Desde el Congreso advierten que los cambios que se vienen para el Secop generan dudas de cara a la ley de garantías.
El Secop I y Secop II son las herramientas que usa el Estado, ya sea a nivel regional o nacional, para adjudicar los diversos contratos que le permiten acceder a los bienes y servicios que necesita para garantizar la operación administrativa de sus entidades y la ejecución de sus programas sociales.
Colombia Compra Eficiente es la entidad encargada de la operación de estas plataformas, así como de la Ventana Virtual del Estado, y recientemente ha sido noticia porque se conoció que prepara un revolcón al sistema, con el fin de mejorar su eficiencia. No obstante, hay dudas sobre los alcances de los cambios y la cercanía de los mismos con el inicio de la ley de garantías, razón por la cual fue convocada al Congreso.
Allí, en un debate de control político liderado por la senadora Angélica Lozano, se entregó un balance de la operación hasta la fecha del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), en el que se conoció que, por ejemplo más de la mitad de los contratos que se han suscrito con el Estado desde que funciona esta plataforma, se entregaron a dedo.
Contratos a dedo
Según expuso la congresista Lozano, en las bases de datos del Secop II se tiene registro de 3,4 millones de contratos, de los cuales 2,6 millones (66%), se celebraron bajo la modalidad de contratación directa, mientras que para el Secop I, dicho margen es del 45%, ya que de 11,6 millones de contratos, 5,7 se dieron sin el debido proceso de méritos.
“Un 88% de las compras públicas del Estado se hacen a través de Secop II y la Tienda Virtual del Estado, $123 billones de $139 billones en 2024. Por eso es que ponemos la lupa a la modificación exprés a estas plataformas desarrolladas en los últimos 21 años y a la forma en la que se están realizando los procesos”, dijo Lozano.
Con corte al 2024 había registrados más 458.000 proveedores en el Secop II y solo en ese año se adjudicaron más de 690.000 contratos. Para el caso del Secop I, los datos muestran que el año pasado había 2.992 entidades registradas en esta plataforma y que en ese lapso se publicaron allí más de 313.000 contratos.
“Entre las ventajas del Secop tenemos que se pueden monitorear todas las etapas del proceso de contratación pública, hay trazabilidad en el tiempo, es completamente interactivo, permite visualizar información de procesos contractuales. Lo más importante es que contribuye a la políticas de datos abiertos”, indicó.
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Partiendo de todo lo anterior, en la Comisión Cuarta, donde se llevó a cabo el debate, reconocieron que si bien estos sistemas han servido y ayudado a la contratación pública en los departamentos y municipios y a nivel central, llama la atención que los reportes de fallas vienen en aumento, dejando claro que eso se traduce en oportunidades de participación perdidas para quienes quieren hacer parte del proceso.
En lo que concierne al Secop II, la senadora Angélica Lozano dijo que tan solo para 2024 se reportaron 12.239 incidentes (fallas), cifra que si bien marca una reducción frente a las 17.787 del 2023, es dos y tres veces más grandes que las reportadas en los años 2022 (4.552), 2021 (8.150), 2020 (2.203), 2019 (4.780) o 2018 (4.780).
“Esto nos deja preguntas sobre el mantenimiento que se está dando, esa es una tarea que cuesta, al igual que el almacenamiento de la información, eso son recursos públicos, pero sin ese mantenimiento, van a aumentar las fallas que bloquean el acceso y la transparencia nada más y nada menos que de la plata pública”, sostuvo.
Ojo al revolcón
Luego de presentar estos datos, el debate de control político se centró en el proceso que adelanta actualmente Colombia Compra Eficiente para mejorar este sistema, que si bien reconocen que tiene fallas a superar, advierten que hay muchos elementos en juego que no se están analizando como, por ejemplo, la cercanía de una ley de garantías.
“En el sistema de contratación pública se hacen las transacciones de 9 de cada 10 pesos públicos y quiere decir que cualquier cambio va a impactar la competencia, el acceso a la información. Desde operaciones sencillas, como la contratación de personal con el Estado mediante OPS hasta las grandes licitaciones de nuestro país. Por eso se necesita claridad frente a lo que se está realizando”, acotó.
Las dudas que originaron este debate concretamente están relacionadas con el concurso de méritos abierto CCE-CM-001-2025, el cual busca “contratar el diseño, desarrollo e implementación de una nueva plataforma de compras públicas, en su primera etapa, conforme a las especificaciones técnicas definidas en la ANCP-CCE que permita elaborar la propuesta para los documentos de lineamientos técnicos”.
Según se conoció, la convocatoria se abrió el pasado 8 de marzo y estará disponible hasta el 16 de abril; dado que se espera que su firma se concrete el 29 de abril y así ponerlo en marcha. Son $23.497 millones los que se asignaron para esta tarea y tendrá un plazo de ejecución de apenas ocho meses.
“Lo que importa es que esto se haga bien, ya que lo barato sale caro y lo hecho de afán sale peor y resulta que a final de año, este proceso nos deja dudas como cuándo se contratarán las fases 2 y 3 del proceso, se tienen los recursos para ello. No olvidemos que la primera etapa es en el 2025, la segunda se dará en el 2026 y se espera que entre 2027 y 2029 se contrate y termine todo con la tercera etapa”, dijo Lozano.
En este debate cerraron indicando que entre septiembre del 2025 y mayo del 2026, el país estará en ley de garantías y debido a ello, se debe garantizar que no haya traumatismos y que los gobiernos locales y nacional, puedan contratar antes de que dicha norma empiece a regir, lo cual no creen que sea posible, dado el historial que tiene el país en este tipo de procesos.
25/03/2025 | Portafolio | Por Daniel Hernández Naranjo
