SEMANA revela cómo las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo planean interferir en la contienda electoral que se avecina. Hay amplias zonas del país secuestradas por los criminales donde el voto no será libre.
En diferentes regiones de Colombia se cocina un plan criminal que busca socavar la democracia y afectar las próximas elecciones al Congreso y a la presidencia.
SEMANA tuvo acceso a información de carácter reservado, y plasmada en diversos documentos de inteligencia, en la que se advierte que los grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra estarían buscando favorecer a ciertos candidatos y vetar a otros.
La situación es más alarmante que en elecciones anteriores, ya que el control de estas organizaciones al margen de la ley sobre la población es mayor y más intenso, a tal punto que decretan restricciones en la movilidad y tienen un registro casi notarial de la comunidad, mediante la carnetización que se ha hecho famosa en Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta. Todo bajo el amparo de la fracasada apuesta de paz total del Gobierno Petro.
El control criminal, según la inteligencia militar, pasó de 150 municipios hace cuatro años a más de 600 en la actualidad; es decir, son 600 localidades que tendrían afectaciones en la libertad democrática, con los riesgos que ello implica para garantizar una elección libre. En otras palabras, el país está ante un constreñimiento electoral a gran escala en 2026, pues si se suman los habitantes de esas regiones, el cálculo podría rondar aproximadamente nueve millones de habitantes con amenaza latente de grupos armados ilegales, muchos de ellos en negociaciones de paz con la Casa de Nariño.
Testimonios recogidos por SEMANAen diferentes regiones dan cuenta de que el fenómeno tiene un patrón: los grupos armados escogen a un candidato a dedo, obligan a la población a votar por él o por una colectividad política en particular, aprovechan la poca presencia militar en las zonas rurales y son ellos mismos quienes custodian los sufragios y con eso ejercen un mayor control, porque acompañan al elector hasta el punto de votación.
A esto se suma que, como tienen bajo amenaza a una buena parte de las juntas de acción comunal, poseen un registro preciso de la población. Es decir, hacen los cálculos sobre esas listas y amenazan de muerte a quienes no obedezcan.
Uno de los líderes sociales y políticos del Catatumbo le reveló a SEMANAel modus operandi del frente 33 de las disidencias de las Farc en esa región, en la convulsionada frontera con Venezuela. “Acá solo pueden hacer campaña los políticos que ellos digan, y ellos mismos, a través de su comandante, participan activamente en las campañas, pues quieren quedarse con las curules de paz, que son para las víctimas, y para eso promocionan a una de sus candidatas”, advirtió.
Este medio tuvo acceso a audios de WhatsApp y a llamadas, las cuales están en poder de la Justicia y son objeto de investigación, en las que cabecillas disidentes de las Farc piden descaradamente aportes y votos para una candidata. “Todos tienen que apoyar, esa es la consigna. No es algo de nosotros, sino del pueblo. Necesitamos representación para que la guerra cese”, se escucha en uno de los archivos en poder de SEMANA.
En otro audio, presuntamente de una comunicación con una presidenta de una Junta de Acción Comunal, el tono es amenazante: “Ustedes no están haciendo las cosas bien y están dejando entrar esa gente del otro lado(…) Aquí vamos a tener que empezar a poner muertos para que entiendan que las órdenes se cumplen”.
Este grave riesgo para la democracia, a menos de dos meses de las elecciones al Congreso y a cuatro meses de la primera vuelta presidencial, no es exclusivo del Catatumbo.
Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Fundterpaz, asegura que en la zona rural alta de Jamundí, así como en sectores rurales del Cauca y Nariño, las comunidades ya fueron obligadas a votar por determinados candidatos en las elecciones pasadas a alcaldías, concejos, asambleas y gobernaciones, y hay alarma por lo que va a ocurrir en las próximas semanas.
