El pasado 18 de marzo, Gustavo Petro, ante una manifestación de sus partidarios en la Plaza de Bolívar, insultó a las mayorías del país que se oponen al régimen atroz que él preside. Insultó a los congresistas, a los alcaldes, a los empresarios y a los líderes políticos que no aceptan las tropelías del régimen agónico. Creyéndose señor y dueño de las libertades públicas, de la prosperidad de las empresas privadas o no, y hasta de la salud de los colombianos, a quienes trata rabiosamente de imponerles legislaciones devastadoras y anticapitalistas, gritó: “No más oligarquía en Colombia”, los congresistas “son unos arrodillados al dinero” y el “pueblo debe rebelarse” contra ellos.
Su destemplada arenga incluyó la amenaza directa de usar la violencia contra senadores y representantes y contra la nación entera: “Si no aceptan las reformas y la consulta, el pueblo los sacará del Congreso”. Y gesticuló: “No estoy hablando carreta. Los del M-19 aprendimos a no hablar carreta”. El M-19, en efecto, fue una de las bandas narco-comunistas más hipócritas, despiadadas y criminales que ha producido la subversión en Colombia.
La conclusión que obviamente saca el hombre de la calle es que Petro está tan aislado y desesperado por sus numerosos fracasos que podría llegar al extremo de cerrar el Senado y la Cámara de Representantes, donde los legisladores se resisten a llevarle agua al molino. Entonces, el próximo 20 de julio, o antes, podríamos ver, bajo la apariencia de una revuelta popular “espontánea”, el Capitolio Nacional invadido y entrabado.
El plan de Petro podría tener características diferentes, menos sibilinas, como hizo en el Perú su admirado y turbulento Pedro Castillo, quien terminó en la cárcel de Barbadillo el 7 de diciembre de 2022. Tras anunciar el cierre del Congreso y la conformación de un “gobierno de emergencia” Castillo fue destituido en pocas horas por el pleno del Congreso y el ministerio público, por “permanente incapacidad moral”. Al hombre no le quedó más remedio que buscar refugio en la embajada de México, pero antes de llegar a ese lugar la policía lo capturó. Las Fuerzas Armadas también respaldaron al Congreso.
Días después del discurso en la plaza de Bolívar, la prensa informó que hordas de “indígenas” petristas armados de garrotes, cuchillos y explosivos habían comenzado a movilizarse desde el sur del país, en buses y camiones, para invadir a Bogotá. En Popayán, la policía interceptó un bus donde unas mujeres transportaban pistolas y centenas de balas relucientes para fusil, disimuladas en mantas. El pretexto es que iban a Bogotá a desfilar durante el 1 de mayo. Los incrédulos creen que van a enfrentar en las calles de la capital a la fuerza pública y a la población en general.
¿Iban a invadir el Capitolio nacional? Al momento de redactar esta nota, la fuerza irregular sigue atrincherada en el campus de la Universidad Nacional.
Para caldear aún más los ánimos, Petro, repitió sus monsergas contra el poder legislativo y calificó al presidente del Senado de hp. Exigió que le aprueben la llamada “consulta popular”, un amago de referendo que el analista político Saúl Hernández definió como una “trampa a la democracia” donde “las preguntas están formuladas de tal manera que toda persona que esté en sus cabales conteste que sí”. La oposición pide no participar en esa votación para mostrar el aislamiento del régimen.
Gustavo Petro, desde luego, trata de darle un perfil misterioso a sus planes. Él no desmintió las amenazas de cierre del Congreso. Encargó a alguien de la Casa de Nariño para hacerlo. Esta lo hizo con gran ambigüedad. El resultado es que nadie sabe qué puede pasar. Que sí cerrará el Congreso, insiste un diario. No, dice otro. “Si el Senado de la República no aprueba la consulta popular en 30 días el presidente la convoca por decreto”, cree saber otro matutino. Y agrega: Petro, secundado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, estima que él puede convocar la consulta “como dice la ley”.
Sin embargo, Petro muestra su desprecio por el ordenamiento jurídico. Luis Guillermo Guerrero, profesor y exmagistrado de la Corte Constitucional, consultado por El Colombiano, de Medellín, explicó: “De acuerdo con la Constitución, si no hay concepto favorable del Senado no se puede hacer la consulta popular y la consulta es ilegal”. Lo que Petro urde es, pues, conformar a dedo una asamblea constituyente que copie la Constitución dictatorial de Hugo Chávez.
Un cuarto o quinto diario asegura que Petro no cerrará el Congreso pues quienes se encargarán de eso serán grupos especiales como los apostados ya en un campus universitario de Bogotá. No sería la primera vez que, traídos por el gobierno desde el sur de Colombia para crear disturbios en la capital, esas turbas sirven de ariete y presión para que sean satisfechas las ambiciones de Petro, como ocurrió el 8 de febrero de 2024 y el 28 de octubre de 2022. En la primera fecha, los amotinados irrumpieron en parte de la sede de la Fiscalía General para forzar la elección de un fiscal general de bolsillo. En la segunda trataron de incendiar la puerta de la Fiscalía para excarcelar a un grupo de matones acusados de haber herido y dado muerte a civiles y a agentes de la fuerza pública en el intento de insurrección de 2021.
¿Estamos pues cerca de un nuevo asalto petrista?
El Congreso, el poder judicial, los partidos, la ciudadanía deben declararse en alerta permanente para poder responder con agilidad, como hicieron los peruanos ante el atorrante Castillo.
El petrismo está levantando espesas columnas de humo para que la ciudadanía observe sin ver, escuche sin entender, divague sin reflexionar y opte por la queja y el inmovilismo. La confusión previa es una técnica ya usada por el personaje iracundo y detestado que pretende dirigir el país. Lamentablemente no hemos aprendido mucho de aquellas experiencias. ¿Llegó el momento de hacerlo? Colombia no puede tolerar un nuevo zarpazo a la Constitución para que ese individuo y su orquesta se atornillen al poder.
30/04/2025 | Por Eduardo Mackenzie
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