entendida por los políticos y candidatos en campaña presidencial ni por los medios de información quienes podrían ser los más perjudicados por el dispositivo develado de vigilancia ilegal, electrónica y humana.
(1).- https://www.youtube.com/channel/UCZpfcTQ1Axhd4Zien7fWL_w
(2) Ver el articulo La DNI y la supervivencia de la nación colombiana en La Linterna Azul: https://lalinternaazul2.wordpress.com/2026/01/19/colombian-news-la-dni-y-la-supervivencia-de-la-nacion-colombiana/
(3).- RTVC es un elefante blanco que tutela los canales públicos de televisión Señal Colombia y Canal Institucional y las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica, además de regir Señal Memoria y los canales regionales de televisión.