“El miedo ya no es solo miedo, es terror. La gente sabe que no cumplir una orden puede costarle la vida o el desplazamiento”, dice Tabares. La posibilidad de denunciar es prácticamente inexistente. “Las comunidades saben cuáles son las consecuencias y por eso guardan silencio”.
Tabares explica que el control no se ejerce solo el día de las elecciones. “Hay una vigilancia permanente. Las personas están carnetizadas, se controla su movilidad, su participación en reuniones comunitarias y hasta sus horarios. En ese contexto, hablar de voto libre es una ficción”.
Según la defensora de derechos humanos, muchas comunidades terminan votando en bloque por temor, no por convicción. “Eso vulnera de manera directa el derecho fundamental a elegir y ser elegido”.
Tabares agrega que las elecciones de 2026 solo podrían ser realmente libres en zonas urbanas. “En las zonas rurales del país va a haber imposición de candidatos. Lo que se va a ver es una democracia fragmentada, donde unos votan en libertad y otros bajo amenaza”.
Esta semana, la Federación Nacional de Departamentos le envió una comunicación al Gobierno Petro en la que los gobernadores piden realizar con carácter urgente “consejos regionales de seguridad en los que se estudien las medidas que serán incluidas dentro del Plan Democracia para desplegar acciones contundentes de inteligencia que prevengan el constreñimiento, el control territorial, el confinamiento, las zonas vedadas y el favoritismo electoral mediante el uso de las armas”.
Crecimiento exponencial
En algunas zonas urbanas el voto libre no está tampoco garantizado. El ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo tienen redes de apoyo en algunos municipios e incluso hay un manto de duda sobre la operación de los exnarcos de Antioquia que el presidente Petro presentó en el polémico tarimazo y que podrían salir a realizar pedagogía en los barrios de Medellín acerca de los diálogos de paz.
Eso, en un año electoral, abre un escenario de preocupación sobre las verdaderas intenciones de estos excriminales caminando por las comunas y que, según las autoridades, siguen delinquiendo desde la cárcel de Itagüí y controlando las rentas ilícitas del Valle de Aburrá.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le reconoció aSEMANA que en su departamento hay un riesgo muy grande, principalmente en municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca.
“Los grupos criminales crecieron de manera exponencial y tienen capacidad de amedrentar a la población”, afirmó. Aunque destacó operaciones contra el Clan del Golfo, lamentó que no exista la misma presión militar contra las disidencias de las Farc. “No les asiste ningún proyecto político, solo la captura de las rentas criminales”.
A finales del año pasado, un general activo del Ejército le advirtió con preocupación a este medio que, en número de hombres armados, la amenaza que se cierne hoy sobre Colombia es mayor a la que enfrentó el país en 2002, en la época de las Farc y el secretariado tras el fracaso de los diálogos del Caguán. En los últimos cuatro años, los grupos criminales aprovecharon la mano tendida del Gobierno Petro y los ceses al fuego para fortalecerse.
Según las más recientes cifras entregadas por el Ministerio de Defensa, el ELN tiene un aproximado de 7.000 hombres; las disidencias de Iván Mordisco tendrían unos 4.000 combatientes; la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, cuenta con 1.900 criminales; y el Clan del Golfo supera los 8.000 integrantes. Las Fuerzas Militares admiten que el subregistro podría duplicar esas cifras por cada grupo armado ilegal, y más en esta nueva etapa de la guerra donde no necesariamente todos los combatientes están uniformados y resguardados en las montañas.
En el Caribe, donde delinquen grupos como los Conquistadores de la Sierra, recientemente en negociaciones con el presidente Petro y con muchos de sus integrantes ungidos como gestores de paz, también hay preocupación por las próximas elecciones. Al igual que en otras regiones, existen presiones para favorecer a ciertos candidatos y colectividades políticas.
