Gobierno busca ‘decretazo’ con el PGN para gastar más y aumentar deuda

¿Por qué el gobierno planteó un monto de $557 billones para el Presupuesto General del 2026 y ahora dice que solo recortaría $10 billones de la supuesta reforma tributaria que tasó en $26,3 billones?

Con esta estrategia, que Congreso, partidos, gremios y analistas, señalan que está totalmente desfinanciada, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expuso ante las comisiones económicas las razones para pedir más recursos cuando el país enfrenta una de sus peores crisis fiscales. Y a unas horas de que se decida si se rechaza el PGN o el Congreso permite que se decrete, varios argumentos saltan a la vista de la crisis.

En efecto, en un análisis sobre el proyecto financiero, el Instituto de Ciencia Política (ICP), Hernán Echavarría Olózaga, bajo la dirección de Carlos Augusto Chacón Monsalve y el coordinador de investigaciones, Oscar José Torrealba Hernández, señalan que “el PGN para 2026 consolida un modelo fiscal que conduce al país hacia una crisis previsible. Este análisis ha cuantificado la magnitud del desequilibrio: el presupuesto, tal como está, oculta una brecha de sostenibilidad de casi $56 billones”.

Sin respaldo

Señalan los expertos que “al abandonar la disciplina fiscal, expandir el gasto público sin un respaldo de ingresos creíble y debilitar al sector productivo que genera la riqueza, el gobierno está sentando las bases para un futuro de mayor endeudamiento, menor crecimiento y una inevitable crisis de sostenibilidad”.

Dice el ICP que “las advertencias técnicas han sido claras. El debate en el Congreso de la República debe centrarse en cómo cerrar esta brecha fiscal y restaurar la credibilidad. Aprobar este presupuesto sin modificaciones estructurales sería avalar un camino que, lejos de llevar a Colombia a un escenario de responsabilidad fiscal, garantiza una crisis que pagarán todos los colombianos”.

Indica que “la estrategia fiscal plasmada en el PGN 2026 no es sostenible y sus consecuencias son previsibles. El aumento del déficit y la deuda pública en un contexto de altas tasas de interés y mayor percepción de riesgo país encarecerá el costo de financiamiento del Estado. La prima de riesgo de Colombia ya se encuentra por encima de sus pares regionales, reflejando la desconfianza de los mercados (Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, 2025)”.

Mayor carga

Asegura el estudio que “según el CARF, la estrategia fiscal del actual gobierno solo materializa el 46% del ajuste total necesario durante los tres años de activación de la cláusula de escape, trasladando la mayor carga al próximo gobierno. La deuda pública alcanzaría máximos históricos, llegando al 63.8% del PIB en 2027, un nivel peligrosamente cercano al límite del 71% y muy lejano del ancla prudente del 55%”.

Ante este panorama, el ICP insiste que “para que el presupuesto de 2026 sea sostenible sin una nueva reforma tributaria, con proyecciones de recaudo realistas y volviendo a las metas fiscales originales, se requiere un ajuste de $55.8 billones. Esta cifra se compone de la eliminación de la reforma tributaria ($26.3 billones), una meta de recaudo más realista ($11.3 billones) y la reversión del aumento del gasto ($18.2 billones)”.

Resalta el ICP que “el PGN para 2026 es fiscalmente inviable. El gobierno condiciona la financiación del presupuesto a una futura e incierta reforma tributaria de $26.3 billones. Esta meta es poco realista, considerando que el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que las proyecciones de recaudo inercial ya están sobreestimadas en al menos $11.3 billones y que la base tributaria formal del país se ha debilitado”.

Regla fiscal

Argumenta “el ICP que el Gobierno nacional ha desmantelado la institucionalidad fiscal al suspender la regla fiscal para justificar un mayor gasto. Se activó la cláusula de escape por tres años, decisión que permite un déficit fiscal del 7.1% del PIB en 2025, un nivel solo comparable a años de crisis profunda, que subordina la prudencia técnica a una agenda de gasto expansivo”.

Considera que “la planificación fiscal del gobierno es inconsistente y poco creíble, minando la confianza en la gestión de las finanzas públicas. Apenas un mes después de publicar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el gobierno presentó un presupuesto que lo contradecía, aumentando el gasto primario en $18.2 billones y empeorando el déficit primario del 1.4% al 2.0% del PIB”.

Puntualiza el análisis que “la política económica del gobierno ha erosionado la base tributaria formal, haciendo inviable la reforma fiscal con la que pretende financiar el presupuesto. Mientras se desincentivan sectores formales e intensivos en capital como la minería (que se contrajo un 10.2%), se promueven actividades con alta informalidad. Con un 55% de la ocupación en la informalidad y un 40.8% de trabajadores por cuenta propia, es contradictorio esperar un mayor recaudo de una base de contribuyentes formales cada vez más reducida”.

Costos disparados

Al mismo tiempo asegura que “el PGN 2026 legaliza el financiamiento de gasto corriente con deuda, ocultando el déficit real y trasladando los costos a futuro. A través de los artículos 8, 62 y 74, el gobierno podrá emitir bonos para pagar gasto corriente, subsidios como el del combustible (FEPC) y otros pasivos, una práctica que difiere el ajuste fiscal en lugar de solucionarlo y que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Manifiesta el análisis que “la discusión sobre el PGN es, en esencia, un debate sobre el futuro del país. Sin embargo, el proyecto para la vigencia 2026 presentado por el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro parece ignorar esta premisa, planteando una hoja de ruta fiscalmente irresponsable”.

Advierten que “la situación es crítica: un déficit fiscal persistente y creciente, con un primer semestre que acumula -3.8% del PIB, siendo el peor semestre registrado en 21 años y que compromete la meta de déficit de 7.1% sobre el PIB en 2025. Además, una deuda pública que alcanzó los $1.122,3 billones, equivalente a 61,8% del PIB, con corte a julio de 2025, en un contexto de suspensión de la regla fiscal mediante la activación de la cláusula de escape y una notoria caída en el recaudo tributario que, contrario a lo argumentado por el gobierno, era enteramente previsible”.

Insostenible e inconsistente

Asegura el informe que “esta propuesta es la manifestación de una política que ha optado por debilitar al sector productivo formal, castigar la inversión y financiar un gasto creciente con más deuda y una mayor presión tributaria sobre una base de contribuyentes cada vez más reducida”.

El presente análisis sostiene que el PGN 2026 es insostenible, inconsistente y peligroso para la estabilidad macroeconómica; demuestra que la estrategia gubernamental de financiar un gasto estructuralmente rígido con ingresos inciertos, mientras se desincentivan deliberadamente los sectores que generan riqueza y empleo formal, no constituye una fórmula para solucionar el actual problema fiscal, sino la arquitectura de un colapso predecible.

El PGN 2026, por tanto, se convierte en el instrumento financiero de un modelo basado en gasto público financiado con deuda y un gasto de consumo privado financiado, en parte, por remesas, al tiempo que se destruye la capacidad productiva interna. A largo plazo, este camino conduce a una menor capacidad de crecimiento, mayor vulnerabilidad externa y, finalmente, a una dolorosa crisis de ajuste”.