Estafa²

Estamos ante una doble estafa: la confiscación del ahorro pensional y el soborno para aprobarlo. A Petro hay que reconocerle su coherencia: un saqueo de esa magnitud solo podía sostenerse con una corrupción de la misma escala. Al final, sí fue un verdadero Pacto Histórico… o mejor dicho, un Atraco Histórico.

Cuando pensábamos que el Gobierno había tocado fondo en lo inmoral, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra Iván Name y Andrés Calle por recibir sobornos para, entre otros, facilitar la aprobación de la reforma pensional. Dinero proveniente de (otro) atraco, aún más cínico: de los recursos destinados a llevar agua potable a La Guajira. Presuntamente, el presidente de la clase obrera les robó a unos pobres para, según testimonio de su exfuncionaria Sandra Ortiz, sobornar a Name y Calle, y así poder ir por lo de ya, no a unos cuantos, sino por lo de todo el país.

Todo hay que decirlo. Además de coherencia en lo criminal, el Gobierno también ha demostrado una suerte de “inteligencia” criminal digna de una narconovela escrita por Gustavo Bolívar. Hicieron el negocio del siglo. Pagaron, mediante coimas, $4.000 millones para quedarse con $467,68 billones: el ahorro pensional de 19 millones de personas que hoy estamos afiliados a los fondos de pensiones. Es decir, pagaron solo 0.00086% de lo que esperan confiscar. Ni en una pirámide financiera se consigue un retorno así.

Durante años hemos oído que ahorrar es la clave para asegurar una vejez digna. Y lo es. El ahorro es esperanza, y para la clase media -la columna vertebral del país-, es el único camino posible. Por eso, que el gobierno le quite a un trabajador su ahorro no es solo una arbitrariedad económica: es un quiebre moral. No están tocando un número en una cuenta, se están robando una esperanza. Y la esperanza de una vejez digna no se entrega ni se negocia, sino que se defiende con uñas y dientes.

No hay ironía -ni es un accidente- en que un fraude haya necesitado de otro para abrirse paso. Hay, más bien, una confirmación de su ilegitimidad. Y cuando se tolera una estafa para pasar otra, lo que se consagra no es una reforma, sino una cadena de impunidades.

No debemos pensar que este es un escándalo más del Gobierno. No debe ser parte del paisaje. Esta reforma clientelista no solo despoja a los colombianos, sino que además amenaza los cimientos de la República. Hoy, más que nunca, la Corte Constitucional debe ser vehemente condenando la criminalidad. Se trata de defender la dignidad institucional del país.

El silencio ante esta estafa² sería una aceptación tácita del saqueo. La historia juzgará con severidad no solo a quienes propusieron esta reforma, sino también a quienes la aprobaron con las manos sucias. Y peor aún, a quienes sabiendo todo esto, optaron por callar.

O como dijo Saramago en el ‘Ensayo sobre la ceguera’: “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos. Ciegos que ven. Ciegos que, viendo, no ven”. Ojalá que no sea el caso de la Corte.