El violento, demagógico e irresponsable discurso que el Jefe del desgobierno pronunció el martes pasado en la histórica Plaza de Bolívar de Bogotá es parte del maligno plan, so pretexto de la justicia social, concebido para profundizar la crisis de nuestra democracia. Convocar a la rebelión popular y al desacato de las decisiones del Poder Legislativo constituye una grave acción contra la estructura jurídica sobre la cual reposa la arquitectura de la separación de las ramas del Poder Público consagrada en nuestra Constitución. Esa nefasta acción se acompañó con el peor tono amenazante del Presidente, quien en vez de gobernar pronuncia discursos para sembrar la discordia e incitar a la lucha de clases. En esta tarea cuenta con el apoyo, entre otros activistas, de dos de sus principales secuaces, los ministros del Interior y del Trabajo, que anuncian la publicación de varios decretos con artículos e instrumentos de la fallida reforma laboral archivada por la Comisión Séptima del Senado.
El Jefe del desgobierno en vez de ejecutar en el Catatumbo las tareas que le competen de conformidad con los decretos y medidas de la Conmoción Interior, y rescatar la tercera parte del territorio nacional hoy bajo el violento control de grupos criminales, se propone implantar en las calles y plazas el desorden público de una especie de democracia plebiscitaria, con sus secuaces de la primera línea, con los activistas de la izquierda radical y con los sindicatos privilegiados. De esta manera pretende sustituir el Poder Legislativo para darse, como dijo en su discurso, una segunda oportunidad”, al estilo de la que ya otorgó al Ministro Benedetti. Preguntamos: ¿Esa “segunda oportunidad“ será probablemente la reelección del Jefe del desgobierno?
Pretender convocar una costosa Consulta Popular que implica posiblemente un gasto de medio billón de pesos, en el contexto de una crisis fiscal que aconseja un régimen de austeridad con disminución o postergación de transferencias y proyectos innecesarios. Los escasos recursos existentes deben utilizarse en las reales necesidades del país. Seguramente no estuvo de acuerdo el exministro de Hacienda Guevara con la Consulta Popular, preocupado por el derroche en el gasto y el incumplimiento de la regla fiscal y un mayor endeudamiento. Prefirió renunciar y no cohonestar la irresponsabilidad del desgobierno. Se abre un nuevo capítulo de incertidumbres en la gestión de las finanzas públicas.
La democracia colombiana viene sufriendo quebrantos. Asistimos a la politización de la justicia y de los órganos de control jurídico y político. Magistrados togados que legislan con el pretexto de descubrir y aplicar el espíritu o la intención de la ley, y desconocen o desfiguran el contenido de lo que dice la letra de la norma.
Togados y fiscales que, por motivos políticos, persiguen a inocentes y dejan impunes a los criminales. O legisladores que visitan las cárceles para ofrecer ventajas a delincuentes condenados a cambio de que rindan falsos testimonios contra una egregia figura de nuestra democracia como acontece en estos días. Sin olvidar al “cartel de la toga” que vendía sentencias.
Es oportuno recordar el famoso escolio del pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila, el cual advierte: “Las democracias tiranizan preferentemente por medio del poder judicial”.
El Presidente injuria y calumnia a destacados ciudadanos miembros de la oposición y desacata las decisiones judiciales que lo obligan a presentar disculpas y amenaza con la rebelión popular contra el Congreso que niega o archiva sus perniciosas reformas. Igual conducta tiene el Ministro de Salud que ha promovido la crisis del sistema de salud y ha sido incapaz, entre otras inepcias, de hacer el real cálculo financiero de lo que el Estado debe aportar a ese vital servicio actualmente sin medicamentos y con varios hospitales cerrados y la mayoría sin insumos ni materiales para la atención de los enfermos.
Por todo lo anterior, los juristas de las altas Cortes, los magistrados no corruptos e imparciales, los buenos políticos interesados en el bien común, los académicos y analistas, los dirigentes de la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía, en suma, todos los que desean vivir con sus hijos y nietos en una Colombia libre, en paz, con seguridad, sin la violencia de mafias y grupos criminales, debemos vigilar y estar advertidos de que se ha iniciado un proceso de democracia callejera con el objetivo de ganar o enturbiar las elecciones del 2026. Debemos prepararnos unidos para defender nuestra frágil democracia, atacada por el cáncer de la corrupción y el narcotráfico, y la falta de ética en la existencia pública. Nuestra República corre peligro de perecer con la continuidad del mal gobierno.
20/03/2025 | Por Martín Alonso Pinzón
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