Este año el Gobierno ha gastado $14,1 billones en 394.600 contratos por servicios

UNO DE los principales argumentos de los gobiernos es el cuidado que dan al gasto público, debido a que este representa el mayor compromiso ético para el manejo efectivo de los impuestos que pagan los colombianos.

En el actual gobierno, esta gestión no ha sido de las más destacadas. Una muestra de ello es la creación del Ministerio de la Igualdad, un ejemplo de lo que está mal hecho y cómo se despilfarran los dineros.

Esta cartera es la demostración de la tozudez de la Administración con el mal manejo del gasto público, todo porque muchas de las funciones que aparentemente debía realizar se llevaban a cabo en otras carteras, por lo que la duplicidad de funciones terminaba por aumentar los gastos.

Andrés Giraldo, quien es el director de Economía de la Universidad Javeriana, señala que “al Estado colombiano le ha faltado una evaluación seria de la efectividad del gasto público y de las competencias de las distintas instituciones del Gobierno Nacional Central. Desde el principio se había dicho que muchas de las funciones que se le estaban adjudicando al Ministerio de Igualdad, eran labores que no se les estaba descargando a otras instituciones. Entonces hay una duplicidad de funciones en varias instituciones del Estado, en Prosperidad Social, en el Ministerio de Educación, más el Ministerio de Igualdad o el Ministerio del Interior”.

¿Invertir o gastar?

Con razón, el Presupuesto General de la Nación (PGN) ha crecido en términos reales en $111 billones desde que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño. Sin embargo, este crecimiento no ha significado una mayor capacidad del Estado para invertir o para responder a choques económicos, sino que ha estado concentrado, casi en su totalidad, en el gasto de funcionamiento.

Esta situación del gasto desbordado no pasó desapercibida por el Banco de la República que, en su informe al Congreso de la República, señala en uno de sus apartes sobre el gasto: “entre 2018 y 2025 los salarios de los empleados de la rama Ejecutiva crecieron en promedio un 7,1% anual, con aumentos más marcados en torno al 9,9% anual entre 2022 y 2025”.

Indica el Emisor que “en cuanto al número de cotizantes en el sector de Administración pública y Defensa, se observa un aumento neto de 78.000 personas hasta 2025”.

En su informe señala que “según el documento de análisis técnico sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el gasto en contratos por prestación de servicios y su volumen ha aumentado. A junio de 2025 se han ejecutado $14 billones y 394.600 contratos”.

El Banco central sostiene que, al analizar estos gastos con mayor detalle, se encuentra que, en promedio, los gastos de personal han representado el 2,9% del PIB entre 2000 y 2024, lo que equivale a cerca del 11% de las apropiaciones presupuestales. Aunque este rubro ha sido relativamente estable como proporción del PIB, en términos reales y nominales ha venido aumentando. Entre el año 2000 y 2024 este rubro pasó de ser cerca de $20 billones a más de $50 billones a precios constantes, y de $6 billones a $50 billones en términos corrientes. En los últimos años, este crecimiento obedece, principalmente, a los incrementos salariales y, en menor medida, al aumento en el número de empleados.

Prestación de servicios

Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, explicó que “entre 2021 y 2024 las órdenes de prestación de servicio pasaron de 45.000 en 2021 a cerca de 63.000 en 2024, lo que representa un crecimiento de 40% en este periodo. Una cifra realmente preocupante de cara al manejo de recursos austeros que en estos momentos del Gobierno nacional”.

Por otra parte, en las cuentas de gasto presentadas por el Ministerio de Hacienda para 2026, según las cuales, entre 2022 y 2026, los recursos asignados a funcionamiento pasarán de $253,9 billones a $353,4 billones, un aumento de $99,5 billones. Es decir, el 89,6% del crecimiento total del presupuesto durante este gobierno ha sido absorbido por este rubro, que incluye transferencias, pagos de pensiones, salud, sentencias judiciales, gastos administrativos, funcionamiento ministerial y nómina estatal.

Maquinarias

Tan solo en gastos de personal, el aumento proyectado entre 2022 y 2026 supera los $20 billones, alcanzando los $65,2 billones en 2026, frente a $46 billones aproximados en el primer año del gobierno.

En uno de sus análisis, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, sostiene que gran parte de estos rubros se prestarían para alimentar maquinarias políticas mediante la contratación de personas.

“Ha habido un crecimiento brutal en términos reales de más del 40% entre 2022 y la fecha, tanto en gastos de funcionamiento como en burocracia de servidores públicos. Esto lo único que demuestra es que hay una profunda ineficiencia en materia de gasto público y un exceso de derroche en burocracia, que no creo que sea el camino”, indicó.

Para Restrepo, el problema no es solo cuantitativo, sino estratégico, teniendo claro que “estamos viendo un presupuesto que destruye la inversión a costa del derroche de la burocracia pública e incrementa de manera exorbitante el valor del presupuesto nacional. Es un presupuesto para el derroche, no para la inversión productiva y social”.

Entre tanto, el académico Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública en la Universidad del Rosario, advierte que entre 2024 y 2025 el gasto de funcionamiento creció a una tasa nueve veces superior al crecimiento de la economía, y que en 2026 volverá a crecer 4,5 veces más que el PIB.

“La presión viene especialmente del gasto de funcionamiento. En 2026 subirá 4,4% por encima del crecimiento económico”, explica Amorocho, para quien esto implica que los recursos adicionales que llegan al presupuesto no están expandiendo la inversión ni disminuyendo la deuda, sino alimentando un aparato estatal que no deja de crecer.

Los contratos OPS

Gran parte de los nuevos puestos no se relacionan con trabajo regulado o con contratos regidos por la carrera administrativa, sino que están vinculados a modalidades más flexibles, como los contratos por prestación de servicios (OPS).

Este tipo de contratación, explican los expertos, “refleja más una estrategia de flexibilización del empleo por parte del Estado que un fortalecimiento estructural de su planta de personal”. Entre 2021 y 2024, el número de contratos OPS en entidades centralizadas controladas por el Gobierno pasó de 45.000 a 63.000, lo que equivale a un incremento cercano al 40%, según indican datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Y para este año esos contratos llegarían a los 75.000 como ya lo indicó el Banco de la República.

Cifras de ejecución del presupuesto de Minhacienda dan cuenta de que, en gastos de personal, con corte a junio, se han comprometido más de $25 billones de los $59,9 billones que le corresponden a este rubro en el Presupuesto General de la Nación de este año.

Además, con corte al segundo trimestre de 2025, el Gobierno ha gastado $14,1 billones en el pago de contratos de prestación de servicios, un mecanismo que puede tener incidencia en la sostenibilidad fiscal y en la eficiencia misma del Estado, según un informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).