Willi Münzenberg fue el gran arquitecto de la seducción ideológica del siglo XX: un propagandista capaz de convertir la causa soviética en un cuento heroico para los intelectuales occidentales. Joseph Goebbels llevó esa lógica al extremo más tenebroso, industrializando la mentira como herramienta de cohesión política. Ambos entendieron que controlar el relato era controlar la mente, y que la propaganda no solo influía en la opinión: podía deformar la realidad misma. Hoy, un siglo después, el avance tecnológico ha convertido esos métodos en fórmulas instantáneas. En la era digital, basta un enjambre de activistas virtuales, algunos funcionarios disciplinados y un aparato estatal dócil para que la manipulación informativa alcance una velocidad inédita.
En Colombia, el petrismo aprendió rápidamente esa lección. Y entre los operadores más oscuros y peligrosos del aparato de propaganda del narcorégimen colombiano está Hollman Morris.
Para un sector amplio de la opinión, Morris jamás encarnó la figura del periodista clásico, sino la del propagandista militante. Es evidente el estilo que ese siniestro sujeto utiliza para manipular la realidad. Cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, las denuncias sobre la transformación de Canal Capital en un al servicio de la agenda ideológica petrista se hicieron constantes. Quienes trabajaron allí relataron presiones, silenciamientos y despidos que, según ellos, respondían a la imposición de una línea editorial alineada al proyecto político del alcalde. El articulador de esa operación: Hollman Morris.
A ello se suman las controversias sobre las relaciones de ese individuo con las FARC, un asunto rodeado de testimonios, señalamientos y documentación ampliamente conocida. Incluso dentro de las filas del terrorismo surgieron juicios demoledores: Raúl Reyes lo describía en sus comunicaciones internas con términos como «embaucador» o «falsificador». Esa mezcla de polémica, cercanía política y reputación ambigua terminó configurando un perfil inquietante para un hombre que años después sería ubicado al frente de la televisión pública nacional.
Hoy el escándalo toma un matiz aún más oscuro. Ha trascendido que desde la RTVC se habría intentado indagar en la vida privada del concejal uribista Daniel Briceño, uno de los críticos más incisivos del actual gobierno. La simple sospecha de que un medio financiado por todos los colombianos pueda estar siendo utilizado para investigar o vigilar a un opositor resulta alarmante.
Es prudente preguntarse si la televisión pública, bajo esta conducción, está empezando a comportarse como una suerte de policía política mediática, un aparato que sustituye la información plural por la vigilancia ideológica.
De allí nace un interrogante evidente: ¿Es la RTVC una versión tropicalizada de la STASI? La comparación puede parecer exagerada, pero no surge de la imaginación literaria. Surge de la preocupación ciudadana ante la posibilidad de que los medios públicos estén siendo usados para fines partidistas, para moldear la narrativa oficial y para señalar a quienes incomodan al poder. Cualquier Estado que permita esa deriva se desliza por una pendiente peligrosa, una en la que la frontera entre comunicación pública y propaganda de régimen se vuelve difusa.
Y la justicia colombiana vuelve a quedar en el centro del debate. Es la misma justicia que nunca profundizó en los señalamientos que relacionaban a Morris con contactos privilegiados con las FARC, ni en las acusaciones de violencia intrafamiliar que circularon en el pasado. La misma justicia que pareció inmóvil ante aquellas controversias ahora parece distante ante las nuevas denuncias sobre presuntos seguimientos, rastreos o intentos de escrutinio indebido contra un concejal opositor. ¿Investigará? ¿Reaccionará? ¿O volverá a guardar silencio, como tantas veces?
Porque el verdadero peligro no recae en un funcionario en particular, sino en el precedente institucional. Que los medios públicos, concebidos para informar, educar y garantizar el pluralismo, sean convertidos en trincheras ideológicas, en altavoces del discurso oficial o en instrumentos de intimidación es una amenaza directa a la democracia. Normalizar que el Estado use sus cámaras para castigar reputaciones o para moldear al adversario político sería una derrota silenciosa, pero devastadora, para las libertades ciudadanas.
Münzenberg y Goebbels, desde las sombras de la historia, podrían mirar con satisfacción cómo sus viejos métodos encuentran nuevos discípulos. El desafío de Colombia es impedir que ese legado prospere. Evitar que la propaganda capture instituciones. Proteger los medios públicos de la manipulación. Resistir la tentación de la vigilancia política disfrazada de periodismo. Porque si esa línea se cruza, si el Estado decide que puede moldear la mente de la sociedad desde sus propias pantallas, entonces la libertad habrá sido entregada sin que nadie lo note. Y ese sería el triunfo final de los nuevos propagandistas del siglo XXI.
@IrreverentesCol
Publicado: noviembre 21 de 2025
https://losirreve.rentes.com/2025/11/la-nueva-propaganda-ha-nacido-la-stasi-tropical-de-colombia/