Las Fuerzas Armadas están obligadas a defender la Constitución

Una verdad contundente que pocos conocen, es que la Constitución de Colombia establece que una de las obligaciones fundamentales de las Fuerzas Armadas es defender el Orden Constitucional.

El artículo 217 dice lo siguiente:

“Artículo 217: La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

Esto quiere decir que nuestras Fuerzas Armadas no solo tienen la obligación de defender el País de una eventual agresión extranjera, sino también de cualquier persona o institución que pretenda subvertir la integridad del Orden Constitucional.

¡Más claro es imposible!

No se trata de que las FFAA ejecuten un golpe de Estado, sino que hagan valer su autoridad y su honor para que la Constitución sea respetada y acatada.

¿Quién quiere subvertir el Orden Constitucional? La respuesta no admite ninguna duda, pues el responsable de violar sistemáticamente la Constitución es el presidente de la República.

Y no lo hace en forma velada, sino de frente y con arrogancia. Lo hace todos los días. Esas violaciones continuas a la Constitución deberían ser motivo de escándalo al interior de los poderes públicos, que junto con las Fuerzas Armadas han jurado ante Dios y la Patria el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional.

El Gobierno viola la Constitución

Entre las muchas actuaciones del presidente que violan la Constitución, están las siguientes:

1. La violación de los topes de financiación de la campaña presidencial, que según el artículo 109, establece la pérdida del cargo.
2. La recepción de dineros de procedencia ilegal y mafiosa en la campaña presidencial.
3. La declaratoria de Emergencia Económica en el Departamento de La Guajira, aunque derogada por la Corte Constitucional, terminó creando un carrusel de corrupción con todas las leyes y decretos dictados bajo esa figura.
4. La entrega de sectores del territorio de Colombia a organizaciones terroristas y subversivas, prohibiendo a las Fuerzas Armadas intervenir en ellos para garantizar los derechos ciudadanos. En esta situación se encuentran cerca de 400 municipios, que ocupan casi la mitad del territorio nacional.
5. Interferir ilegalmente ante la Fiscalía y ante los jueces para que sean liberados los terroristas de la Primera Línea que se encuentran presos, ya condenados o acusados de terrorismo, asesinato, secuestro y destrucción de la infraestructura pública de varias ciudades.
6. Intervención de la autonomía universitaria, al tratar de imponer el nuevo rector de la Universidad Nacional, sin tener competencia para ello.
7. Sobornar con maletas llenas de dinero a los presidentes del Senado y la Cámara, y a varios congresistas más, para que aprueben las reformas del gobierno.
8. Comprar vulgarmente el apoyo de algunos partidos políticos y de sus jefes, como ha pasado entre otros con el Partido Conservador.
9. Y la más grave de todas, que es proponer la convocatoria a una Asamblea Constituyente promovida por minorías radicales y violentas para cambiar la Constitución, convertir la democracia en una dictadura vitalicia, usando mecanismos que son contrarios a los previstos en la Constitución vigente.

El presidente pretende que el mandato para convocar una nueva Constitución provenga de unas “asambleas populares”, que son propiamente el populacho que él reúne en varias ciudades mediante una asistencia pagada, que no pasa dos mil personas por evento.

En Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Cali, esos eventos se hicieron en lugares públicos, y en ellos ha proclamado una inexistente “soberanía popular” que exige cambiar la Constitución, amenazando con desencadenar nuevas violencias terroristas. Según Petro, solo así se conseguirá la justicia social, se acabará el “esclavismo” que según él todavía existe, se combatirá la corrupción, conseguiremos riqueza y prosperidad y viviremos en paz.

¡Nada más fantasioso y absurdo! Jamás se podrá combatir la corrupción desbordada que hay en este gobierno, cuando sus principales funcionarios son precisamente los más corruptos. Jamás habrá paz, cuando se le concede legitimidad e impunidad a los grupos armados ilegales. Y tampoco cuando el Estado reparte en subsidios y sobornos billones de pesos del presupuesto nacional para comprar conciencias y sobornar legisladores, lo cual no es otra cosa que comprar hoy los votos de las elecciones futuras.

Los “soviets” como sistema de gobierno marxista

Las anunciadas “asambleas populares” son verdaderos “soviets”, con los cuales se han hecho las revoluciones marxistas a lo largo de la historia. Unos grupos radicales, violentos y criminales, que empuñando armas y violando todos los derechos ciudadanos, le imponen a una nación la dictadura, la miseria y la pérdida de todas las libertades.

Esa figura se la inventaron Lenin y Stalin en Rusia, la introdujo Juan Manuel Santos en el Acuerdo con las FARC que se firmó en 2016, que fue rechazado en el Plebiscito del mismo año, pero cuyo resultado se lo robaron entre Santos, el Congreso de la República y la Corte Constitucional, desconociendo el mandato de las urnas.

Por último, que nadie se engañe con respecto al monstruo que se quiere crear con una nueva Constitución. Lo que Petro quiere es perpetuarse en el poder como dictador vitalicio e imponer a Colombia una revolución marxista, tal como lo hicieron Lenin, Stalin, Putin, Castro, Ortega, Chávez y Maduro.

Estos demonios que pisotean las leyes de Dios y de los hombres, son los santos de devoción de Petro. A los cuales se suman las más bajas pasiones de la brujería, tanto indígena como satánica, que son el alimento espiritual de este gobierno, de sus funcionarios y de cada una de las determinaciones presidenciales, que antes de ser ejecutadas pasan por rituales esotéricos de brujería y santería cubana y africana.

Y eso que tenemos una Constitución laica, que llevó a la Corte Constitucional a prohibir en 1994 la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, pero nada dicen ahora contra estos ritos de brujería satánica que son habituales en este Gobierno. O sea, se prohíbe consagrar el País al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María, pero sí se permite la consagración a los “dioses” de la brujería.

En estas circunstancias, el clamor angustioso del pueblo de Colombia debe ser escuchado por las Fuerzas Armadas, para que se manifiesten exigiendo el cumplimiento de la Constitución y la defiendan con valor, con honor y con heroísmo. Que impidan las felonías y divagaciones absurdas para reemplazar el Estado de Derecho por “asambleas populares”, que son propiamente el brazo armado de las FARC, del ELN, del Cartel del Golfo, de las organizaciones terroristas de la Primera Línea y del narcotráfico, que ahora ejercen un control territorial absoluto sobre buena parte de Colombia, frente a las narices del nefasto ministro de Defensa, que no hace nada para evitarlo porque ese es el plan del gobierno.