Por ejemplo, en el Cesar hay presencia del ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc, que ya les están diciendo a las comunidades por quién deben votar. Allí restringen el paso de los candidatos, según denunció un líder social que está amenazado y fuera de su tierra natal. “Tienen todo cercado. Ahora apareció un nuevo grupo, los Gaitanistas o el Clan del Golfo. Están cerca y donde estuvo Jorge 40 están ellos, cerca del batallón de La Popa. Entonces no sabe uno qué pensar (…). La gente tiene miedo y miedo de participar en política.
Es más, en los corregimientos que te digo, que son las veredas que están cerca de Valledupar, en el norte, que son La Mesa, Azúcar Buena, la Serranía de María Angola, ahí están los grupos incidiendo”.
En el Atlántico, las bandas que hoy negocian con el Gobierno Petro delinquen en las zonas urbanas, es decir, sus centros de operaciones están en barrios de Barranquilla y Soledad. Desde allí, desempeñan un papel político importante, pues, al estar en diálogos, reciben constantemente la visita de políticos y sobre ellos han desplegado una campaña masiva de publicidad y constreñimiento ante la comunidad. “Aquí solo tienen entrada algunos. A los otros los sacan corriendo con tiros al aire. Eso todo el mundo lo sabe”, narró un habitante de Barranquilla.
La situación es tan compleja que incluso el mismo presidente Petro ya alertó que, tras la llamada cumbre criminal planteada por Mordisco para reunir a todos los grupos armados ilegales en una supuesta defensa de la soberanía, podría existir un sabotaje a las próximas elecciones. “Son la excusa de la invasión y hasta dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral”, advirtió el mandatario.
Este panorama que presenta SEMANA deja al descubierto un retroceso en la seguridad electoral en Colombia, pese a la promesa en 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las Farc, de tener unos comicios más seguros. La atomización del conflicto ha llevado a un control fragmentado y sin precedentes en la mayoría de los departamentos. Comparadas con 2018 y 2022, estas elecciones tienen el ingrediente de decenas de grupos armados ilegales fortalecidos participando abiertamente en política.
El registrador nacional, Hernán Penagos, en diálogo con este medio, señaló: “En relación con la violencia, hay circunstancias que nos inquietan porque, además del derecho a elegir, debemos garantizar que los ciudadanos voten libremente. Por ejemplo, según varios informes, es evidente el recrudecimiento de la violencia contra líderes políticos, por la escalada de grupos armados ilegales, con aumentos superiores al 179 por ciento, según la MOE”.
De cara a las elecciones al Congreso, la Registraduría va a instalar alrededor de 7.450 puestos en zonas rurales y, según Penagos, “la violencia se encuentra mucho más marcada en este sector poblacional, concentrándose en departamentos como Antioquia, Cauca y Norte de Santander, con más de la mitad de los hechos”.
“Con la Procuraduría venimos llevando a cabo reuniones con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, revisando el Plan Democracia, que la fuerza pública tiene construido para garantizar la seguridad en las elecciones de Congreso у presidencia. Según el ministro, son 104 los municipios de mayor alerta. Es evidente que en esos lugares deben adelantarse despliegues operativos con suficiente anterioridad que permitan asegurar esas zonas para garantizar los derechos políticos y proteger a los demás actores del proceso electoral (jurados, testigos, funcionarios públicos, entre otros)”, sostuvo el registrador.
Vallas contra partidos
En el Cauca, la interferencia armada se ha hecho explícita. En vías rurales y zonas de tránsito comunitario aparecieron vallas firmadas por disidencias de las Farc con mensajes como “prohibido el ingreso de políticos de derecha y guerreristas”, acompañados de los rostros de dirigentes del Centro Democrático. Para la MOE, el mensaje no admite interpretaciones: en esos territorios, un grupo armado ilegal define quién puede y quién no hacer política.
La MOE identifica seis grandes focos de conflictividad electoral: el Cauca; el Catatumbo; Arauca y la región del Sarare; el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueños; el sur del Chocó, en la cuenca del San Juan; y el sur del Meta y Guaviare. En estas zonas confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.
