A falta de un año, Presidencia ya gastó un 28 por ciento más en eventos que en cuatro años del gobierno de Duque.
Aunque es más conocida por ser una empresa pública dedicada al envío y recepción de correspondencia, Servicios Postales Nacionales SAS será desde ahora la organizadora de todos los eventos públicos del Ministerio del Interior. Y lo hará gracias a que firmó el que, hasta hoy, será el contrato más jugoso suscrito por esta empresa, mejor conocida como 4-72, en los últimos 8 años: 88 mil millones de pesos.
El convenio, que tiene como objeto “prestar los servicios de operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran para el desarrollo de las funciones, planes, programas y metas del Ministerio del Interior”, se suscribió por apenas 189 días, pues terminará el próximo 31 de diciembre.
Es decir que, si se hace un cálculo rápido, los eventos públicos que organice la cartera que preside Armando Benedetti representarían una inversión superior a los 465 millones diarios de recursos estatales.
Pero el monto no es lo único que alarma a los sectores políticos y expertos del país. También está la posibilidad de que, en esos eventos, se termine haciendo intervención en política o impulsando, como ya ha sucedido, iniciativas polémicas como la ya descartada consulta popular o la posibilidad de meter al país en el debate para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
De hecho, no han sido pocos los eventos públicos que el presidente Gustavo Petro ha convertido en plataforma, no solo para criticar a otras ramas del poder, como el Congreso, sino a impulsar estas criticadas iniciativas. El caso más reciente sucedió en el acto de sanción de la Ley de Reforma Laboral. Allí se refirió a la posibilidad de que “el pueblo” sea quien convoque a una Asamblea Nacional Constituyente.
Por eso las alarmas están activadas. Incluso, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, crítico constante de la gestión del Gobierno, consideró que esté convenido con 4-72 no es más que una excusa para ‘hacer politiquería’. “Armando Benedetti acaba de convertir a la empresa de servicios postales 4-72 en un operador logístico de chivas, buses, tarimas, refrigerios, almuerzos y politiquería”.
Pese a que el del MinInterior es el más oneroso hasta la fecha, no es el único que se ha firmado este año para labores de “operador logístico” en diferentes entidades nacionales.
De hecho, la Unidad de Datos del EL TIEMPO indagó y encontró que desde septiembre del año pasado, cuando se suscribió el convenio para este fin entre el Dapre y la empresa Feeling Company SAS, hasta junio de este año, seis ministerios han suscrito contratos o iniciado licitaciones que representan una inversión de más de 130 mil millones de pesos en dinero público.
El dato no es menor toda vez que, si se compara solo el gasto en convenios con operadores logísticos del Departamento Administrativo de la Presidencia y a falta de un poco más de un año de este mandato, la inversión ya supera en 28 por ciento todo el gasto que en ese rubro hizo el gobierno de Iván Duque.
En total, sumando los convenios hechos por el Dapre con Plaza Mayor, que alcanzaron hasta 2024 un valor de 23.466 millones de pesos y el valor actual del contrato con Feeling (10.782 millones con adiciones a la fecha), el gasto en operador logístico ya va en 34.248 millones de pesos.
Por su parte, en los cuatro años de gobierno de Duque Márquez (2018-2022), la cifra total de convenios firmados con Plaza Mayor (único proveedor que tuvo durante el cuatrienio) alcanzó los 26.705 millones de pesos.
Esto, a juicio de analistas y expertos consultados, resulta contraproducente teniendo en cuenta las actuales deficiencias fiscales que afronta el país. Así lo consideró, en declaraciones a EL TIEMPO, Luis Fernando Mejía, director Ejecutivo de Fedesarrollo quien se mostró preocupado por la decisión de suspender la regla fiscal, lo que podría llevar a un déficit fiscal este año “que sería el segundo más alto en más de un siglo, sólo superado por el registrado durante la pandemia”.
“Ante este panorama, se requiere con urgencia un plan de ajuste que contemple una reducción del gasto público, el cual también se encuentra en niveles históricamente elevados. En este contexto, resulta injustificable que el gobierno aumente el gasto en eventos y actividades no prioritarias, cuando lo que se necesita son señales claras de responsabilidad y austeridad fiscal”, consideró.
