Mientras el ‘decretazo’ de Petro debe dirimirse por las vías legítimas, el país no puede olvidar el quiebre de las instituciones por causa de Petro.
Al materializar su amenaza de la consulta por vía decreto, el presidente Petro desdeña las múltiples advertencias no sólo sobre las consecuencias jurídicas de su firma -y la de sus ministros- sino sobre los efectos políticos de desconocer la separación de los poderes públicos. Por más irregularidades que el Gobierno denuncie sobre la votación parlamentaria del pasado 14 de mayo, al Ejecutivo no le corresponde la determinación de esos “yerros” ni mucho menos actuar administrativamente al convocar la consulta sin esa definición.
Más aún, han sido varias las interpretaciones jurídicas que el Gobierno ha lanzado para justificar su movida, que no han gozado de acogida dentro de la mayoría de juristas y analistas. Desde el lado político, el ‘decretazo’ no es más que un evidente y nada sutil instrumento de chantaje tanto sobre el debate que se desarrolla actualmente en la plenaria del Senado, como por el contenido del mismo.
Mientras el gobierno Petro se burla abiertamente de la independencia del Congreso e incluso amenaza otra vez con asambleas constituyentes, los legisladores de la cámara alta, con sus diferencias y pulsos propios de la discusión parlamentaria, continúan su avance hacia la aprobación del proyecto de reforma laboral.
No hay que llamarse a engaños: el ‘decretazo’ del presidente Petro es una inequívoca muestra de autoritarismo y de arbitrariedad que va en abierta contravía con el espíritu de la Constitución. Ya con sus rúbricas en el documento, el primer mandatario y sus ministros -varios funcionarios en encargo firmaron- deben enfrentar las consecuencias políticas y jurídicas de esta controvertida decisión. Ojalá no vengan después lamentos y denuncias de persecución política por un hecho que tantas voces advirtieron que configuraría mínimo una extralimitación del poder Ejecutivo.
Esta convocatoria a la consulta popular vía decreto ya ha desatado una intensa batalla jurídica que involucra a la Corte Constitucional -que el Gobierno quiere que sea la última instancia-, el Consejo de Estado y la Registraduría Nacional, encargada de organizar este mecanismo de participación. Los resultados de este pulso deben darse por los canales legales y legítimos, esto es, por las vías marcadas por la institucionalidad. De hecho, a pesar de la indebida tensión y del autoritario quiebre institucional generados por el presidente Petro y su insistencia en la consulta, este ‘decretazo’ ofrece una oportunidad para que las instituciones colombianas muestren su fortaleza y su capacidad de dirimir estos ‘choques de trenes’.
Los colombianos no pueden olvidar, ni dejar pasar, este desafío a la independencia y la separación de los poderes públicos que viene protagonizando el jefe del Estado. También debe quedar claro para el electorado los dirigentes políticos, los partidos y los aspirantes presidenciales que respaldaron el ‘decretazo’ y aquellos que -como el senador Miguel Uribe en un video antes de sufrir el infame atentado- denunciaron este acto como ilegal y contrario a la Constitución.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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