Según conoció SEMANA,en municipios del norte del Cauca y en zonas rurales de Jamundí, las disidencias ejercen un control total de la población, apoyadas en juntas de acción comunal cooptadas.Llevan registros detallados de quién vive en cada vereda y, en época electoral, de por quién votan. En elecciones pasadas, los ciudadanos habrían sufragado acompañados por hombres armados que vigilaban el proceso.
Los datos de la MOE refuerzan esta caracterización. El 59,27 % de los hechos violentos registrados en las elecciones de 2023 ocurrió en zonas rurales, y 923 casos se presentaron en territorios Citrep, históricamente golpeados por el conflicto y con débil presencia estatal. A esto se suma la expansión territorial de los grupos armados, que pasaron de estar presentes en cerca de 150 municipios a más de 600, casi la mitad del país.
SEMANAtuvo acceso a un documento de la Registraduría que cruza información de participación electoral y violencia armada en el periodo comprendido entre 2014 y 2023. El análisis, sustentado en datos de víctimas per cápita por municipio y niveles de votación, revela que una proporción significativa de los territorios con mayor intensidad del conflicto tiene rangos de participación electoral baja.
El mapa, elaborado con base en registros oficiales, no plantea una relación automática ni lineal, pero sí evidencia una coexistencia persistente entre control armado, precariedad institucional y debilitamiento del ejercicio del voto en amplias zonas del país.
Sin embargo, el documento advierte que esta curva histórica podría cambiar. La Registraduría alerta sobre municipios donde la relación podría invertirse, no por fortalecimiento democrático, sino por mayor interés de los actores armados en incidir directamente en los resultados.
El análisis identifica municipios con alta violencia y alta participación electoral en departamentos como Cauca, Valle, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Antioquia.
En estos casos, la alta participación no respondió a un ejercicio libre del voto, sino a dinámicas de presión, control y movilización forzada del electorado.
La Registraduría no descarta que este fenómeno se amplíe. Advierte que podría presentarse una combinación particularmente riesgosa: alta violencia y alta participación como resultado de coacción directa.
Estos municipios comparten condiciones estructurales adversas, como pobreza, baja presencia estatal y limitaciones en educación y salud.
Desde el inicio del calendario electoral, la MOE ha advertido un aumento sostenido de la violencia política. Entre marzo y noviembre de 2025 documentó 1.613 hechos, un incremento del 179 % frente a 2022.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que llama a blindar la democracia con respuestas diferenciadas y oportunas.
La defensora Iris Marín advirtió que el país enfrenta un conflicto armado transformado, con una fragmentación de actores ilegales que complejiza el panorama de seguridad.
Para el exministro Diego Molano, la llamada paz total permitió un mayor control territorial de los grupos armados. “Lo más factible es que tengamos elecciones bajo la sombra del fusil”, afirmó.
SEMANA tuvo acceso a un documento de la Registraduría que cruza información de participación electoral y violencia armada en el periodo comprendido entre 2014 y 2023. El análisis, sustentado en datos de víctimas per cápita por municipio y niveles de votación, revela que una proporción significativa de los territorios con mayor intensidad del conflicto tiene rangos de participación electoral baja.
El mapa, elaborado con base en registros oficiales, no plantea una relación automática ni lineal, pero sí evidencia una coexistencia persistente entre control armado, precariedad institucional y debilitamiento del ejercicio del voto en amplias zonas del país.
Sin embargo, el documento plantea una inquietud clave de cara a los próximos comicios. La pregunta que se abre es si en esta oportunidad esa curva histórica podría cambiar. La Registraduría advierte que existen municipios donde la relación tradicional podría invertirse, no por un fortalecimiento de la democracia, sino por un mayor interés de los actores armados en incidir directamente en los resultados electorales, “lo que es muy preocupante”, según el registrador Penagos.