Consulta popular, impulsada con dinero público
Y es que el tema no es menor en medio de la crispación política actual. Por ejemplo, en el contrato por 7 mil millones de pesos entre la Presidencia y Feeling Company, cuya vigencia termina el próximo 30 de junio, se incluyeron pagos específicos por eventos que tuvieron que ver con iniciativas como la consulta popular o las marchas para impulsar las reformas que no han pasado en el congreso.
De hecho, este mes se cargó una nueva factura, por 28 millones de pesos, correspondiente al pago a Feeling por la logística en el evento: “Participación presidencial 01 de mayo 2025 Plaza de Bolívar y radicación de la Consulta Congreso”. Esta multitudinaria concentración es recordada porque en ella el presidente Petro exhibió y levantó la espada de Simón Bolívar, en un gesto que desató polémica nacional.
Pero no es el único. Este medio conoció otras facturas relacionadas con el pago de eventos dirigidos exclusivamente a promover la ya descartada consulta popular y el apoyo en las calles de las reformas:
El primer recibo es el correspondiente a la marcha que el Gobierno anunció como del “Sí a las reformas sociales” realizada en varias ciudades del país el pasado 18 de marzo, por valor de 58 millones de pesos. También se registra un pago por apenas 1’828.984 pesos, por el evento “presentación de los comités por la Consulta Popular del departamento de Atlántico”, el día 24 de abril de 2025.
También hay una tercera factura por la “Instalación Consulta Popular Casanare 25 de abril de 2025”, realizada en la capital de ese departamento, Yopal. El valor del pago a Feeling por su realización fue de 4 ‘936.245, pesos.
Llama la atención el bajo monto del pago de algunas de esas facturas. Sin embargo, en los mismos documentos se aclara que el costo pudo ser mayor al presupuestado por temas de contingencia, inmediatez o gastos adicionales de última hora.
EL TIEMPO conoció que ya se han presentado peticiones ciudadanas ante la Contraloría General de la República en donde se solicita la apertura de un “proceso de responsabilidad fiscal por presunto uso indebido de recursos públicos para actividades proselitistas”. Pero hasta el momento, no se ha abierto ningún tipo de proceso en este sentido en ese organismo de control.
Los convenios por Ministerio
Además del millonario contrato de MinInterior, cinco carteras más firmaron, o están por adjudicar, convenios dirigidos a la realización de eventos que van desde los 700 a los 16 mil millones de pesos y todos con vigencias hasta el 31 de diciembre de 2025.
El más alto, excluyendo el del Ministerio de Interior, lo firmó la Cancillería el 19 de febrero, por valor de 16 mil millones de pesos e irá hasta el 31 de diciembre. Este convenio se suscribió con Plaza Mayor, anterior operador logístico de la Presidencia, ya bajo la gestión de Laura Sarabia.
El segundo más alto para logística de eventos lo suscribió el Ministerio de Agricultura por un valor de 10 mil millones de pesos. Se hizo por contratación directa con Sociedad Tequendama, firma que entre otras administra los hoteles y suites del mismo nombre en Bogotá y Medellín.
El Ministerio de Salud, por su parte, suscribió su convenio de operador logístico el pasado 1 de abril por 4.554 millones de pesos con la empresa Mercadeo Estratégico SAS, tras un proceso de licitación pública que duró casi dos meses.
Llama también la atención la licitación que avanza en el Ministerio de la Igualdad, cuyo futuro está en veremos y que ha sido objeto de constantes críticas por sus pocos resultados y su baja ejecución que este año, como en el anterior va en menos del 2 por ciento.
Se trata de un proceso por 2 mil millones de pesos, con vigencia de seis meses cuyo objeto es la «planeación, organización, producción y ejecución de los eventos y actividades que se requieran en desarrollo de los planes, programas, proyectos y metas del Ministerio de igualdad y equidad”.
Actualmente, el proceso está en la etapa de observaciones, pero dentro de una semana, el próximo 4 de julio, se estará haciendo la audiencia de adjudicación del proveedor, que deberá iniciar labores el próximo 9 de julio. Es decir, que trabajará por lo pronto solo cinco meses.
