Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, ha confirmado que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial. Sin embargo, hay algo que un candidato a la presidencia, y mucho menos un presidente, no puede permitirse jamás: ser extorsionado políticamente. Y eso es precisamente lo que, aparentemente, ha ocurrido en este caso. Oviedo, tras resultar perdedor en una consulta interna, interpretó el resultado como si le otorgara una victoria política; es decir, pese a haber perdido, se asumió «como ganador», y, desde esa posición, impuso condiciones para aceptar la fórmula vicepresidencial.
El problema es que tales condiciones, que no se limitan a una natural negociación política, son de hondo calado. Chocan frontalmente con la doctrina del Centro Democrático y afectan la médula misma de su identidad política, particularmente en lo relacionado con el proceso espurio de paz con las Farc y con la JEP.
El vicepresidente no es una figura decorativa. Es, como se ha repetido hasta la saciedad, la persona llamada a reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o permanente. No se trata, por tanto, de un cargo simbólico ni protocolario, sino de una responsabilidad que exige plena coherencia política y doctrinaria con quien encabeza la fórmula.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿los candidatos a la vicepresidencia suman votos? Por regla general no lo hacen. Rara vez ocurre. Sin embargo, sí pueden restarlos. Y eso es justamente lo que podría suceder en este caso con la designación de Oviedo. El tiempo y, sobre todo, el resultado de las elecciones dirán si Paloma acertó o se equivocó al permitir que ese sujeto llegara a su campaña imponiendo condiciones que resultan, cuando menos, inauditas.
En las campañas electorales los políticos ganan votos y pierden votos; eso hace parte de la dinámica natural de cualquier contienda democrática. Pero hay un error que ningún candidato puede permitirse cometer: regalar votos. Y, a primera vista, podría advertirse que Paloma, al incluir a Oviedo —quien representa la antítesis de la doctrina que mueve al Centro Democrático—, está terminando por entregar votos a su principal contendor, Abelardo De La Espriella.
Pero aquí hay también asuntos de fondo que Oviedo debe aclarar. El primero de ellos es su posición real frente al tema de las drogas. Se sabe que ha afirmado que la lucha contra el narcotráfico debe continuar y que el Estado debe enfrentar ese fenómeno. Pero esas declaraciones, en buena medida, hacen parte de lo que hoy suele llamarse corrección política.
El interrogante de fondo es otro: ¿cuál es realmente su posición frente al problema de las drogas? ¿Está de acuerdo con la legalización del consumo? ¿Está de acuerdo con que Colombia permita que los jóvenes se intoxiquen y se envenenen consumiendo drogas? ¿Está de acuerdo con que cese la lucha contra el microtráfico? Son preguntas que no admiten evasivas ni ambigüedades. Oviedo tiene la obligación política de aclarar cuál es su posición frente a ese veneno que está deteriorando el tejido social y golpeando a miles de familias en el país.
Hay además otro asunto que necesariamente debe abordarse y que, en ningún caso, puede interpretarse como un acto de homofobia. Oviedo es libre de tener la inclinación sexual que le venga en gana y también es libre de exigir que se le respete por ello, como cualquier ciudadano. Pero de lo que no es libre es de hacer apología de situaciones que puedan atentar contra la niñez, particularmente en lo relacionado con el cambio de sexo en menores.
Este, además, no es un debate nuevo. Ya en los años sesenta del siglo pasado el psicoanalista Wilhelm Reich publicó su obra The Sexual Revolution, en la que sostenía que la represión sexual durante la infancia contribuía a la formación de personalidades autoritarias y planteaba que la liberación sexual debía entenderse como parte de una transformación social más amplia, proponiendo que la educación sexual fuese mucho más abierta.
Esa corriente de pensamiento ha sido interpretada por muchos como una manifestación del denominado marxismo cultural. Y esa visión es la que evidentemente influye en algunas posiciones de Oviedo.
Conviene reiterarlo con claridad: Oviedo es libre de ser homosexual y de hacer alarde de su condición. En una sociedad libre nadie puede ni debe reprimir ni cuestionar la orientación de otra persona.
Pero lo que sí resulta problemático es que se pretenda convertir esa condición personal en objeto de apología o de promoción política, porque la orientación sexual pertenece a la esfera de la libertad individual. Así como él resolvió en algún momento de su vida sus propias definiciones sexuales, todas las demás personas gozan de esa misma autonomía. Y precisamente por eso nadie, y mucho menos desde las más altas esferas del poder, debería pretender delinear o condicionar ese proceso que pertenece al ámbito íntimo de cada individuo.
Existen además declaraciones públicas de Oviedo en las que él justifica la intervención de la política en asuntos relacionados con la sexualidad de los menores argumentando que de lo que se trata es de «gestionar el dolor» y de acompañar ciertos procesos personales. Ese tipo de formulaciones terminan siendo, en buena medida, un discurso abstracto que no responde a la cuestión de fondo.
Porque la política tiene límites. Y los políticos también los tienen. Uno de esos límites fundamentales es la intimidad de las personas y la vida privada de los individuos. Allí la política no debería entrar ni para imponer conductas ni para promoverlas.
En Colombia, como en cualquier democracia que aspire a ser madura, las personas son libres. Y esa libertad debe respetarse plenamente, cualquiera que sea la dirección en la que cada individuo decida ejercerla.
En ese orden de ideas, y en aras de darles tranquilidad a los electores del uribismo y del Centro Democrático, resulta indispensable que aquí se definan con absoluta claridad algunas posiciones de fondo. Este no es un asunto menor ni una discusión propia de la coyuntura electoral. Lo que está en juego es la coherencia doctrinaria de una campaña presidencial.
Por eso es importante que se establezca con precisión cuál va a ser la posición de Oviedo, pero también cuál es la posición de Paloma Valencia frente a lo que su fórmula ha planteado a lo largo de su vida pública, particularmente frente a asuntos tan sensibles como el relacionado con el cambio de sexo en menores de edad.
Para terminar, posiblemente Paloma Valencia, en aras de fortalecer —según sus propios cálculos internos— su aspiración presidencial, se tragó algunos sapos con la designación de quien la acompañará en el tarjetón, especialmente en lo relacionado con la JEP y con el proceso espurio de paz con las Farc, que son asuntos centrales y neurálgicos del cuerpo doctrinario del uribismo.
Ella pudo haber pasado de largo. La pregunta es si también los electores de Álvaro Uribe Vélez estarán dispuestos a hacerlo o si, por el contrario, terminarán poniendo su mirada en otra candidatura presidencial, en este caso la de Abelardo De La Espriella, que se presenta como más cercana a la defensa de esos principios.
La respuesta, como siempre ocurre en política, no la darán las encuestas interesadas o amañadas, sino las urnas en mayo del presente año. Por ahora, lo que sí resulta indispensable es que se aclaren con precisión varios puntos: primero, si Oviedo le impuso a Paloma la obligación de mantener la JEP y de bajar la bandera en la lucha contra ese tribunal de lavado de culpas de los genocidas de las Farc; segundo, cómo se va a enfocar el asunto de la paz y el proceso de negociación con los grupos armados ilegales, es decir, si se seguirá una versión matizada de la llamada «paz total»; tercero, cuál es la posición frente al tema de la legalización de las drogas; y cuarto, un aspecto igualmente fundamental, el relacionado con la hipersexualización de los niños.