El saqueo sin pudor

Si algo ha caracterizado al progresismo en el poder en Colombia no ha sido la transparencia prometida ni la pulcritud administrativa que decía encarnar, sino una práctica constante: tratar el Estado como una extensión del entorno personal de quienes gobiernan. No se trata de casos aislados ni de deslices menores. Se trata de una conducta repetida, visible y cada vez más descarada.

El episodio del Ministerio de Cultura es uno de los más recientes. La llegada de Jannai Kadamani a ese despacho no respondió a una trayectoria reconocida en la gestión pública ni a méritos técnicos acreditados. Respondió a su cercanía personal con Petro, a su pertenencia al clan nocturno del mandatario. El cargo no fue el resultado de un proceso institucional, sino de una relación íntima.

Desde el momento en que Kadamani asume el Ministerio, su madre y su hermano empiezan a recibir contratos con el Estado. Antes de su llegada al cargo no tenían historial de contratación pública. Después del nombramiento, aparecen como beneficiarios de recursos estatales. Antes, nada. Después, contratos. La secuencia no deja margen para lecturas complacientes.

No se trata de rumores ni de insinuaciones. La contratación surge con el poder. Ese es el punto central. El cargo público se convierte en una puerta de acceso al erario para el núcleo familiar inmediato. El Estado deja de ser una institución y pasa a ser una fuente de ingresos para los propios.

Así operan estos progresistas. Acceden al poder por afinidades personales y utilizan el poder para repartir recursos entre los cercanos. No hay filtros, no hay pudor, no hay siquiera el intento de disimular. El mérito no cuenta. La capacidad para aliviar las necesidades de Petro, sí.

Esa misma concepción atraviesa todo el gobierno. El dinero público es tratado como si fuera dinero privado. Los recursos se mueven hacia los bolsillos de los amigos del régimen con la misma naturalidad con la que una persona traslada plata entre sus cuentas bancarias. El presupuesto se administra como si fuera un patrimonio personal. El Estado funciona como un feudo.

Por eso los contratos circulan siempre dentro del mismo círculo. Por eso familiares, amigos y allegados aparecen una y otra vez como beneficiarios. No hay conciencia de límite ni sentido de responsabilidad. No hay vergüenza. En su cabeza no están saqueando al Estado, porque creen que lo que hacen es un derecho adquirido porque, como dijo algún expresidente liberal, el poder es pa’ poder.

Ese mismo patrón se repite de manera insistente en el caso de la facilitadora del narcotráfico Verónica Alcocer. Su nombre aparece una y otra vez en episodios cochinos. La reiteración ya no sorprende: parece una rama de cilantro, metida en todos los sancochos de la corrupción de este gobierno. No importa el escándalo ni la entidad involucrada, su figura termina apareciendo directa o indirectamente. No es una coincidencia ni una exageración retórica. Es una constante.

Uno de los ejemplos más escandalosos se encuentra la televisión pública colombiana. Esa entidad dejó de cumplir su función de servicio a los ciudadanos y se convirtió en un aparato de propaganda política y en un mecanismo de reparto contractual. RTVC suscribió contratos por cerca de U$6,5 millones de dólares con el maquillador y el fotógrafo personal de Verónica Alcocer. La familia presidencial que en la práctica es una banda, procede como la de un mafioso emergente, al que de la noche a la mañana se le empiezan a caer los fajos de la mano.

Todo esto ocurre con la tranquilidad de quien se sabe protegido. La presencia de Luz Adriana Camargo en la Fiscalía les garantiza impunidad. Esa señora completa dos años en el cargo y ha actuado como fiscal de bolsillo, al servicio del régimen, al servicio de la corrupción y del tapen-tapen. Las investigaciones contra el hampa gubernamental no avanzan, los expedientes se engavetan y cuando algún funcionario de menor rango se atreve a imputar a algún funcionario, de inmediato es sancionado, y su decisión es reversada.

Enseña Ortega y Gasset que cuando una masa se apodera del poder, lo primero que hace es declararse moralmente infalible. Esa frase describe con exactitud lo que ocurre hoy. El abuso del dinero público no se justifica por razones legales ni por necesidades reales, sino por la convicción de que quien gobierna está por encima del reproche.

A pesar de todo esto, las encuestas muestran que una parte importante del país se dispone a reelegir este proyecto político –por no decir criminal–, a treves del comunista Iván Cepeda. Esa es la paradoja más inquietante.

El mayor triunfo de este progresismo no ha sido solo apropiarse de los recursos públicos. Ha sido lograr que el abuso deje de escandalizar, que la indignación se apague y que la corrupción resulte tolerable si viene envuelta en el lenguaje adecuado.

Colombia no enfrenta únicamente un problema de malos administradores. Enfrenta una degradación profunda del poder y una resignación peligrosa frente al uso indebido del dinero que es de todos.

@IrreverentesCol

Publicado: febrero 16 de 2026