1/07/2025 | El Tiempo | Por Rafael Quintero Cerón
A falta de un año, Presidencia ya gastó un 28 por ciento más en eventos que en cuatro años del gobierno de Duque.
Aunque es más conocida por ser una empresa pública dedicada al envío y recepción de correspondencia, Servicios Postales Nacionales SAS será desde ahora la organizadora de todos los eventos públicos del Ministerio del Interior. Y lo hará gracias a que firmó el que, hasta hoy, será el contrato más jugoso suscrito por esta empresa, mejor conocida como 4-72, en los últimos 8 años: 88 mil millones de pesos.
El convenio, que tiene como objeto “prestar los servicios de operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran para el desarrollo de las funciones, planes, programas y metas del Ministerio del Interior”, se suscribió por apenas 189 días, pues terminará el próximo 31 de diciembre.
Es decir que, si se hace un cálculo rápido, los eventos públicos que organice la cartera que preside Armando Benedetti representarían una inversión superior a los 465 millones diarios de recursos estatales.
Pero el monto no es lo único que alarma a los sectores políticos y expertos del país. También está la posibilidad de que, en esos eventos, se termine haciendo intervención en política o impulsando, como ya ha sucedido, iniciativas polémicas como la ya descartada consulta popular o la posibilidad de meter al país en el debate para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
De hecho, no han sido pocos los eventos públicos que el presidente Gustavo Petro ha convertido en plataforma, no solo para criticar a otras ramas del poder, como el Congreso, sino a impulsar estas criticadas iniciativas. El caso más reciente sucedió en el acto de sanción de la Ley de Reforma Laboral. Allí se refirió a la posibilidad de que “el pueblo” sea quien convoque a una Asamblea Nacional Constituyente.
Por eso las alarmas están activadas. Incluso, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, crítico constante de la gestión del Gobierno, consideró que esté convenido con 4-72 no es más que una excusa para ‘hacer politiquería’. “Armando Benedetti acaba de convertir a la empresa de servicios postales 4-72 en un operador logístico de chivas, buses, tarimas, refrigerios, almuerzos y politiquería”.
Pese a que el del MinInterior es el más oneroso hasta la fecha, no es el único que se ha firmado este año para labores de “operador logístico” en diferentes entidades nacionales.
De hecho, la Unidad de Datos del EL TIEMPO indagó y encontró que desde septiembre del año pasado, cuando se suscribió el convenio para este fin entre el Dapre y la empresa Feeling Company SAS, hasta junio de este año, seis ministerios han suscrito contratos o iniciado licitaciones que representan una inversión de más de 130 mil millones de pesos en dinero público.
El dato no es menor toda vez que, si se compara solo el gasto en convenios con operadores logísticos del Departamento Administrativo de la Presidencia y a falta de un poco más de un año de este mandato, la inversión ya supera en 28 por ciento todo el gasto que en ese rubro hizo el gobierno de Iván Duque.
En total, sumando los convenios hechos por el Dapre con Plaza Mayor, que alcanzaron hasta 2024 un valor de 23.466 millones de pesos y el valor actual del contrato con Feeling (10.782 millones con adiciones a la fecha), el gasto en operador logístico ya va en 34.248 millones de pesos.
Por su parte, en los cuatro años de gobierno de Duque Márquez (2018-2022), la cifra total de convenios firmados con Plaza Mayor (único proveedor que tuvo durante el cuatrienio) alcanzó los 26.705 millones de pesos.
Esto, a juicio de analistas y expertos consultados, resulta contraproducente teniendo en cuenta las actuales deficiencias fiscales que afronta el país. Así lo consideró, en declaraciones a EL TIEMPO, Luis Fernando Mejía, director Ejecutivo de Fedesarrollo quien se mostró preocupado por la decisión de suspender la regla fiscal, lo que podría llevar a un déficit fiscal este año “que sería el segundo más alto en más de un siglo, sólo superado por el registrado durante la pandemia”.
“Ante este panorama, se requiere con urgencia un plan de ajuste que contemple una reducción del gasto público, el cual también se encuentra en niveles históricamente elevados. En este contexto, resulta injustificable que el gobierno aumente el gasto en eventos y actividades no prioritarias, cuando lo que se necesita son señales claras de responsabilidad y austeridad fiscal”, consideró.
