JEP: siete años de funcionamiento y todavía no hay la primera condena

HAN PASADO siete años desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entró en funcionamiento para investigar y sancionar los delitos más graves ocurridos en el conflicto armado. Sin embargo, a la fecha no se ha producido la primera sentencia, que en este tribunal de justicia transicional se conoce como sanción propia, contra los exintegrantes de las Farc que se sometieron a su esfera y que están comprometidos a ello por el Acuerdo de Paz, así como contra militares que incurrieron en delitos. Voces consultadas por EL NUEVO SIGLO dicen que ya es hora de que se adopte una decisión en este sentido. JEP: siete años y todavía no hay condenas.

Los casos más avanzados son el 03 por asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, conocidos como “falsos positivos”. En abril del 2023, el Tribunal de Paz de la JEP asumió competencia por asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por exintegrantes del Batallón La Popa, tras asumir la resolución de conclusiones expedida por la Sala de Reconocimiento.

La sección correspondiente del Tribunal de Paz evaluó las pruebas allegadas, las conductas endilgadas y reconocidas. Sin embargo, a la fecha no ha producido las sanciones propias contra los 12 militares imputados (oficiales y soldados) que integraron este batallón.

JEP: siete años y todavía no hay condenas

También llegó al Tribunal de Paz la resolución de conclusión en el caso 01 por toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc, por lo cual fueron imputados seis exintegrantes del secretariado de la entonces guerrilla. Igualmente, se está a la espera que produzca las sanciones propias contra Rodrigo Londoño, Jaime Parra Rodríguez, Milton Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo Cubillos.

Opiniones sobre la situación

El exministro de Justicia y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz Orejuela, dijo que “es inaudito que más de 7 años de funcionamiento, no hayan producido ningún fallo. Eso para mí no es normal, el reflejo de una justicia que se quedó atrapada en la complicidad disfrazada de legalidad”.

Agregó que es un organismo creado “con bombos y platillos, y financiado con recursos públicos, que debía cumplir esa misión ¿cuál?: investigar, juzgar y sancionar, pero lo que tenemos es una estructura que se convirtió en un costoso elefante blanco. Le cuesta a los colombianos más de $700.000 millones, y ¿Qué han hecho?, acumular y acumular expedientes y aplazar verdades, mientras los victimarios siguen libres y las víctimas esperando una justicia que nunca llega”.

Por su parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández Galindo, dijo: “en general, no solamente la JEP, sino todos nuestros tribunales y juzgados tienen multitud de procesos, es decir, hay una gran congestión de procesos. Hay que entender que sí puede haber una acumulación de asuntos, sobre todo porque el proceso de paz se refirió a lo ocurrido a lo largo de varios años. Entonces se entiende que deben adelantarse los procesos con todas las pruebas, y eso es demorado”.

No obstante, Hernández subrayó que “han transcurrido ya varios años de esa actividad, de modo que es hora de que se vayan produciendo las primeras decisiones, y en ese sentido sería bueno que los magistrados de la JEP se esmeraran en agilizar los procesos para que haya una pronta justicia”.

Mientras que Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, opinó que “lo primero de cualquier sistema de justicia transicional es proteger los derechos de las víctimas en aras, precisamente, de que ellas resulten reparadas y no haya repetición en lo que hace a los vejámenes que tuvieron que soportar”.

A tal efecto, mencionó: “esa impronta impone desde todo punto de vista en todos los procesos, tanto en el ámbito de la justicia transicional como de la justicia penal, un carácter fundamental que debe ser el de la celeridad”. Por ello, destacó Herrera, “es de esperar que las decisiones de la JEP, que ya ha anunciado, se generen muy rápidamente en beneficio de las víctimas. Colombia requiere además sanciones ejemplarizantes frente a los victimarios, y parte de ese esquema lo hace en la función fundamental que todo tipo de sistema que tienda a la reparación esté obligado a hacer”.

Concluyó que “sí nos parece que es pertinente ese avance rápido y confiamos que tal y como se ha dicho por la Jurisdicción Especial de Paz, que además está conformada por grandes juristas, estemos próximos a conocer esas decisiones que el país está esperando”.

En octubre pasado, el entonces presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, dijo a El Tiempo sobre las primeras sanciones propias que “según nuestros cálculos, las sentencias deberían estar para este año, pero los procesos están sujetos al ejercicio de los derechos de las partes”.

Preocupación de fiscal general Camargo

La fiscal general Luz Camargo manifestó ayer a la JEP en un oficio su preocupación por que se haga el cierre judicial definitivo de los procesos penales existentes en contra de los comparecientes, pues por las demoras se puede afectar el principio de verdad.

Recordó que la Fiscalía entregó a la JEP 17 informes que dan cuenta sobre diferentes fenómenos delictivos ocurridos en el marco del conflicto, con un total de 223.282 casos identificados, 280.471 indiciados y 196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Añade que estos informes, junto con otros que entregaron autoridades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, de víctimas y de derechos humanos, fueron los insumos principales para que la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP ordenara la apertura de 11 macrocasos.

“Por lo que hemos entendido, el esquema de procesamiento de estos macrocasos parte de un universo provisional y amplio de hechos. No obstante, las decisiones que se han adoptado por la SRVR impactan a pocos comparecientes y a una pequeña porción de los casos judiciales, sin hacer referencia de forma completa a los expedientes judiciales que en la Fiscalía reposan sobre los hechos y conductas priorizadas”.

Agregó la fiscal Camargo que, en algunas de las resoluciones de conclusiones, la SRVR afirma que aquellas solo abarcan la porción de los hechos cometidos en determinado territorio y temporalidad respecto de los cuales los comparecientes fueron seleccionados como máximo responsables, dejando las demás investigaciones existentes en contra de esos mismos sujetos por otros fenómenos delictivos en la indefinición jurídica. “Todo lo cual afecta e impacta el avance de las investigaciones en la justicia penal ordinaria, debido a las limitaciones jurisprudenciales en materia de competencia”, dice la fiscal Camargo.

Añadió que la falta de decisiones completas y definitivas emitidas en un plazo razonable por parte de la SRVR, “puede generar un desbordamiento de las capacidades de otros órganos de la JEP, especialmente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas”.