“El que gobierna no está llamado a administrar equilibrios, sino a imponer un orden fundado en una concepción del bien y del deber.” —Laureano Gómez, El Ideal Conservador (1951)
Hay momentos en la historia, donde la indulgencia se confunde con sensatez, y el cálculo con sabiduría. En esos momentos, el moderado no es brújula ni timón: es una veleta. Oscila entre voces, aplaza lo urgente, negocia con lo imposible. Cree que la paz se construye con silencios, no con decisiones difíciles; que gobernar es ceder lo suficiente como para no incomodar, pero sin perder del todo la compostura. Pero la historia no absuelve a los que se limitan a quedar bien.
Se prometió la Paz Total. Una arquitectura de acuerdos simultáneos, sin jerarquía ni exigencia, con más de 110 estructuras y subestructuras armadas que pertenecen a un grupo de veintidós organizaciones criminales que manifestaron su intención de dialogar por la Paz Total. El ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, Los Caparros, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, Shottas y los Espartanos, entre otros. Todos elevados a la condición de interlocutores respetables con empatía por la sociedad cansada de violencia. Pero mientras el número de mesas de diálogo crecían, el perímetro del Estado y la autoridad retrocedía ante el crimen y la impunidad.
No se trata de rechazar la escucha, ni de desconocer que existen comunidades que, con voluntad y estructura, han transformado la violencia en caminos de paz cuando el Estado y la sociedad han sabido encontrarse. Pero son la excepción, no la regla, y hoy no es el caso. Desde agosto de 2022 hasta marzo de 2025 se han registrado 184 masacres, más de 115.000 personas desplazadas en un solo año, y diecisiete departamentos bajo presión de bloqueos o asonadas. Solo en 2024 hubo 801 bloqueos en las carreteras. La economía ilegal —que supera los 22 billones de pesos anuales— opera con reglas, jerarquías, impuestos y, sobre todo, dominio territorial, facilitado por la instrumentalización de comunidades indígenas y de la ciudadanía, convertidas muchas veces en escudos o engranajes de estructuras criminales.
En Buenaventura, las bandas Shottas y Espartanos —ahora con presencia transnacional que se extiende hasta Chile— fueron integradas a procesos de diálogo mientras ampliaban su control territorial. Actualmente dominan barrios, rutas estratégicas, alianzas y mercados. No es una metáfora: se trata de una forma de gobierno en la que el miedo opera como política pública informal. En lo que va del año, más de 250 negocios han cerrado, y tanto colegios como universidades están siendo asfixiados por la extorsión y la violencia. ¿Para negociar qué, exactamente?
En zonas rurales de Dagua, Jamundí, El Águila, Tuluá, Trujillo y Florida, el control armado se ha naturalizado. Hay corregimientos enteros donde la autoridad entra bajo advertencia, y los grupos ilegales regulan la vida cotidiana. Se disputan rentas, imponen normas, controlan economías, se infiltran en elecciones locales. El Valle del Cauca que alguna vez se pensó era la periferia del conflicto es hoy uno de sus epicentros. La institucionalidad decora la impunidad. Las alcaldías trabajan bajo amenaza con instrucción desde la selva y el fusil. Donde el Estado no presta servicios de salud o ejecuta obras sin cita previa. Los líderes sociales piden permiso para caminar en sus propios territorios. Ante eso, el moderado ofrece diálogo, y con él, más impunidad.
Ante la debacle, el moderado aun piensa que subsidios fugaces donde hay extorsión, ferias de emprendimiento donde no hay empleo, liderazgo emocional donde hay hambre puede ser la salida hacia la justicia social. Se administra la violencia con contratistas y fundaciones. El crimen, por su parte, no improvisa. Recauda, ordena, impone. Sustituye al Estado no porque quiera, sino porque puede. Porque donde la autoridad renuncia, la impunidad encuentra reemplazo. Y el moderado, que teme el conflicto más que la injusticia, lo entrega todo para evitar una disputa.
La acción del moderado la vimos antes. En El Salvador, la tregua con las maras permitió a la MS-13 y Barrio 18 consolidar su control social y carcelario, y fortalecerse políticamente. En Brasil, la llamada pacificación terminó por ceder territorios al Comando Vermelho y al Primer Comando da Capital, que hoy gobiernan desde las favelas con lógica paramilitar. En Ecuador, el diálogo informal con bandas carcelarias derivó en masacres, control portuario y captura institucional por parte de los Choneros y los Lobos. En todos los casos, el resultado fue el mismo: el moderado negoció sin transformar, dialogó sin autoridad, y el crimen ocupó lo que la política no quiso defender.
Y, sin embargo, el moderado —aquí como allá— persiste. Afirmará que negociar es realismo, que ceder es un acto de humanidad. Persiste porque cree que toda tregua es un avance, que toda negociación implica una ganancia, que basta con sentarse a dialogar para que todo mejore. Cree que sin tregua no hay cosecha, ni aula, ni retorno. Como si no viera lo evidente. O peor aún, como si creyera que la ilusión de paz vale más que su sustancia.
En su afán de no incomodar, el moderado pierde el juicio y acaba siendo cómplice de su propia derrota. Porque hay principios que no se negocian. Porque hay silencios que pesan más que la violencia. Y porque una paz que lo entrega todo no es paz: es rendición.
Y es entonces —cuando todo se disfraza de diálogo mientras el miedo impone su ley— que quienes estudiamos el crimen y la violencia, y sabemos reconocer sus máscaras, debemos hacer de la palabra un acto de conciencia.
7/04/2025 | Por Willy A. Valdivia Granda