El análisis identifica un grupo reducido de municipios que aparecen clasificados con alta violencia y también alta participación electoral, y que están en departamentos como Cauca, Valle, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Antioquia. Se trata, según el documento, de zonas históricamente atravesadas por economías del narcotráfico y estructuras de origen paramilitar, donde los grupos armados ilegales han tenido un interés directo en capturar o influir sobre los gobiernos locales. En esos casos, la alta participación no respondió a un ejercicio libre del voto, sino a dinámicas de presión, control y movilización forzada del electorado.
La Registraduría no descarta que este fenómeno pueda ampliarse en el actual contexto. De hecho, advierte que en un escenario de expansión territorial y fortalecimiento de los grupos armados ilegales, podría presentarse una combinación particularmente riesgosa: alta violencia acompañada de alta participación, no como expresión de pluralismo político, sino como resultado de la coacción directa sobre los votantes. Es decir, comunidades obligadas no solo a votar, sino a hacerlo masivamente por candidatos previamente definidos por estructuras armadas.
El mismo documento advierte que estos municipios suelen compartir condiciones estructurales adversas como altos niveles de pobreza, baja presencia estatal y limitaciones en el acceso a servicios básicos de educación y salud, factores que inciden directamente en la confianza ciudadana y en la disposición a participar en procesos electorales. En regiones como Arauca, el Pacífico sur, el sur del Meta, el nororiente de Antioquia, el Catatumbo y amplios sectores del Valle del Cauca, el cruce de variables muestra territorios donde la violencia se mantiene alta y estable, mientras la participación electoral registra caídas sostenidas, especialmente en elecciones locales.
Desde el inicio del calendario electoral, la Misión de Observación Electoral ha advertido sobre un aumento sostenido de la violencia política. Entre el 8 de marzo y el 8 de noviembre de 2025, la MOE documentó 1.613 hechos atribuibles a grupos armados ilegales, un incremento del 179,07 por ciento frente al mismo periodo de 2022, último antecedente de elecciones nacionales, y que es el indicador que preocupa al registrador Penagos.
La Defensoría del Pueblo ya emitió una alerta temprana por las elecciones de este año. En un documento, conocido por este medio, se pide expresamente: “Llamamos a la coordinación, responsabilidad y compromiso ético de todos los actores para blindar la democracia (…) Cada región del país demanda una respuesta distinta, no existe una receta única: la acción debe ser diferenciada, oportuna y proporcional (…) La tarea es clara: que las gobernanzas armadas ilegales no capturen la voluntad de los votos y campañas”.
La defensora Iris Marín afirmó: “Este escenario de riesgo en época electoral se desarrolla en un país que enfrenta hoy un conflicto armado profundamente transformado. La amenaza ya no proviene de tres grandes estructuras armadas, sino de una dispersión y fragmentación de actores ilegales que complejiza profundamente el panorama de seguridad en las regiones”.
Para Diego Molano, exministro de Defensa, este escenario tiene responsables claros. “La llamada paz total no ha sido un avance hacia la paz, sino una estrategia que permitió mayor control territorial a las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo”, afirmó. Según Molano, la suspensión de operaciones militares facilitó que estos grupos pasaran de 13.000 a 25.000 hombres en armas y redes de apoyo. “Va a haber constreñimiento al elector, especialmente en las inscripciones de cédulas y en los días de votación. Ya se evidencia que no permiten la campaña de candidatos de oposición en varias zonas. Lo más factible es que tengamos elecciones bajo la sombra del fusil”.
A esto se suma el factor financiero. “Con recursos del narcotráfico compran votos, manipulan elecciones y pagan candidatos”.
