Un crimen sistemático de las FARC contra la infancia que no se puede olvidar. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado a conocer cifras aterradoras sobre los crímenes cometidos por las FARC-EP contra menores de edad durante décadas de conflicto armado en Colombia.
Según el informe, al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados ilegalmente entre 1971 y 2016, víctimas de prácticas sistemáticas que los separaron de sus familias, los sometieron a abusos físicos y sexuales, y los privaron de sus derechos fundamentales.
La magnitud del daño es escalofriante. El reporte de la JEP detalla que el 64 % de las víctimas tenía 14 años o menos al momento de su reclutamiento, un dato que evidencia la intencionalidad de las FARC en enfocar su violencia en los más vulnerables. Estas cifras no solo reflejan el impacto en miles de familias, sino que también retratan un patrón de violaciones a los derechos humanos que no puede ser ignorado por la sociedad ni por las instituciones del Estado.
Abortos y anticoncepción forzada: el horror de las niñas reclutadas
Las cifras de la JEP arrojan luz sobre una de las prácticas más aberrantes perpetradas contra las niñas reclutadas: los abortos y la anticoncepción forzada. Según el informe, el 23 % de las niñas reclutadas fueron sometidas a abortos forzados, mientras que el 29 % fueron obligadas a utilizar métodos de anticoncepción, ambas prácticas destinadas a eliminar cualquier posibilidad de maternidad dentro de las filas guerrilleras.
Estos procedimientos, realizados sin el consentimiento de las menores, eran impuestos como un mecanismo de control, despojándolas de su autonomía y de su dignidad. Además, el informe revela que 135 víctimas reportaron haber sufrido violencias sexuales intrafilas, actos cometidos con total impunidad por los comandantes y líderes de la organización, muchos de los cuales hoy ostentan cargos en el Congreso de la República quienes utilizaban a las menores como sus juguetes sexuales.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó como responsables de estos actos a Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez («El Médico»), Milton de Jesús Toncel Redondo («Joaquín Gómez»), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos («Carlos Antonio Lozada»), tienen responsabilidad máxima en estos crímenes que dejaron profundas secuelas en la vida de miles de menores.
Los picos de reclutamiento: los años más oscuros
El informe identifica los periodos de mayor actividad de reclutamiento entre 1996 y 2016, con picos específicos en los años 1999, 2002, 2007 y 2013. Durante estas épocas, las FARC intensificaron su estrategia de captar menores, aprovechándose de la vulnerabilidad de comunidades rurales y étnicas que padecían abandono estatal y violencia constante.
En total, 8.903 víctimas colectivas pertenecientes a cinco pueblos étnicos han sido acreditadas en el Caso 07 que lleva la JEP, un proceso que busca esclarecer las violaciones cometidas contra comunidades indígenas y afrodescendientes. Estas cifras reflejan no solo el carácter individual de los abusos, sino también su impacto colectivo, que dejó profundas cicatrices en el tejido social y cultural de estas poblaciones.
La impunidad en el Congreso: el clamor por justicia
La indignación de la sociedad colombiana no se limita a las cifras reveladas, sino que también se centra en el hecho de que varios de los responsables de estos crímenes atroces hoy ocupan curules en el Congreso de la República. Como resultado de los acuerdos de paz, líderes de las FARC obtuvieron derechos políticos, lo que les permitió acceder a posiciones de poder sin responder judicialmente por los actos cometidos.
Esta situación ha generado un fuerte rechazo por parte de la ciudadanía, que percibe una doble moral en los discursos de quienes ahora exigen justicia y reparación por otros crímenes mientras cargan con el peso de estas atrocidades. En redes sociales, el hashtag #18.677NIÑOS se ha convertido en tendencia, movilizando a miles de personas que exigen verdad, reparación y castigo para los responsables.
La violencia de género en el conflicto: un capítulo oscuro
El informe también señala que el 24 % de las víctimas acreditadas reportaron haber sido sometidas a violencia de género durante su tiempo en las filas guerrilleras. Este dato, aunque impactante, es solo una muestra de las prácticas sistemáticas de abuso que las FARC implementaron como parte de su control sobre los reclutados.
Las denuncias incluyen desde actos de violencia física hasta violaciones y explotación sexual, delitos que eran encubiertos dentro de la estructura de mando de la guerrilla. Para muchas de las víctimas, estos abusos no solo representaron una violación a su dignidad, sino que también dejaron secuelas físicas y psicológicas irreparables.
¿Hacia dónde debe avanzar la justicia?
El clamor ciudadano no se limita a la indignación en redes sociales. La sociedad colombiana exige acciones concretas para garantizar que estos crímenes no queden impunes. Aunque la JEP ha avanzado en el esclarecimiento de los hechos, aún persisten dudas sobre si este tribunal tiene la capacidad de impartir justicia real a las víctimas, especialmente frente a la magnitud de los delitos cometidos.
Organizaciones de derechos humanos y expertos han señalado la importancia de que los líderes de las FARC asuman responsabilidades individuales por estos crímenes y no se escuden en la colectivización de las culpas. Asimismo, es crucial que se fortalezcan las medidas de reparación a las víctimas, tanto a nivel individual como colectivo, y que se garantice que los responsables no puedan beneficiarse de privilegios políticos mientras sus crímenes siguen impunes.
Vea el documento con el resumen del Caso 07:
“Ni perdón ni olvido”: un grito desde las redes sociales
El rechazo hacia los crímenes de las FARC se ha materializado en un movimiento digital encabezado por la consigna “Ni perdón ni olvido”. Miles de usuarios han utilizado el hashtag #18.677NIÑOS para visibilizar las atrocidades reveladas por la JEP y exigir justicia. Este fenómeno no solo refleja el hartazgo de la sociedad frente a la impunidad, sino también su determinación por mantener viva la memoria de las víctimas.
Las plataformas digitales se han convertido en un espacio para denunciar y cuestionar la legitimidad de quienes, a pesar de sus crímenes, hoy se presentan como defensores de la paz y la reconciliación. Las voces de las víctimas, amplificadas por este movimiento, se alzan para recordar que no puede haber paz sin justicia.
El reto del Estado colombiano
El Estado colombiano enfrenta un desafío monumental: responder al clamor de las víctimas y de la sociedad con acciones contundentes. Esto implica no solo garantizar justicia para los menores reclutados y abusados por las FARC, sino también revisar los mecanismos que han permitido que los responsables evadan las consecuencias legales de sus actos.
El debate sobre la legitimidad de los acuerdos de paz y su implementación sigue abierto, y las cifras reveladas por la JEP añaden un nuevo elemento de tensión. Mientras tanto, el país espera que la justicia prevalezca y que las víctimas encuentren el reconocimiento y la reparación que merecen.
Un llamado a la memoria colectiva
Colombia no puede permitirse olvidar estos crímenes. Las cifras presentadas por la JEP son un recordatorio doloroso de los horrores vividos durante décadas de conflicto, pero también representan una oportunidad para reflexionar sobre el camino hacia una verdadera reconciliación.
La memoria de los 18.677 niños y niñas debe permanecer viva, no solo como un tributo a su sufrimiento, sino como un recordatorio de la deuda histórica que el país tiene con ellos. Solo así será posible construir una paz que honre la verdad y garantice la no repetición de estos hechos atroces.
Para conocer el caso 07 de la JEP, puede ingresar la Infografía caso 07 Aquí.
https://ifmnoticias.com/especial-cifras-de-la-jep-revelan-los-horrores-cometidos-por-los-monstruos-de-las-farc-contra-menores-de-edad/