Se van a cumplir dos semanas del anuncio de la imputación de cargos al oscuro presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sin que ese sujeto sea echado a las patadas de la empresa. En la Bolsa de Nueva York, la acción de Ecopetrol perdió la semana pasada más del 3,5 %. ¿Dónde está la junta directiva? ¿Por qué encubren a ese malhechor? Son muchas las responsabilidades que les caben a los miembros de junta que hoy se sienten muy guapos, pero que más temprano que tarde tendrán que responder penalmente por su complicidad.
¿Por qué nombraron a Roa como presidente de la empresa a pesar del riesgo reputacional evidente que asumía Ecopetrol al poner a ese sujeto al frente de la principal compañía del país? Cuando se produjo su designación ya circulaban numerosas informaciones negativas sobre su conducta y su papel como gerente de la campaña de Petro, campaña que, como se ha establecido judicialmente, violó las leyes de financiación y recibió dineros del narcotráfico. No se trataba de rumores: eran hechos conocidos y advertidos. La junta sabía, o tenía la obligación de saber, a quién estaba nombrando. Aun así, lo hizo. Comprometió deliberadamente el buen nombre de la empresa, su credibilidad ante los mercados y la confianza de los inversionistas.
La junta insiste en mantener a Roa a pesar de que la empresa, en estos tres años y medio, ha sido groseramente desfalcada. Bajo el gobierno de Petro, Ecopetrol ha perdido cerca del 82 % de sus utilidades, una debacle que se refleja en una disminución de casi tres cuartas partes de su valor en el mercado. Frente a ese desastre, la junta no ha hecho nada. No ha enfrentado la pérdida total del gobierno corporativo de la compañía, fenómeno que se consolidó bajo el auspicio y la complicidad de Roa, un presidente más interesado en sus negocios particulares y en los de su oscuro amante que en la defensa de la empresa y, por supuesto, en una administración honorable de la misma.
Con Roa se detuvo por completo la sísmica, se paralizó la exploración y la explotación, se congelaron los planes piloto de fracking y se cerraron todos los campos de gas. No fueron decisiones técnicas ni responsables, sino actos que destruyeron valor, pusieron en riesgo la seguridad energética del país y sometieron a la empresa a una agenda ideológica y personal.
Lo más grave vino después. La junta directiva mandó a hacer un estudio de control de riesgos para evaluar si era prudente mantener al facineroso Roa en la presidencia de Ecopetrol. El estudio fue concluyente: ese tipo no podía estar en ese puesto. El riesgo era inaceptable. A pesar de ello, y después de pagar millonarios recursos por ese informe, la junta decidió ignorar las recomendaciones y esconder el documento. Optó por el encubrimiento y la complicidad.
Queda una pregunta final, inevitable: ¿la hija del fiscal que investiga a Roa ha tenido algún contrato con una empresa relacionada con el sector de los hidrocarburos? Todo esto hiede. Y la junta directiva debería ir buscando buenos penalistas, porque no estamos ante simples errores administrativos. Estamos ante una cadena de decisiones conscientes que podrían llevarlos a la cárcel por cómplices del peor delincuente que ha tenido la empresa más importante y poderosa de Colombia en toda su historia: Ricardo Roa.
@IrreverentesCol
Publicado: febrero 18 de 2026