Petro declaró terroristas a varias grupos, mientras Benedetti afirmó que ‘no es muy claro’ si responsables de ataque en Amalfi responden a Calarcá.
La primera reacción del presidente Gustavo Petro tras el derribo de un helicóptero de la Policía en zona rural de Amalfi (Antioquia), que dejó 13 uniformados muertos, fue responsabilizar al frente 36 de las disidencias de las Farc, pese a que el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había señalado inicialmente al ‘clan del Golfo’.
La afirmación del presidente Petro no es menor: el frente 36 pertenece al Bloque Magdalena Medio, una estructura que participa en la mesa de negociación con el Gobierno bajo la coordinación del autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes, comandado por alias Calarcá. Con este grupo, entre otros acuerdos, se pactó la instalación de una zona de ubicación temporal para el frente 33 en la región del Catatumbo.
“Iniciadas las tareas de erradicación forzosa en el norte de Antioquia, responde la banda allí, el frente 36, matando 13 miembros de la policía, incluido el capitán Merchán. Mi sentido pésame a sus familias; estos hombres murieron por debilitar el narcotráfico que hace rutas por el Caribe y que va destino a los EE. UU.”, señaló el mandatario este viernes.
Sin embargo, pese a esto, en ningún momento el jefe de Estado planteó la posibilidad de evaluar las condiciones de la mesa ni exigir explicaciones a los delegados del grupo armado. De hecho, no mencionó que existe una negociación con esa organización armada.
Y es que los videos difundidos en redes sociales, que muestran a los responsables celebrando el derribo de la aeronave, evidencian nuevamente la brecha entre la visión presidencial de la ‘paz total’ y la realidad: los grupos armados continúan su violencia, pese a las alternativas y concesiones ofrecidas por el Gobierno.
El segundo mensaje del presidente Petro, emitido tras el atentado perpetrado por las disidencias de alias Iván Mordisco, que dejó seis muertos, resultó igualmente confuso. Desde Valledupar, en medio de un acto de entrega de tierras, el mandatario anunció que declarará a tres organizaciones armadas con la que hubo negociaciones o hay acercamientos como terroristas.
“Es crimen de guerra, de lesa humanidad desde la juridicidad de la Corte Penal Internacional, y es terrorismo desde el concepto más básico de terror (…). Las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el clan del Golfo serán consideradas organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier lugar del mundo”, añadió el mandatario.
Lo llamativo es que, entre las organizaciones que dice declarará como terroristas, no figuran las disidencias de Calarcá, responsables del ataque al helicóptero y de otros episodios recientes como la emboscada en abril en Guaviare que dejó siete militares muertos. En cambio, sí aparece el ‘clan del Golfo’, grupo criminal con el que, apenas hace dos semanas, el primer mandatario anunció la intención de instalar una mesa de negociación en Catar.
Si bien la declaración del presidente Petro genera serias dudas sobre su posición frente a las negociaciones de paz, también genera interrogantes sobre el criterio del Gobierno para determinar qué grupos se consideran terroristas, en un contexto donde, como él mismo reconoce, ya no existen organizaciones con fines políticos claros, sino estructuras vinculadas al narcotráfico.
Aún mayor confusión provocó la declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la emisora Blu Radio este viernes por la mañana. “No es muy claro; según decían ayer, esos grupos autónomos responden al mando de Calarcá. Cada grupo es autónomo”, afirmó. Sus palabras generan dudas sobre si se trata de una nueva fragmentación de las disidencias o si el Gobierno no tiene claridad sobre con quiénes está negociando.
Para entender esta situación, es necesario remontarse a octubre de 2023, cuando comenzaron las negociaciones con el Estado Mayor Central, la unión de varias estructuras que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. En ese momento se estableció un cese del fuego nacional que se mantuvo hasta marzo de 2024, cuando, tras una serie de ataques contra una comunidad indígena en Cauca y el asesinato de la líder indígena Carmelita Yule Paví, el presidente Petro suspendió la tregua en Nariño, Valle del Cauca y Cauca.
Esta decisión provocó la fractura de las disidencias: las estructuras leales a alias Calarcá, principalmente presentes en el Magdalena Medio, el Catatumbo y en departamentos como Caquetá y Guaviare —cerca del 40 % de los hombres del EMC, según fuentes cercanas a la mesa—, optaron por continuar en las negociaciones, mientras que las leales a alias Iván Mordisco se retiraron de la mesa.
Desde entonces, el Gobierno ha aplicado dos estrategias opuestas, con resultados similares: por un lado, acciones ofensivas contra el Estado Mayor Central, especialmente en el Cañón del Micay; por otro, negociaciones y acuerdos parciales con lo que hoy se conoce como Estado Mayor de los Bloques y Frentes.
No obstante, las negociaciones con este grupo están en punto muerto luego de que sus integrantes anunciaran que no entregarían las armas durante la fase de reagrupamiento en la zona de ubicación temporal. Además, los encuentros formales se interrumpieron en octubre pasado, tras el sexto ciclo de diálogos, y a esto se sumó el impacto de la inesperada salida de Camilo González Posso como jefe negociador del Gobierno.
Para el profesor e investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, a pesar de estos hechos de violencia, es posible que no tengan un impacto significativo en las negociaciones, como ya ocurrió en episodios polémicos anteriores, por ejemplo, cuando miembros de las disidencias de Calarcá fueron sorprendidos viajando armados en camionetas de la UNP por vías de Antioquia —incluidos varios integrantes del frente 36—.
“Esta acción es lamentable, pero en la práctica no debiera detener las negociaciones en la medida en que no hay un acuerdo en torno a cesar acciones ofensivas ni del Estado ni de las estructuras de esa organización, pero innegablemente es un golpe muy fuerte en contra de la paz total, ya que la percepción generalizada de la ciudadanía es que el Estado está cediendo mucho y está exigiendo muy poco a cambio en esos espacios de negociación”, señaló el analista.
En cuanto a la eventual negociación con el ‘clan del Golfo’, la situación sigue siendo igual de confusa. Mientras se planifica la logística para dialogar con la estructura criminal más grande del país —cuyo portafolio incluye narcotráfico, minería ilegal de oro, extorsión, lavado de activos y control de los flujos migratorios por el Darién—, el ministro Benedetti parece inclinarse a cerrar cualquier posibilidad de acercamiento.
“Ese es uno de los temas que, cuando usted declara un grupo terrorista, pues echa para atrás; es una de las implicaciones. Eso se habló también con Estados Unidos, que es una decisión del Gobierno Nacional que acompaña Estados Unidos”, dijo este viernes.
En definitiva, tras estos atentados y los mensajes contradictorios del Gobierno, queda un panorama de incertidumbre que evidencia nuevamente los vacíos de la política de ‘paz total’, la cual, a un año de concluir este Gobierno, tiene muy poco que mostrar más allá de los acuerdos alcanzados con el frente Comuneros del Sur —entrega de material de guerra y preagrupamiento de tropas—.
22/08/2025 | El Tiempo | Por Camilo A. Castillo