¿Justicia o incentivo al crimen?

La sentencia que se dio esta semana de la JEP contra los jefes de las Farc no es justicia: es un pésimo mensaje. En teoría, se trata del primer fallo contra quienes dirigieron una de las organizaciones criminales más sangrientas de la historia del país. En la práctica, es una burla. Una condena simbólica, sin cárcel efectiva, sin reparación real, sin proporcionalidad frente al daño causado.

Durante años, Colombia vivió bajo el yugo del secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado, las masacres indiscriminadas. Hoy, la JEP responde a esos crímenes con penas restaurativas, trabajos comunitarios y actos de perdón. ¿Y las víctimas? Observan desde la barrera cómo sus verdugos son premiados por reconocer lo que es evidente. Porque aquí no hay confesiones valientes ni arrepentimientos sinceros. Solo estrategias jurídicas para mantener beneficios.

Beneficios, recordemos, que fueron otorgados por Santos en un acuerdo forzado en el Congreso después de que el pueblo mayoritariamente votara NO en el plebiscito refrendatario del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una Paz Estable y Duradera”. Pues bien, ni “final”, ni “terminación del conflicto”, ni “paz estable” y mucho menos “duradera”. Título ‘engañabobos’ que al final concedió, mediante una treta, beneficios que había prometido no entregar.

El mensaje es lapidario: si usted es un criminal común, lo espera la cárcel. Pero si lidera una estructura armada, asesina, secuestra y negocia a tiempo, la ley se acomoda. Ese es el nuevo estándar. La puerta giratoria del delito. La institucionalización del “crimen sí paga”.

Y el impacto es grave. ¿Qué creen que piensan hoy los cabecillas del Eln, las Farc (tal vez más fuertes que antes) y otras GAO? Tienen claro que el camino no es dejar las armas por convicción, sino por cálculo. Que la rendición no exige vergüenza ni justicia real, sino simplemente entrar al libreto de “verdad” y “reparación” que la JEP valida, incluso si deja por fuera a miles de víctimas.

Seamos claros: no puede haber paz verdadera sin justicia verdadera. La paz sin consecuencias es una pausa para rearmarse. La reconciliación sin reparación es cinismo. La legalidad sin castigo es una ficción.

La JEP, en lugar de cerrar heridas, las está abriendo. Con cada decisión que privilegia al victimario sobre la víctima, pierde legitimidad. Y con cada mensaje de impunidad, pone en riesgo la seguridad de todos. Porque cuando el Estado no castiga, lo que hace es estimular.

Lo advertimos desde el principio: la mal llamada “justicia transicional” no podía convertirse en un acuerdo de beneficios a cambio de relatos.

Hoy, esa advertencia se vuelve realidad. Colombia no necesita perdones fingidos. Necesita justicia firme, memoria verdadera y una paz que no esté manchada de impunidad.