En nuestra discusión sobre el referendo constitucionalista para lograr reformas de fondo, hemos tratado del congreso, la educación y la fuerza pública sin necesidad de convocar una asamblea nacional constituyente; démosle hoy el turno a la reforma de la justicia. La constitución del 91 dedica el título VIII, artículos 228 a 257, a la reglamentación de la rama judicial; en el apartado se desarrollan tres grandes temas: principios generales, jurisdicciones, más la organización del consejo superior de la judicatura. Son siete capítulos que requieren una revisión exhaustiva, para corregir de fondo y de forma los vicios de un aparto judicial corrupto, ubicado en un deshonroso puesto 72 entre 113 naciones según el reporte de World Justice Proyect.
Ese puesto obedece a la baja calificación obtenida en los índices de efectividad en la investigación, posición 110 entre 113, (solo hay tres países peor que Colombia) y de la aplicación temprana de la justicia, posición 100. Así mismo, la última edición del Rule of Law Índex, ranking que clasifica 130 países en todo el mundo, dependiendo de su sistema judicial con sus respectivas instituciones, deja a Colombia entre los tres peores de América del sur, con Bolivia y Venezuela; Ecuador estaba por debajo de Colombia, pero con el reciente cambio de gobierno ya nos supera.
Es preciso anotar que los reportes tanto de WJP, como de Rule of Law Índex, aunque los clasifican a todos, omiten calificar estados con tribunales espurios, como la JEP, cuya gestión es negativa en lo absoluto dado que su función es exculpar a las Farc de todos sus delitos, y perseguir la Fuerza pública, en particular a nuestro ejército nacional.
El índice de impunidad en Colombia es del 92% y la baja calidad de las condenas se refleja en la existencia de un millón setecientos mil casos que no avanzan en los despachos judiciales. La imagen desfavorable del sistema judicial es más del 80 %. Los casos de corrupción son escandalosos; en el 2017 el escándalo en la fiscalía general de la nación y la corte suprema de justicia, con el llamado cartel de la toga, dejó al desnudo la disfuncionalidad judicial del estado colombiano.
Disfuncionalidad que se prolonga con cinismo, dada la corrupción del legislador, incapaz de poner remedio a este maligno tumor del aparato judicial, cuyo culmen se da con la JEP, la funesta herencia del Nobel de la traición. Hoy los jueces liberan sin formula de juicio a cada vándalo capturado por la policía en los desmanes delictuosos de la mal llamada primera línea; en Risaralda, la policía puso a disposición de un juez once capturados en flagrancia y todos están libres. Multiplique eso por cientos, miles de casos en toda Colombia. Estamos en mora de reformar la justicia; debemos contar con una sola súper corte, con cinco salas y magistrados honorables, cero corruptos, sabios y justos. De ahí hacia abajo, todos tendrán que serlo.liberación de capturados en flagrancia, revisión exhaustiva del aparato judicial.
Por Oscar Alberto Diaz G. | oscaralbertodiazgarcia@hotmail.com | El Diario, Pereira, La Linterna Azul, 24/07/2021