Consulta popular, impulsada con dinero público
Y es que el tema no es menor en medio de la crispación política actual. Por ejemplo, en el contrato por 7 mil millones de pesos entre la Presidencia y Feeling Company, cuya vigencia termina el próximo 30 de junio, se incluyeron pagos específicos por eventos que tuvieron que ver con iniciativas como la consulta popular o las marchas para impulsar las reformas que no han pasado en el congreso.
De hecho, este mes se cargó una nueva factura, por 28 millones de pesos, correspondiente al pago a Feeling por la logística en el evento: “Participación presidencial 01 de mayo 2025 Plaza de Bolívar y radicación de la Consulta Congreso”. Esta multitudinaria concentración es recordada porque en ella el presidente Petro exhibió y levantó la espada de Simón Bolívar, en un gesto que desató polémica nacional.
Pero no es el único. Este medio conoció otras facturas relacionadas con el pago de eventos dirigidos exclusivamente a promover la ya descartada consulta popular y el apoyo en las calles de las reformas:
El primer recibo es el correspondiente a la marcha que el Gobierno anunció como del “Sí a las reformas sociales” realizada en varias ciudades del país el pasado 18 de marzo, por valor de 58 millones de pesos. También se registra un pago por apenas 1’828.984 pesos, por el evento “presentación de los comités por la Consulta Popular del departamento de Atlántico”, el día 24 de abril de 2025.
También hay una tercera factura por la “Instalación Consulta Popular Casanare 25 de abril de 2025”, realizada en la capital de ese departamento, Yopal. El valor del pago a Feeling por su realización fue de 4 ‘936.245, pesos.
Llama la atención el bajo monto del pago de algunas de esas facturas. Sin embargo, en los mismos documentos se aclara que el costo pudo ser mayor al presupuestado por temas de contingencia, inmediatez o gastos adicionales de última hora.
EL TIEMPO conoció que ya se han presentado peticiones ciudadanas ante la Contraloría General de la República en donde se solicita la apertura de un “proceso de responsabilidad fiscal por presunto uso indebido de recursos públicos para actividades proselitistas”. Pero hasta el momento, no se ha abierto ningún tipo de proceso en este sentido en ese organismo de control.
Los convenios por Ministerio
Además del millonario contrato de MinInterior, cinco carteras más firmaron, o están por adjudicar, convenios dirigidos a la realización de eventos que van desde los 700 a los 16 mil millones de pesos y todos con vigencias hasta el 31 de diciembre de 2025.
El más alto, excluyendo el del Ministerio de Interior, lo firmó la Cancillería el 19 de febrero, por valor de 16 mil millones de pesos e irá hasta el 31 de diciembre. Este convenio se suscribió con Plaza Mayor, anterior operador logístico de la Presidencia, ya bajo la gestión de Laura Sarabia.
El segundo más alto para logística de eventos lo suscribió el Ministerio de Agricultura por un valor de 10 mil millones de pesos. Se hizo por contratación directa con Sociedad Tequendama, firma que entre otras administra los hoteles y suites del mismo nombre en Bogotá y Medellín.
El Ministerio de Salud, por su parte, suscribió su convenio de operador logístico el pasado 1 de abril por 4.554 millones de pesos con la empresa Mercadeo Estratégico SAS, tras un proceso de licitación pública que duró casi dos meses.
Llama también la atención la licitación que avanza en el Ministerio de la Igualdad, cuyo futuro está en veremos y que ha sido objeto de constantes críticas por sus pocos resultados y su baja ejecución que este año, como en el anterior va en menos del 2 por ciento.
Se trata de un proceso por 2 mil millones de pesos, con vigencia de seis meses cuyo objeto es la «planeación, organización, producción y ejecución de los eventos y actividades que se requieran en desarrollo de los planes, programas, proyectos y metas del Ministerio de igualdad y equidad”.
Actualmente, el proceso está en la etapa de observaciones, pero dentro de una semana, el próximo 4 de julio, se estará haciendo la audiencia de adjudicación del proveedor, que deberá iniciar labores el próximo 9 de julio. Es decir, que trabajará por lo pronto solo cinco meses.
1/07/2025 | El Tiempo | Por Rafael Quintero Cerón