Empoderamiento de criminales

 

No existe un solo hecho positivo, ningún avance tangible y, mucho menos, resultados que justifiquen la llamada “paz total”. Todo ha sido un fracaso: el debilitamiento de la Fuerza Pública, el grave deterioro de la seguridad y el incremento sistemático de la violencia en buena parte del territorio colombiano.

Nada explica, entonces, el empecinamiento de Gustavo Petro en comprometer al Estado y al presupuesto de la Nación en un experimento tan delicado, sostenido en la improvisación y, peor aún, en la permisividad con los grupos criminales. Todos ellos -sin excepción- dedicados al narcotráfico, combustible de su accionar delincuencial. Lo que el país ha visto y sufrido en estos tres años no es otra cosa que el empoderamiento de criminales.

Resulta incomprensible que, tras abrir múltiples “mesas de diálogo” con esas organizaciones, no exista un solo logro que respalde semejante sacrificio institucional. Menos aún que Petro haya designado a más de setenta y cinco “gestores de paz”: cabecillas de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo y otras estructuras que acumulan más de mil trescientos años de condenas por crímenes atroces.

El grado de empoderamiento raya en lo dantesco. Basta recordar la escena en La Alpujarra, en Medellín, cuando Petro ordenó la salida de nueve peligrosos delincuentes de la cárcel de Itagüí para subirlos a una tarima, de igual a igual con él y sus ministros, en un acto político indignante.

Como si fuera poco, confirió estatus oficial al Clan del Golfo como “Grupo Armado Organizado”, justo cuando Estados Unidos emprende en el mar Caribe y en Venezuela una ofensiva militar sin precedentes contra el narcotráfico, persiguiendo al Cartel de los Soles, aliado del Eln, las Farc y el propio Clan del Golfo. Según el acto administrativo, esta organización criminal adelanta un espacio de “conversación social” con una agenda orientada –supuestamente- a aplicar el Derecho Internacional Humanitario, cesar hostilidades y transitar hacia el Estado de Derecho. Es decir, todo lo contrario a la realidad. Porque el Clan del Golfo no es más que un grupo dedicado al narcotráfico, al asesinato de militares y policías, al secuestro y la extorsión en por lo menos ocho departamentos, incluida la frontera con Venezuela.

Lo más grotesco es que el propio gobierno, en nombre del Estado, haya reconocido a esa estructura el título de “Ejército Gaitanista de Colombia”. Sí: “ejército”. Algo impensable, pero posible con un exguerrillero en el poder, indultado por el Estado, cuyos delitos fueron perdonados, pero que nunca abandonó el pensamiento insurgente de la organización criminal a la que perteneció.
Por culpa de la fracasada “paz total” -o mejor, gracias a ella- el orden público se encuentra en su peor época de violencia en décadas. Las cifras oficiales lo confirman: asesinatos, secuestros, extorsiones y asaltos se han disparado a niveles insoportables. Los secuestros masivos de miembros de la Fuerza Pública superan ya los treinta y tres casos, y los ataques con drones, que golpean también a la población civil, sobrepasan los trescientos. Todo ello ocurre ante la pasividad cómplice de Gustavo Petro, su ministro de Defensa y la cúpula militar y policial.

 

El empoderamiento de criminales dejó de ser un efecto colateral para convertirse en política de gobierno. Una práctica oficial macabra. Pero la paciencia de los colombianos ya sobrepasa su límite. Y cuando un pueblo pierde la tolerancia, se derrumba el gobierno y su legitimidad.

@ernestomaciast

 

Ernesto Macias Tovar