La MOE coincide en que aún existe una ventana de oportunidad para evitar un colapso de garantías. En sus recomendaciones, la organización insiste en la necesidad de adelantar con la mayor antelación posible acciones de protección y control por parte de la fuerza pública, incluyendo operaciones de seguridad de área extensa que permitan garantizar la instalación e integridad de los puestos de votación y la protección de los funcionarios electorales. “Aún estamos a tiempo de adoptar las medidas necesarias para garantizar elecciones con plenas garantías, evitando decisiones extremas como el traslado de mesas o puestos de votación”, advierte la misión.
Molano señala que el país podría estar entrando en un círculo peligroso. “Pueden desgastarse los políticos haciendo campaña, pero si en las regiones el voto ya está definido por grupos armados, la democracia queda vaciada de contenido”. Por eso insiste en la necesidad de un plan nacional de seguridad electoral, con acompañamiento internacional y una presencia robusta de la fuerza pública antes, durante y después de las jornadas de votación.
“Que un grupo armado decida quién puede o no hacer política en un territorio es inaceptable y profundamente grave”, afirma Wilson Ruiz, exministro de Justicia.
Para el politólogo Juan Pablo Milanese, profesor de Ciencia Política de la Universidad Icesi, la difusión de amenazas públicas mediante vallas, como las instaladas en el Cauca, confirma una realidad innegable. “El hecho de que aparezcan amenazas públicas indiscutiblemente nos está dando información sobre la incidencia de estos actores”, señala. Milanese advierte, sin embargo, que el fenómeno debe leerse más allá de una simple inclinación ideológica. “No los veo como actores que estén definiendo votos hacia un lado o hacia otro en un sentido partidista específico, sino como una amenaza a la democracia en un sentido genérico”.
El problema se agrava cuando se observa que las disidencias actuales no operan bajo la misma lógica que la antigua guerrilla de las Farc. Milanese explica que, en investigaciones sobre elecciones locales, se documentó que en algunos casos las disidencias actuaron como estructuras sicariales al servicio de políticos tradicionales. “No operaban como un brazo armado ideológico, sino como una especie de oficina criminal contratada”. Aunque ese fenómeno se ha documentado principalmente en política subnacional, abre interrogantes sobre su posible traslado a escenarios nacionales.
Desde Indepaz, su director, Leonardo González, confirma que el riesgo es real y creciente. “La situación en el suroccidente, como en el resto del país, es muy grave, especialmente de cara a las elecciones de 2026”. González explica que los grupos armados ejercen lo que denomina gobernanza armada ilegal. “Imparten justicia, regulan la vida social, controlan formas organizativas, inciden en lo ambiental y aplican violencias ejemplarizantes. Una de las formas de ejercer ese control es la coacción directa sobre los votantes”.
Indepaz evita hablar de instrumentalización y prefiere el término coacción. “Aquí las personas están siendo obligadas. Hay una presión directa sobre los votantes”. La amenaza no se limita a impedir campañas. Puede traducirse en ataques a puestos de votación, quema de urnas o imposición directa de candidatos. De hecho, el comandante del Estado Mayor Central, alias Iván Mordisco, lanzó amenazas explícitas contra los procesos electorales.
En zonas como Argelia, Guapi, López de Micay y Timbiquí, en el Cauca, Indepaz ha documentado niveles de control que incluyen incluso el manejo de cámaras de seguridad municipales por parte de estructuras armadas ilegales. “La población se siente coaccionada, temerosa, y en el marco de unas elecciones eso genera una crisis profunda de la democracia”, advierte González.
Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los informes de la Misión de Observación Electoral coinciden en señalar que el riesgo para el proceso electoral de 2026 es alto y generalizado. La combinación de control territorial, coacción armada, financiación ilegal y restricciones a la libre campaña configura un escenario inédito por su magnitud.
A pocos meses de los comicios, la expansión del poder armado ilegal amenaza con alterar de manera decisiva el tablero político nacional. En amplias zonas del país, la democracia ya no se juega en las urnas, sino bajo la vigilancia del fusil.
17/01/2026 | Revista Semana . .