Suroccidente, la región con más territorios en estado crítico, según informe de la Defensoría. Cifra dista de los 104 que reporta el Gobierno.
62 municipios con llamado de atención inmediata (por riesgo actual), 162 para atención urgente (por hechos probables) y 425 con llamado a acción prioritaria (por amenaza latente) conforman el semáforo de la Defensoría del Pueblo en su más reciente alerta temprana sobre riesgo electoral, de cara a los comicios de 2026. Así, la entidad indica que hay 649 territorios que necesitan especial atención en esta materia. “Esta alerta no es un llamado al miedo, es un llamado a la acción”, enfatizó la Defensoría.
La cifra, no obstante los matices, es más alta que la presentada por el Gobierno este lunes, que alerta sobre 104 jurisdicciones. “Son diagnósticos complementarios. El carácter de la alerta temprana es eminentemente preventivo, de riesgos de violaciones a derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario que afecten los derechos políticos, incluyendo poblaciones específicas, no solo la población política (…). Obedece a variables distintas”, explicó la defensora Iris Marín.
El llamado al Gobierno para que garantice el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos se eleva ante posibles vulneraciones a los derechos humanos de tres grupos: candidatos, precandidatos y simpatizantes de partidos políticos; personas defensoras de derechos humanos (DD. HH.) y líderes sociales; y servidores públicos en cargos de elección popular o con funciones electorales.
Para la elaboración del mapa de riesgo, la Defensoría tuvo en cuenta 14 variables, agrupadas en dos grandes categorías: la amenaza, que agrupa las acciones armadas contra la población civil; y los factores de capacidad y vulnerabilidad institucional, que miden la robustez del Estado para enfrentar esos peligros.
Según el informe, estas elecciones se desarrollan en un contexto de “transformación del conflicto, cambios en la política de seguridad asociados al tercer ciclo de violencia” y bajo fuertes cuestionamientos a la política de ‘paz total’. También advierte que las alertas sobre la premiación violenta en elecciones han estado presentes en la última década.
Aunque las jornadas de votación han podido realizarse, organizaciones criminales “suelen restringir las libertades políticas mediante presiones, prohibiciones o permisos selectivos para realizar proselitismo, financiamiento de campañas y otras acciones”.
Estos mismos factores de amenaza se mantienen en la presente alerta temprana electoral. “La existencia de riesgos emanados de las dinámicas de los grupos armados ilegales en diferentes territorios del país, tienen la potencialidad de afectar los procesos electorales que se desarrollan durante 2025 y que se llevarán a cabo en 2026”, señala.
Para mapear el riesgo, la Defensoría dividió al país en macrorregiones. El Suroccidente, conformada por 148 municipios de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, es la zona más crítica, pues alberga 36 municipios con llamado a la acción inmediata (más de la mitad del total nacional en esta situación). Además, tiene 43 para acción urgente, 59 en llamado prioritario y 10 para observación permanente.
Allí predominan facciones de las disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’; la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano; el Eln; los ‘Comuneros del Sur’, y grupos de crimen organizado que ejercen control mediante la imposición de normas sociales, restricciones horarias y control en vías terrestres y fluviales. “
Para las elecciones de 2025 y 2026, se prevé la exclusión de agendas medioambientales, especialmente en el Telembí (Nariño) y el Pacífico caucano, donde el BOCJA (Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas) controla actividades de minería ilegal que afectan gravemente las fuentes hídricas”, exponen.
De otro lado, la región Caribe, que abarca 135 municipios, tiene 7 con llamado a la acción urgente o riesgo alto y 81 para acción prioritaria. Allí, la participación política se ve restringida a través de captación y control de la población civil, amenazas a liderazgos sociales, apropiación forzada de expresiones organizativas y otros hechos.
La región Nororiente, que incluye al Catatumbo, está conformada por 287 municipios. De estos, 9 están clasificados para acción inmediata, 39 en acción urgente y 73 en acción prioritaria.
“Las manifestaciones de gobernanza armada ilegal se ejercen de facto sobre las comunidades. Estas incluyen el control territorial, la cooptación de liderazgos sociales y la instrumentalización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad”, indican.
El Noroccidente, con 178 municipios, tiene 10 con llamado a la acción inmediata, 38 para acción urgente y 64 en atención prioritaria. “Las prácticas empleadas por los grupos armados (…) —principalmente en zonas urbanas— combinan la coerción directa, la intimidación selectiva y la cooptación de actores locales, con el objetivo de interferir en la conformación de alianzas políticas que les permitan mantener sus economías ilícitas, reforzar el control sobre la población y ejercer influencia en la administración pública”, señala la Defensoría.
Para la región Sur Amazonia, cuatro grupos armados amenazan el desarrollo de la contienda electoral, entre ellos el autodenominado Nuevo Estado Mayor Central, de ‘Iván Mordisco’. Esta región abarca 84 municipios: 4 en llamado a la acción inmediata, 11 en acción urgente y 50 en acción prioritaria. “La gobernanza criminal podría generar obstáculos significativos para la realización de campañas políticas, manifestándose en diversas formas”, reza el informe.
En la Orinoquia hay 75 municipios: 3 con llamado a la acción inmediata, 10 en acción urgente y 53 en acción prioritaria. “En contextos de disputa, como los de Guaviare, Casanare y Arauca, el Eln (…) despliega acciones orientadas a legitimarse como fuerza armada, política, militar y de supuesto carácter social”, apuntó la entidad.
Finalmente, en la región Centroandina (Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda) se registra el accionar de grupos disidentes de las Farc, organizaciones sucesoras del paramilitarismo, de crimen organizado, y la acción de un grupo de criminalidad transnacional.
Allí existen “oficinas de cobro, escuelas de sicariato y redes de control social, lo que refleja una violencia ‘enquistada’. Un caso emblemático es el atentado contra el precandidato Miguel Uribe”, dice la Defensoría.
La Defensoría también detectó riesgos en la participación de los jóvenes en la segunda elección a Consejos de Juventud, campaña en la que uno de los candidatos fue asesinado y otro secuestrado. Asimismo, la representación política de las mujeres víctimas del conflicto y la de los y las firmantes de paz se ha visto truncada por amenazas y violencia.