Desde El segundo semestre de 2020 era claro que el aumento de la deuda del país por encima del 60% del PIB hacía necesario un plan de choque en 2021 para disminuir este monto por debajo del 50%. De lo contrario es inminente la pérdida del grado de inversión de la deuda ante las calificadoras internacionales de riesgo.
El Presidente Duque, pese a que el año pasado descartó en dos ocasiones por inconveniente la propuesta de un proyecto de reforma tributaria planteada por Ministro de Hacienda Carrasquilla, este año, a última hora, decidió aceptarlo y presentarlo al Congreso. Y, de paso, descartó otras opciones menos aventuradas y polémicas y más expeditas para ajustar la deuda, como son una disminución drástica del ineficiente gasto público y la venta de activos de propiedad de la Nación.
Los inconvenientes de una reforma tributaria improvisada saltan a la vista: Se realiza en un año preelectoral en el cual los congresistas no querrán quedar mal ante sus electores. Los que den sus votos a favor lo harán a cambio de prebendas y excepciones en el contenido de la ley. Ello hará más enredada la tributación y menos efectivo el recaudo esperado. Es casi imposible saber qué saldrá aprobado del Congreso.
En cuanto al proyecto de reforma —cuyo texto definitivo se desconoce aún— y que el Gobierno ha ido filtrando a cuenta gotas para medir la opinión, ya se han comentado hasta la saciedad los mayores inconvenientes económicos y sociales que produciría en momentos en que lo urgente es la recuperación económica y la generación de empleo. Ya habrá tiempo de analizar el contenido de la Ley aprobada. Me limitaré a señalar dos peligros del posible proyecto: El impuesto al patrimonio y el aumento en la tarifa de renta de los dividendos. Ambos atentan contra el ahorro y la inversión, incluida la extranjera, tan necesarios ahora que tenemos que recuperar el crecimiento económico luego de una caída del PIB en 2020 del 7% y luego de que, al parecer, el primer trimestre fue perdido en reactivación. Ello llevaría fatalmente a fuga de capitales y mayor evasión. Tal vez la clara ganadora en este debate será la oposición, que adelantará su campaña electoral contra el aumento de impuestos a la clase media, sin reconocer la ampliación del ingreso solidario para los hogares más pobres y que sería su fundamental objetivo social.
Históricamente, la lucha de la DIAN contra la evasión, cuyo monto equivale a varias reformas tributarias, ha fracasado. Tal vez por falta de decisión de la misma DIAN. Si tuviéramos un Gobierno responsable, con una visión clara del Estado, debería considerar seriamente la liquidación de la DIAN y de la mayor parte de su personal y crear un organismo completamente diferente, asesorado por alguno de tantos países exitosos en el campo tributario. Borrón y cuenta nueva.
Desde luego, todo ello acompañado de una simplificación sustancial del Estatuto Tributario. En ello fracasó también el Gobierno Duque; luego de dos reformas de impuestos en la primera parte de su período, propone ahora la tercera. Aumentando con todas ellas la complejidad del sistema, y haciendo cada vez más difícil de entender las normas que los contribuyentes debemos cumplir. “Una política tributaria informe con impuestos absurdos” la llamó la comisión de expertos internacionales convocada por el Gobierno. Comparando su informe con la propuesta que se hará al Congreso, parece que fue inútil el trabajo de esta Comisión.
Perdió la oportunidad Duque de hacer reformas estructurales: la de Pensiones, la de la Justicia, la Laboral y la Tributaria. Su legado será una cantidad ingente de normas sueltas sin ninguna coherencia y que dificultan cada vez más la actividad económica formal y legal. Es lamentable reconocerlo, pero parece que tienen más garantías quienes se dedican a actividades ilegales.
También perdió la oportunidad de reducir los gastos de funcionamiento, cabe suponer que por falta de voluntad. Aunque este rubro del presupuesto en 2021, $184,9 billones, es inferior al del 2020 en 14, 2 billones, sigue siendo 18% más alto que el de 2019. Lo cual es inaceptable. La reforma tributaria será no solo para pagar el gasto social resultado de la pandemia, sino también para cubrir el excesivo crecimiento de los gastos de funcionamiento durante su administración.
Ante estas cifras, el decreto expedido el pasado 9 de abril, de austeridad y reducción de gastos parece un chiste si no revelara una verdad más grave. El decreto dicta normas en las que se prohíben prácticas, que todo parece indicar son comunes en el Gobierno. De no ser así, no habría que prohibirlas ni tampoco producirían ahorros. Las prácticas que ya no se permitirán son: celebración de contratos que no sean estrictamente necesarios, para lo cual a partir de ahora será indispensable hacer una evaluación rigurosa que los justifique; igual tratamiento para el pago de horas extras. Tampoco podrán los funcionarios viajar en primera clase en vuelos de duración inferior a ocho horas. Ni podrán cobrar viáticos completos cuando los viajes sean cubiertos parcialmente por otra entidad. La lista de prohibiciones es larga. De ello cabe deducir que hasta ahora el despilfarro ha estado fuera de control. Urge otra reforma estructural: la del funcionamiento del Estado que busque hacerlo eficiente y minimice la corrupción.
Según el Decreto, deberá recortarse también la publicidad de las distintas entidades del Gobierno Nacional. A propósito, en el que parece ser un publirreportaje en la revista francesa L’essentiel des relations internationales, donde figura el Presidente Duque como uno de “los líderes que mueven el mundo” al lado de Biden, Xi Jinping, Putin, Boris Johnson, Emmanuel Macron y otros pocos, este afirma que Colombia ya volvió a los niveles de desempleo anteriores a la pandemia (“Nous avons retrouvé le niveau de chômage d’avant la pandemie”). Lo cual es falso: Según el DANE, en febrero de 2020, el último mes antes de que esta empezara, fue del 12,2%, y un año después se ubicó en el 15,9%. La ampliación del Ingreso solidario del proyecto de reforma tributaria está sustentada en el alto desempleo. Duque, como su antecesor Santos, se preocupa más por cultivar su imagen internacional que por hacer el trabajo para el cual fue elegido por los colombianos, así sea a punta de mentiras.
La alternativa a obtener recursos mediante una reforma tributaria inconexa considero que es la venta de activos de la Nación. En concreto, el 88,49% de Ecopetrol y la venta del 51% de ISA a privados en subasta pública. La participación de la Nación en Ecopetrol puede estar por los $23 mil millones de dólares, equivalente a un 14% de la deuda, lo que reduciría a esta por debajo del 50% del PIB. Y el precio de venta de ISA se maximizaría si en vez de aceptar la propuesta de compra por parte de Ecopetrol en exclusiva, se reciben ofertas de compra de varios inversores estratégicos.
Hernán Uribe López, La Linterna Azul, 17/04/2021
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