La reciente absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez trasciende con mucho los límites de un expediente judicial. Constituye, antes bien, un suceso político de enorme significación, acaso el más revelador de la hora que vive Colombia. Porque el proceso que durante años lo mantuvo bajo el peso infamante de la sospecha no puede entenderse sino a la luz del trasfondo ideológico que lo engendró. Desde su gestación, aquella causa fue el instrumento predilecto de la extrema izquierda y del neocomunismo latinoamericano para alcanzar, por vías judiciales, la victoria que jamás pudieron obtener en el terreno democrático.
El uribismo representa desde hace dos décadas el principal valladar frente al avance del socialismo del siglo XXI en Colombia. Uribe simboliza la restauración del Estado frente al terrorismo, la dignificación de las instituciones y la defensa irrestricta de la libertad política y económica. En consecuencia, se convirtió en el adversario natural de un progresismo que, incapaz de prevalecer en la confrontación de ideas, optó por recurrir al terreno del derecho penal como arma de demolición moral. No se trataba de impartir justicia, sino de aniquilar políticamente a quien encarna, con todo lo que ello significa, la causa de la libertad democrática en Hispanoamérica.
Durante años, una conjunción de intereses mediáticos, judiciales e ideológicos se propuso construir la figura del «Uribe criminal». Los mismos que callan ante las atrocidades del socialismo en Cuba, Nicaragua o Venezuela —aquellos que relativizan el narcotráfico y el terrorismo cuando se ejercen bajo consignas revolucionarias— fueron quienes tejieron, sobre un conjunto de testimonios espurios y contradictorios, la narrativa de un expresidente culpable. Lo que se urdió fue, en realidad, una operación política revestida de solemnidad judicial. Y eso, precisamente, es lawfare: la utilización del derecho como instrumento de guerra política, la perversión de la justicia hasta convertirla en arma de aniquilamiento moral.
No deja de ser irónico que el término lawfare haya sido incorporado al vocabulario político por el propio progresismo, para victimizar a sus líderes condenados por corrupción o abuso de poder. Lo han invocado en defensa de Lula da Silva, de Cristina Fernández o de Rafael Correa, como si los tribunales fuesen conspiraciones oligárquicas y no órganos independientes encargados de aplicar la ley. Pretenden, así, instaurar la falacia según la cual toda condena de un dirigente de izquierda es persecución, y toda investigación contra uno de derecha, justicia inapelable. En esa inversión moral reside la médula del cinismo progresista.
Sin embargo, si existe en América Latina un caso que encarne con pureza el concepto de lawfare, ese es, sin lugar a dudas, el que se erigió contra Álvaro Uribe Vélez. Aquí no se trató de un juez aplicando la ley con ecuanimidad frente al poderoso, sino de sectores del poder judicial animados por un propósito ideológico, alentados por una opinión pública intoxicada por años de propaganda. Uribe fue víctima de la manipulación política de la justicia, de esa sustitución del debate racional por el expediente penal que él mismo había denunciado con clarividencia. Su proceso expuso, con toda su crudeza, la tentación autoritaria de una izquierda que aprendió a convertir el derecho en herramienta de combate.
En su primera etapa, los artífices de la persecución creyeron haber alcanzado su objetivo. Lograron instaurar un relato de culpabilidad, filtraron piezas procesales, alimentaron un linchamiento mediático y obtuvieron una decisión judicial que sirvió para presentarlo como «el expresidente condenado». Pero la verdad, que suele abrirse paso con la lentitud implacable de las cosas justas, terminó imponiéndose. El tribunal superior de Bogotá —sede de segunda instancia— desmontó con rigor jurídico lo que nunca fue más que una construcción artificiosa. La absolución de Uribe no es un gesto de indulgencia: es la constatación de que el proceso estaba viciado de raíz, de que las pruebas eran inconsistentes y de que el derecho había sido instrumentalizado con fines espurios.
Con esta decisión, la justicia colombiana recupera una parcela de su dignidad perdida y el país recupera una porción de equilibrio institucional. Porque lo que se dirimía no era únicamente la suerte personal de un expresidente, sino la credibilidad misma del Estado de Derecho. Cuando la justicia se convierte en mecanismo de venganza ideológica, el sistema democrático entero se resquebraja. El caso Uribe ha revelado con nitidez que el progresismo no vacila en degradar las instituciones cuando éstas dejan de servir a sus fines. Lo ha hecho con la justicia, como lo ha hecho con la educación, con la cultura y con los medios de comunicación, colonizados poco a poco por un discurso totalitario disfrazado de moral pública.
Ha llegado, pues, el momento de devolver a las palabras su significado genuino. Si hablamos de lawfare —esto es, del uso político de la justicia—, el concepto pertenece íntegramente a este proceso. No fueron los socialcomunistas sus víctimas: fueron sus artífices. La absolución de Álvaro Uribe no clausura una historia; la inaugura. Nos invita a reflexionar, con serenidad y con hondura, sobre la deriva de las instituciones colombianas y sobre la manera en que el poder judicial puede ser manipulado cuando se pone al servicio de una causa ideológica. Y obliga, además, a mirar más allá del nombre del expresidente, hacia los muchos ciudadanos anónimos que, sin influencia ni tribuna, han padecido también los rigores de una justicia contaminada por el sesgo político.
Álvaro Uribe Vélez es, sin duda, el estadista más influyente de las últimas décadas en Colombia y una de las figuras capitales de la defensa de la libertad en América Latina. Su absolución no solo reivindica su nombre: restituye la verdad histórica de un país que ha sido víctima de la manipulación y la mentira. Porque mientras el socialismo regional se hunde entre la corrupción, la represión y el narcotráfico, Uribe continúa representando la posibilidad de una Colombia libre, próspera y en paz. Y precisamente por eso, por encarnar esa idea de libertad, es que sus adversarios jamás podrán perdonarlo.
21/10/2025 | Los Irreverentes
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