Objetivo: buscar plata debajo de las piedras para financiar la campaña

Como lo sostuvo en campaña, desde su inicio, la actitud del gobierno fue la de convertir a Colombia en un “Estado Bienestar”, superando la desigualdad económica y social por medio de un sistema tributario progresivo que partiera de obligar a las personas de mayores ingresos a pagar más altos porcentajes de sus ganancias en impuestos que luego sirvieran para otorgar subsidios directos más que servicios públicos. Idea esta que se identifica con el socialismo. Pero ante su fracaso, su objetivo ahora es buscar plata hasta debajo de las piedras para financiar la campaña en 2026 y reelegir su programa, como públicamente lo expresa.

Ahora bien, los impuestos, además de inevitables, son necesarios por ser el principal motor financiero del Estado, lo que legitima su cobro; y cuando se destinan a su funcionamiento, a expandir los servicios públicos y a satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto, su pago refleja la aceptación de su manejo. Pero cuando se generaliza la convicción de que se los roban, o se despilfarran en satisfacer intereses electorales, en sobornos y en corrupción, su exigencia se torna en rechazo, elusión y evasión.

Convicción que se evidencia con el presupuesto de 556.9 billones presentado para la vigencia de 2026, con unos ingresos proyectados de 530 billones, suma que, según la Contraloría General de la República, está desfinanciada en 26.9 billones, situación que agravará la crisis fiscal actual, al haberse expedido el anterior por decreto, pese a estar desbalanceado en unos 12 billones.

Luego, ¿qué busca el gobierno, faltando menos de un año para las elecciones? ¿Cumplir los programas sociales prometidos? No, ese ya no le importa. Lo que busca con ese presupuesto es ganar las elecciones de 2026, reclutando miles de ciudadanos comprando sus votos para garantizar que el Pacto Histórico y sus aliados ganen la presidencia y pongan más curules en el Congreso. Objetivo que se desprende de los gastos proyectados que indican que el 66% (365.7 billones) lo destinará a gastos de funcionamiento, es decir, más contratistas, incrementando los 550 000 que ya vinculó en este gobierno, lo que significa burocracia pura y dura que, según Fedesarrollo, ha crecido en un 28%, equivalente a 10 billones de pesos adicionales al gasto. Y para ello asfixiando a los colombianos con más impuestos.

Y mientras tanto, en qué queda el colapso financiero del sector eléctrico, la deuda de las IPSs, de los contratistas de obras públicas, de las universidades, de los programas de alimentación escolar, la situación de ICFES y la limitación del crédito para que los jóvenes estudien, de la vivienda rural y del escaso desarrollo de las regiones. Y eso que pregona ser la voz del pueblo.

Luego, el presupuesto nuevamente por decreto.